MESA PERMANENTE
DEL
CONGRESO NACIONAL DE EDILES
COMISIÓN DE AMBIENTE

10 de diciembre de 2022
Versión Taquigráfica

INTEGRAN LA MESA: Estefanía Díaz (presidente), Mary Araújo (Maldonado‒Frente Amplio), Bethy Molina (directora de Medio Ambiente de la Intendencia Departamental de Maldonado) y Eduardo Antonini (diputado nacional).

TAQUÍGRAFOS: Andrea Fernández, Andrea Gossio, Mariela García y Mariano Rodrigo.

(Siendo la hora 10:49 minutos, comienza la reunión).

PRESIDENTE (Estefanía Díaz).- Buen día.

Estefanía Díaz, presidenta.

Recordamos que por la versión taquigráfica, al hacer uso de la palabra, deberán decir su nombre.

En la reunión pasada de la Comisión de Medio Ambiente habíamos trabajado sobre el Oficio 277/2022, donde la edila Mary Araújo nos había hecho llegar sus palabras sobre patrimonio costero. La idea de hoy es que ‒como habíamos quedado en la Comisión y después lo aprobó afirmativamente la Mesa Permanente‒ hoy estuviera participando la directora de Medio Ambiente, Bethy Molina ‒que nos está acompañando‒, junto a la edila proponente que es Marita Araújo y el diputado Eduardo Antonini.

Así que si quieren en ese orden, le pedimos, por favor a la edila que haga mención un poco sobre el oficio y profundice sobre la temática y después le damos la palabra a la directora de Medio Ambiente y finalizamos con el diputado Antonini sobre el trabajo que se viene realizando en la Comisión Nacional.

EDILA ARAÚJO (Mary).- En realidad, hicimos una exposición referida a la faja costera de nuestro departamento a raíz de algunos casos puntuales que nos preocupaban, de la faja costera en general de nuestro país, tanto del Río de la Plata como del Océano Atlántico.

(m.g.g.)

Y después, en una segunda exposición, tratando de seguir un hilo conductor y frente a otros hechos de posibles fraccionamientos sobre la faja costera y diversas intervenciones que se han venido dando con el tiempo, seguimos en ese sentido ya elevando la mira y tratando de que esto involucre a todo el sistema político, legislativo, y en base a las normas que ya tenemos, porque muchas veces se vulneran y, en otros casos, mediante los sistemas PAI o actuaciones especiales, se va afectando cada vez más el recurso faja costera.

Entonces, ahí sí anunciamos que nuestro diputado departamental, Eduardo Antonini, ya estaba trabajando en un anteproyecto de ley en ese sentido y en el marco de las propias leyes vigentes.

El tema es muy sencillo, pero a su vez muy sentido y muy complejo, porque nosotros somos un país privilegiado desde el punto de vista de la naturaleza, desde el punto de vista de nuestras costas ‒tanto de ríos como de lagunas, de barras y de barrancas‒ y ni que hablar de la zona costera del Río de la Plata y del Océano Atlántico, pero cada vez nos quedan menos ‒ya no hablamos de cientos de kilómetros como hablábamos anteriormente, sino que cada vez nos quedan menos lugares sin intervenir‒.

Estamos hablando de un recurso finito. El patrimonio costero nacional es un espacio natural, es un espacio soberano, es el espacio que les da fuentes de trabajo, de desarrollo y recreación, no solamente a nuestros conciudadanos sino a millones de turistas, pero es un recurso finito. Si nosotros seguimos interviniendo en él con planes especiales, planes de actuación integrada o reconociendo padrones que claramente están en la faja de defensa de costa, inclusive en algunos casos a menos de 150 metros de la línea de ribera, claramente estamos afectando este recurso que tiene límites. Podremos tener algunos centenares de kilómetros todavía sin intervenir, pero son en playas que a veces no son accesibles para la recreación humana, para el baño.

A su vez, en esta faja costera ‒como decíamos: espacio soberano, espacio natural, espacio riquísimo desde el punto de vista ambiental‒ también tenemos ecosistemas especiales, tenemos en zonas de Maldonado y de Rocha relictos de vegetación psamófila.

(a.g.b.)

También tenemos riquezas que son un legado, porque no nos pertenecen, pero además nosotros debemos dejar a quienes están y a quienes siguen en las mejores condiciones.

Yo fui edila hace muchos años, después estuve 10 años en la Dirección de Higiene y Protección Ambiental de la Intendencia, después me tocó ser diputada suplente y recuperamos muchos lugares como paradores de la faja costera que estaban hacía 40 años en comodato, y también logramos destruir algunos.

Cuando la suplencia en Diputados nos tocó el tema de la intervención en Edén Rock, que es una zona ubicada entre Manantiales y José Ignacio. El año pasado hemos tenido actuaciones en Balneario Buenos Aires, que son todavía muy cuestionadas; estamos hablando de 8 hectáreas de playa. Ahora tenemos presentado un recurso en la Cámara de Diputados, firmado por 6.000 y pico conciudadanos, gente de nuestro departamento, frente a un decreto que se aprobó recientemente en la Junta Departamental y que también afecta la franja costera.

Eso nos hizo presentar estas intervenciones que, por suerte, han sido acompañadas por la unanimidad de edilas y ediles de esta Junta Departamental en el marco de esa preocupación. Y proponíamos que, en el marco de la Ley Nº 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible... En el capítulo I, artículo 31, título IV dice que habilita en la planificación de ese desarrollo sostenible, específicamente, en la subcategoría B, de rural natural, poder declarar algunas áreas de nuestro territorio ‒y nosotros proponíamos que sea toda la faja costera de Uruguay‒ suelo rural natural. Declararlo suelo rural natural.

Yo no se los voy a leer porque obviamente todos podemos hacerlo, está dentro de las competencias que utilizamos habitualmente, pero, justamente, a grandes rasgos, habla de que queda excluida de todo proceso de urbanización de fraccionamientos con propósitos residenciales y todo lo demás, toda el área costera de Uruguay.

Hay muchas leyes ‒yo nombraba muchísimas‒, muchos decretos ley nacionales, decretos departamentales, la Ley Orgánica Municipal, es decir, normativa hay, pero decíamos que debía terminarse de una vez con planes especiales, como decía anteriormente, con programas de actuación integrada, con evaluaciones ambientales estratégicas, es decir, todos los subterfugios que a veces utilizamos, legalmente ‒no voy a decir que no sean legales‒, pero para intervenir ya de manera a veces irreversible nuestra faja costera. Esta no admite más intervenciones porque es, como decíamos, un espacio patrimonial, soberano, finito y que solamente si lo dejamos en forma ambientalmente sustentable nos va a seguir dando fuente de riqueza, de empleo, de trabajo, que a veces es como el motivo o la excusa inmediata que se utiliza para autorizar excepciones y que claramente están afectando el presente y el futuro.

(a.f.r.)

Así que por eso venían nuestras intervenciones, y gustosamente seguimos compartiendo si tienen alguna pregunta.

Porque, además, en mucho de esta faja costera tenemos no solamente la riqueza ambiental sino también una riqueza patrimonial cultural histórica, como patrimonios arqueológicos. De alguna manera es hora de detener estas intervenciones, y esto nos involucra a todos los que somos responsables en diferentes circunstancias de la vida, en este caso políticas, involucra a todos los ciudadanos del país. Porque, aparte, en la propia ley, creo que en el capítulo II, hace ver a los ciudadanos de sus derechos y de sus deberes en cuanto a la defensa del patrimonio nacional y el desarrollo sostenible.

Así que por ahí lo dejo.

PRESIDENTE.- Muchas gracias, señora edila.

Si les parece a los compañeros de la Comisión, primero dejamos que los tres exponentes hagan uso de la palabra y dejamos las consultas para el final.

(Asentidos).

Le damos la palabra a Bethy Molina, directora de Medio Ambiente de la Intendencia de Maldonado.

SEÑORA MOLINA (Bethy).- Buenos días.

Es un gusto estar con ustedes, estamos siempre a las órdenes.

Básicamente, en lo que tiene que ver con los aspectos filosóficos, por

supuesto que compartimos todo lo que dice Mary. Yo voy a hablar específicamente de nuestro departamento, porque es lo que me compete, pero todos sabemos que la costa es de alguna manera la gallina de los huevos de oro de Maldonado. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna Administración que se proponga no atender el espacio costero.

Sí tenemos algunas limitantes. Por ejemplo, en lo que es la categorización de suelos ‒como decía Mary‒, las directrices departamentales que se aprobaron en 2010 prevén muy poco suelo que realmente tenga la característica de fragilidad ecosistémica o de rural natural.

Ese poco suelo, básicamente, está contemplado en el Plan entre Lagunas, en lo que tiene que ver con la costa. Entonces, al ser ese el marco legal departamental, lo que nosotros realizamos desde la administración de la Intendencia es "no se autoriza nada que antes no haya sido autorizado por el Ministerio de Ambiente". Eso es así legalmente. O sea, todo fraccionamiento, toda construcción que sea autorizada por el Ministerio, la Intendencia la autoriza. Quiere decir que pasa por un proceso de evaluación de impacto; debe pasar en todos los departamentos lo mismo.

Una vez que lo autoriza, la Intendencia es quien controla. En los últimos tiempos ha habido acá, en Maldonado, algunos casos bastante sonados de casas que excedieron la altura o demás, y realmente es la Intendencia quien a través de sus controles alerta las situaciones o, a veces, los vecinos.

Nosotros apostamos mucho también al poder ciudadano. Los vecinos, que están en el día a día, son los que generalmente alertan a la Intendencia, y esta última alerta al Ministerio de Ambiente en los casos en que ellos han dado autorizaciones.

En ese sentido, en este momento, por ejemplo, hay detención de obras, algunas obras fundamentalmente en la zona de José Ignacio; hay detención de obras por parte de la Intendencia en un barrio privado, Laguna Estates, porque se procedió a rellenar un humedal.

Entonces se trabaja, pero, como les decía, más que nada en forma reactiva, porque la legislación vigente que tenemos en este momento no nos avala para hacer mayores prevenciones.

Estamos trabajando, y les va a llegar a los ediles departamentales, en una ordenanza departamental de ambiente, porque la ordenanza que tenemos no prevé multas que realmente signifiquen algo trascendente para las empresas, entonces prefieren seguir haciendo y pagar las multas... Estamos viendo de tratar de poner multas más onerosas y de que, inclusive, tengan que salir con aprobación de la Junta Departamental, como para poner un freno.

(m.r.c.)

Sin duda, al mismo tiempo tenemos una costa que es muy importante, no solo la costa del Río de la Plata y del Océano Atlántico sino también las costas de nuestra laguna. También tenemos mucha presión sobre el territorio, establecidas fundamentalmente por los inversores que proponen hacer desarrollos urbanos, fundamentalmente desarrollos turísticos en nuestras costas.

Entonces, articular esas presiones es un poco la tarea a la que nos vemos expuestos y tratamos de hacerlo de la mejor manera. Independientemente de eso, históricamente en Maldonado ‒como debe pasar en otros departamentos‒ el espacio costero muchas veces ha sido ocupado en forma irregular.

En este año ha sido política de la Administración ‒no solo de esta sino de todas las Administraciones anteriores‒ reclamar esos espacios costeros. Hemos tenido juicios, algunos que venían de la década de 1980, históricos en la Intendencia, tratando de reclamar espacios costeros que habían sido ocupados por privados.

En ese sentido, por ejemplo, en lo que es el balneario San Francisco, que hay una rambla costanera que pasa muy cerca del agua, todos los vecinos habían ocupado hasta el borde de la ruta con sus jardines siendo que era espacio público. Ahí se retiraron los jardines y se trató de recuperar ese espacio costero para el uso público. Allí se construyó una bicisenda, un sitio que la gente aprovecha en forma bastante sostenida.

Cuando hablamos de costa, no solo estamos hablando del espacio sobre la playa sino también de toda la zona de influencia de ese espacio costero, zona a donde llega la arena por voladuras, que se pierde. También estamos abocados a tratar de restablecer los ciclos de sedimentos en la costa. En ese sentido se trabajan los bordes urbanos fundamentalmente, estabilizando la duna, y ayer, por ejemplo, teníamos una denuncia policial porque se plantan especies costeras, hay algunas especies que no son nativas, pero hemos sustituido una política pública de instalar acacias y tamarices sobre las dunas por instalar plantas herbáceas que son mucho más fácilmente removibles y que favorecen la estabilización y la revegetación con especies nativas.

Eso se puede ver en toda la costa de Maldonado. En los últimos años no se ha plantado ninguna acacia, ningún tamariz ‒que era lo que históricamente se hacía‒, tratando, justamente, de recomponer el paisaje dunar tal cual era en un comienzo.

Todos sabemos, de todas maneras, que no vamos a volver al pasado porque tenemos una realidad; la realidad es que ahora la urbanización está en contacto con la playa, pero tenemos que tratar de no perder arena desde los espacios costeros porque todos tenemos un cambio global que nos afecta, fundamentalmente el cambio climático, todos sabemos que va a subir el nivel del mar ‒como lo ha venido haciendo en los últimos 100 años‒ y tenemos que prepararnos para eso, y la mejor manera de prepararnos es tener cordones de duna fortalecidos.

En ese sentido quería comentarles que la Intendencia de Maldonado hace esfuerzos muy grandes, tanto mediante instalación de cercas captoras como otras tecnologías; ha instalado geotubos como núcleo de duna, hemos trabajado, por ejemplo, mediante juicios y demás, pero se han demolido estructuras costeras que estaban siendo usadas por particulares en espacio público. Concretamente, un grupo de boteras, lugares donde la gente guardaba sus botes en Punta Colorada.

En ese lugar alguien construyó una cantidad de boteras y las alquilaba. Eso venía desde hace unos 20 o 30 años en Maldonado; este año se logró finalmente, con autorización judicial, demoler esas construcciones y recuperar ese espacio de playa para los vecinos. Se dejó exclusivamente una para una escuela de vela, una ONG que maneja una escuela de vela para niños; todas las demás y los muelles privados que había también se rompieron, fueron sacados.

Entonces, se trabaja para recuperar espacio costero independientemente de que también ‒como señalaba Mary‒ se comienza a realizar un desarrollo costero que nosotros no tenemos herramientas para detenerlo. En la medida en que se autorizan construcciones costeras por parte del Ministerio de Ambiente, la Intendencia no tiene instrumento más allá de poner condiciones ‒eso sí‒.

(m.g.g.)

Muchas veces hemos discutido porque las condiciones que se ponen desde el Gobierno local son más fuertes que las que pone el Gobierno nacional y hay legislación que nos ampara para eso, porque establece que hay que cumplirla de manera más restrictiva. Pero es bastante complejo hacerles cumplir a los particulares esas cuestiones cuando la Intendencia exige más que lo que exige el Ministerio de Ambiente.

La otra cosa que les quería comentar es que, como les decía, frente al cambio climático, la porción de costa más amenazada que tenemos es la playa de Piriápolis. Hemos trabajado, junto con la Facultad de Ingeniería y junto con la Universidad de Cantabria, y también en un convenio con el Ministerio de Ambiente y la Dirección de Cambio Climático, sobre la playa de Piriápolis, buscando la mejor solución.

Técnicamente, hay tres soluciones posibles: una, alargar los espigones que ya tiene la playa de Piriápolis y terminarlos en "T" para recoger arena; otra, alargar lo que es la punta de Playa Grande ‒la punta rocosa que hay en Playa Grande‒ para lograr tener una playa encajada, que se pueda alimentar de arena y que no la pierda, entonces, ahí quedaría como una playa encajada entre el puerto y Playa Grande; y la tercera sería poner diques exentos, tipo rompeolas. Cualquiera de las tres alternativas se puede construir con geotubos, con piedra o con hormigón. Por supuesto que, desde nuestro punto de vista, preferimos los geotubos, porque es una tecnología blanda y van rellenos de arena, o sea que generan menor impacto. Pero los técnicos, fundamentalmente los de la Facultad de Ingeniería, dicen que es la estructura menos resistente.

En ese contexto, seguimos trabajando con financiamiento de la Cooperación Internacional, fundamentalmente de la Agencia Española de Cooperación, y trabajando con la Universidad de Cantabria para llegar a tener un proyecto ejecutivo. Sabemos que estamos hablando de una obra que no va a ser solo de la Intendencia, sino que va a tener que participar el Gobierno nacional ‒entre otras cosas, porque hay un puerto en el lugar‒, pero desde la Intendencia estamos trabajando para tener ese proyecto ejecutivo que nos permita sentarnos a negociar con los Ministerios correspondientes, para lograr que se instalen en Piriápolis las estructuras necesarias para proteger las playas por los próximos 50 años, ya que la vida útil que se estima para esa playa, en el evento de aumento del nivel del mar, es justamente 50 años. Estamos pretendiendo extender esa vida útil al menos a los 100 años.

En ese sentido, esa sería la playa más comprometida, pero tenemos algunas otras zonas, como en Playa Solís y algunas otras zonas que se están erosionando en forma muy acelerada. Eso ha llevado, por ejemplo, a un rediseño de todas las pluviales que había en el departamento, donde se ha empezado por la zona más sensible, que es Maldonado-Punta del Este, pero ya hay gente que está trabajando, hay técnicos de la Intendencia que están trabajando en el rediseño de pluviales en Playa Verde y Playa Hermosa, y ahí también, en combinación con Dinagua, del Ministerio de Ambiente, con técnicos de Dinagua, para tratar de ver cómo minimizamos la erosión costera que provocan las aguas pluviales que, al ser cada vez más torrenciales, escurren a la playa cada vez con más fuerza.

Otra cosa que me parecía importante comentarles es que esto que yo les digo de trabajar en la playa y trabajar en la costa, más allá del trabajo ‒recién comentábamos con Mary‒ supone también un gran desafío, porque también tenemos que brindar muchos servicios en la costa. Recibimos mucho turismo y hay que brindar servicios. Hay paradores de playa, hay deportes náuticos y demás, y se hace un esfuerzo año a año, junto con Prefectura nacional, y fundamentalmente con Prefectura del Puerto de Punta del Este, para zonificar los usos en la playa, de manera tal que no tengamos usos superpuestos ni tengamos problemas.

Independientemente de eso, a veces nos encontramos con problemas. Por ejemplo ‒y perdón que cuente anécdotas, pero me parece que es la mejor manera de entender cosas que nos pasan‒, hace unos días recibimos una autorización de Dinama para hacer un desfile de caballos el 6 de enero en la parada 7 a las 17:00 horas; evidentemente, la Intendencia no puede autorizar eso.

(a.g.b.)

La playa es de uso público y cuando se quieren bajar animales hay que tener cuidados especiales porque, de lo contrario, corre riesgo toda la gente que está en la playa.

Entonces, tuvimos que juntarnos con el particular que había pedido permiso para hacer eso y convencerlo de que en el único espacio en Maldonado que se pueden bajar caballos es en las playas que no son aptas para bañarse, entonces no hay gente.

El 5 o el 6 de enero, en la playa Mansa, en la parada 7, habrá alrededor de 2.000 o 3.000 personas; es imposible que la gente se corra para que bajen los caballos sin que lastimen a nadie.

A veces es difícil gestionar el día a día porque aparecen ese tipo de presiones..., por supuesto que el que tenía autorización para hacer su evento, que quería cobrar entradas para eso y lo quería hacer en espacio público y tenía el permiso, quería ejecutarlo. Obviamente genera conflictos.

También están las fiestas, las fiestas nocturnas... Nosotros estamos apostando y tratando de que en el espacio costero las fiestas sean tipo sunset, hasta las 00:00 y que después de esa hora ‒también en acuerdo con Prefectura‒, las fiestas costeras estén localizadas en algún parador o en algún espacio donde ya tengamos un responsable claro y no que sea un organizador de una fiesta que viene al país, que de pronto vive en Argentina o en otro lado, y desaparece; en cambio, quienes están radicados en un parador ya tienen las garantías suficientes como para responder frente a cualquier evento.

Son muchísimas las cosas que se pueden hablar de la costa. Ustedes saben que en este momento estamos teniendo serios problemas de calidad de agua en Laguna del Sauce por la presencia de cianobacterias y estamos desde la Intendencia, en lo que nos compete, alertando a la población de que no es apropiado el baño cuando se observa la presencia de las mismas. En ese sentido, nuestros guardavidas están preparados, así como todos los guardavidas de la costa del país, con gente del Ministerio de Ambiente, que establece los protocolos de cuándo colocar bandera sanitaria y, en ese sentido, venimos trabajando.

Nosotros, desde 2015, establecimos en Maldonado la bandera sanitaria, que no estaba, también la bandera de tormenta, bandera de medusas abundantes, para alertar siempre a la población sobre lo que pueda ser la aptitud de baño en la playa. Sin duda, no podemos prohibir; a veces los guardavidas nos dicen: "Pero la gente se baña igual aunque esté colocada la bandera sanitaria". Sin duda que no podemos prohibir, pero la función que sí tenemos que cumplir es alertar sobre la situación, después cada uno lo hace a su propio riesgo, de la misma manera que hay gente que entra al agua cuando está la bandera roja. Cada uno lo hace a su propio riesgo, siendo sí nuestra responsabilidad, por lo menos, advertir sobre cuál es la situación.

Quedamos a las órdenes. Y quiero decirles que se invierte mucho dinero en la costa en Maldonado para tratar de mantener la arena dentro del espacio costero. Por ejemplo, en la parada 1 de la Mansa se pierde arena y sale en la parada 5. Lo que se hace es recogerla en la parada 5 y volverla a la parada 1, es decir, recomponer el circuito, porque esa arena sale en la parada 5, va formando una berma que cada vez es más alta y, cuando se seca, vuela. Y vuela generalmente encima del estacionamiento.

Tradicionalmente, todo lo que estaba en la calle, encima del estacionamiento, se cargaba en camiones y se llevaba. Nosotros ahora tratamos de hacer un manejo circular para reincorporar la arena al espacio y minimizando en todos los lugares...

En aquellos lugares en donde tenemos conflictos de interés, porque no podemos entrar a reponer la arena al mismo lugar de donde salió, porque hay dunas importantes que no nos permiten entrar la arena, la arena se carga en camiones y se vuelca en los cursos de agua para que sea el agua la que la transporte hacia la playa.

La otra cosa que hemos hecho en los últimos años es que, cada vez que se va a hacer una intervención costera, se pide un estudio arqueológico porque, como decía Mary, es muy importante y es un aspecto que había estado bastante descuidado.

Nosotros hicimos una intervención con geotubos desde la parada 1 hasta la parada 3 y, antes de hacerla, habíamos pedido un estudio arqueológico y se hizo el rescate correspondiente. La Intendencia financió a la Facultad de Humanidades y al CURE para que hiciera el rescate de lo que había en ese sitio antes de generar ningún tipo de alteración.

(a.f.r.)

Lo mismo sucedió con San Francisco, que hoy les contaba. Como se iba a estar interviniendo y había máquinas que iban a estar entrando al espacio costero a devolver arena, se pidió que se marcaran cuáles eran aquellos lugares que no se deberían pisar para preservar el patrimonio arqueológico.

Finalmente, para contarles, en la parada 17 de la playa Mansa había una estructura histórica, una batería, lo que se llama la Batería del Medio. Esas baterías establecían fuego cruzado con la Isla Gorriti en la época de la Colonia. Y esa batería, con un proyecto que fue llevado adelante por la Comisión Nacional de Patrimonio ‒fundamentalmente ellos controlaron y la Intendencia ejecutó‒, se trasladó unos metros hacia atrás para evitar el desgaste que estaba teniendo en los últimos años, que cada vez que había un temporal se llevaba alguna de las rocas que componían esa batería.

Entonces se sacó roca por roca, cortándola con hilo de diamante, y se trasladó unos 50 metros hacia el Norte, de manera tal de que no sea afectada permanentemente por el oleaje.

Se está trabajando, por supuesto que hay muchísimo más para hacer y nunca va a ser suficiente lo que uno pueda hacer por el espacio costero, pero también nos va la vida en lo que puedan ayudarnos los ediles a través de las normativas ‒como les decía‒, a través de establecer multas para aquellos que dañan el ambiente; porque a veces cuando la multa es de 20 o 30UR las empresas prefieren provocar el daño y pagar la multa a tener...

(Asentidos).

Por eso el único lenguaje que nosotros hemos visto que sí entienden es cuando se les detiene una obra.

Nosotros en esta semana pasada también detuvimos una obra importante, el edificio Signature en parada 31 de playa Brava, porque cuando estaban haciendo la fundación pincharon la napa, extrajeron agua... El agua no sería el problema, porque es agua limpia, de la napa, pero corría por encima de donde tienen hormigón, de donde tienen otras cosas, y esa agua llegaba a la costa. Así que los notificamos, hicimos análisis de agua, hicimos todo lo que pudimos durante 3 días, y al cuarto día la Dirección de Urbanismo suspendió las obras hasta tanto nos demuestren que están en condiciones de manejar el agua que sale de la napa. Sigue la obra detenida, ahora va a venir la licencia y posiblemente va a seguir detenida hasta mediados de enero, que suponemos que reanudarán.

Por supuesto que se reciben presiones cuando se detiene una obra, desde los empleados que se quedan sin trabajo y demás, pero realmente no hemos encontrado otra forma de que la gente entienda que algo daña el ambiente, porque es como que todos nos acostumbramos a que lo que es de todos no es de nadie y hacemos lo que queremos.

Entonces, empezar a difundir estos temas es relevante porque también así vamos generando conciencia en la gente; y, sobre todo, en los profesionales, porque cuando nosotros discutimos para detener una obra no discutimos con el inversor sino que nos peleamos con el arquitecto. Eso a veces nos hace pensar que también desde la educación deberíamos poner el ojo para que los propios profesionales tengan esos cuidados que no todos están teniendo.

Quedo a las órdenes por cualquier consulta.

PRESIDENTE.- Gracias, directora; muy ilustrativa.

Obviamente que para esta Comisión es un tema muy importante el que estamos tratando hoy.

Así que, continuando con los invitados, le damos la palabra al señor diputado Eduardo Antonini.

SEÑOR ANTONINI (Eduardo).- Primero que nada, quiero agradecer la invitación de la Mesa Permanente del Congreso de Ediles y de la Comisión de Ambiente.

El tema del cuidado del ambiente de la franja costera abarca un sinnúmero de cosas. Estuvo enumerando recién la directora de Ambiente, pero a nosotros nos convoca específicamente una parte de lo que es el cuidado y la preservación de la franja costera. Es a lo largo del país que sucede el continuo avasallamiento e intento de usufructuar el uso de propiedad y edificar en la franja costera.

(m.r.c.)

Yo parto de la base de que todas y todos aspiramos a lo mismo, que es la protección del ambiente, que es algo ‒también tenemos que ser sinceros‒ que es muy corto en el tiempo para atrás, porque en los períodos históricos, si bien Uruguay tiene legislación desde el año 1935, con el tema de la franja costera realmente es en los últimos años que se ha ido tomando una conciencia más general de lo que significa su preservación.

Yo parto de la base de que todos aspiramos a lo mismo. Ahora, hay una realidad: a lo largo y a lo ancho del país los intereses de los capitales inversores presionan y presionan mucho, porque hay en interés muchísimo dinero.

Lo que tenemos que cuidar es el bien común, es el interés general. La franja costera, la playa, es un patrimonio natural, es un patrimonio cultural, es un patrimonio de uso, de goce y de disfrute de todas las personas que viven en el territorio de la república, que viven los uruguayos y los que nos visitan y es generador de riqueza.

Nuestro turismo, básicamente, es el turismo de sol y playa, que es lo que tenemos que hacer. Hay otra discusión; se trabaja, obviamente, en romper ese paradigma de sol y playa, pero lo que hoy básicamente tenemos en Uruguay es un turismo en la costa, de sol y playa.

Entonces suceden todo tipo de avasallamientos. Miren, está semana nos enteramos de que la Justicia ordenó liberar un alambrado que se había hecho en Colonia ‒no sé si hay algún edil o edila de Colonia acá‒, se había alambrado una playa. La Justicia tuvo que fallar..., alguien se creyó con la potestad ‒buscaba otra palabra más fuerte‒, alguien se creyó con el derecho de decir "esto es mío y lo alambro e impido el pasaje a la playa". Y eso pasa acá también, en Maldonado. Pasa en toda la costa; quiero aclarar que es en toda la costa, incluso en las costas de las lagunas, de Laguna Merín

‒ahí también tenemos‒ y en algunos lugares del Río Uruguay también tenemos ese problema.

Hay legislación al respecto. Y también tenemos que tener claro que hay dos cosas: lo que falla no es la legislación, lo que falla es el ser humano y los intereses económicos que anteponen lo económico de muy pocos sobre el derecho de la inmensa mayoría de los ciudadanos.

No puedo dejar pasar lo que decía la directora: que algunas empresas prefieren una multa... Miren, para los que no son de Maldonado, acá nos metieron un aeropuerto, una pista de aterrizaje en medio del humedal protegido, sin autorización del Ministerio de Medio Ambiente, sin autorización de la Intendencia. Fueron y lo hicieron porque tienen el poder del capital y del dinero y porque la multa son dos mangos para ellos, chirolas... "Multame todo lo que quieras que tengo una pista hecha ahí". Yo hice pedidos de informes de todo tipo y no hay absolutamente nada que impida que prevenga un derrame... A ver, no hay ninguna consideración de nada, pero alguien con dinero vino y lo hizo. Y como la multa es insignificante, van y lo hacen.

Con la franja costera pasa más o menos lo mismo. Yo quiero decir eso porque legislación hay... Presidente de la Junta...

(Ingresa el señor presidente de la Junta, edil Darwin Correa, retirándose minutos después).

(Dialogados).

(m.g.g.)

Terminada la visita del señor presidente de la Junta Departamental de Maldonado, retomamos lo que veníamos conversando.

Legislación tenemos y variada, a través de los años. Ahora voy a hacer un pequeño racconto ‒para no aburrir mucho‒ de lo que es la legislación. También tenemos la Ley de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y tenemos las disposiciones que se han hecho. El departamento de Maldonado ‒permítanme decirlo a los que somos de Maldonado‒ es pionero en ordenar el territorio y en hacer aquellos talleres tan interesantes, que todavía están vigentes y se siguen trabajando. En cumplimiento de la Ley de Ordenamiento Territorial, Maldonado fue avanzando, es uno de los territorios que ha avanzado en la definición del territorio.

Pero el problema básicamente son dos cosas: el ser humano, que lamentablemente, con algunos intereses, siempre intenta ver cómo puede sacar algún rédito; y lo otro es que las legislaciones van quedando viejas y tenemos la necesidad de actualizarlas.

Voy a hacer un pequeño racconto de lo que ha sido la protección jurídica de la costa en Uruguay. Un jurista, estudioso del tema de la costa, decía por qué la costa amerita una protección jurídica especial. Marcelo Cousillas decía: "Es necesario tener en cuenta los elementos caracterizantes de la costa en sí misma, entendida como el espacio en donde interactúan los tres macrosistemas ambientales: el terrestre, el marino y el atmosférico, y que constituyen un ámbito esencialmente complejo, dinámico y vulnerable". Y de vulneraciones la directora recién habló, por ejemplo, sobre lo que sucede en la playa de Piriápolis y en la franja de la zona de los balnearios Solís y Bella Vista, que se ha ido comiendo la costa o que la arena de la playa de Piriápolis se va y sale por otro lado. Además, obviamente, está el hombre, que ya ha hecho intervenciones, e intervenciones que ya no podemos cambiar, pero tenemos que preservar lo que viene a futuro.

Hoy decía que el cuidado del medio ambiente, sobre todo respecto al tema de la costa, es algo bastante novedoso. Recuerden que esto comenzó con Jacques Cousteau

‒que los que tenemos alguna cana recordamos haberlo visto en televisión‒, que fue uno de los estudiosos que encendió la alarma sobre los riesgos y consecuencias de no proteger las costas. Después, en el año 1972, hubo una conferencia sobre el medio humano en Estocolmo, que destacó expresamente la importancia vital para la humanidad de los mares y de todos los organismos vivos que albergan los océanos. En 1992, el Programa 21 dedica el capítulo 17 a los océanos y zonas costeras. En 2002 se hace la Conferencia de Johannesburgo, que le presta particular atención a las presiones ejercidas sobre los ecosistemas marinos y costeros.

En Uruguay, el Código Rural, en el artículo 395, reserva la propiedad pública a 150 metros de las riberas, medido desde la mayor altura de las aguas que no causen inundación. El artículo también dice que "compete al intendente velar por las conservación de las playas marítimas y fluviales como de los pasos y calzadas de ríos y arroyos".

A partir de ahí, la Ley de Centros Poblados también establece requisitos para aprobar fraccionamientos, dejando una zona de exclusión en los cauces y fajas costaneras de 150 metros de ancho de la última crecida. La finalidad era que no existieran ‒y que no existan, porque todavía está vigente‒ predios urbanos en zonas inundadas o en zonas donde la franja costera...

Hay un montón de leyes, no voy a leerlas todas, pero en 1994 hay una Ley de Evaluación de Impacto Ambiental que también mide todas estas cosas; tenemos el Código de Aguas..., hay un montón, incluida la Ley de Medio Ambiente. El problema es que con toda esa legislación ‒que es bastante profunda, para un país chico como el nuestro es una legislación bastante avanzada‒ no podemos impedir que, contra eso, alambren una playa en Colonia o que en Maldonado alguien sienta el derecho de reclamar una duna, diciendo: "Esto es mío porque tengo un derecho sucesorio de un campo que era de un bisabuelo, que llegaba hasta ahí".

(a.g.b.)

Y después, ¿qué pasa? Catastro inscribe planos y después, con el plano, normalmente inversores que compraron derechos sucesorios o posesorios, van a Catastro y en las Intendencias les dicen: "Bueno, está, si Catastro se lo inscribió, yo agarro y le cobro la contribución inmobiliaria". Y con todo ese paquete los inversores vienen y dicen: "Ahora voy a hacer..." ‒como el caso que tenemos ahora impugnado en el Parlamento, sin entrar en el fondo‒...

Es decir, ¿qué pasa? Alguien dice: "Tengo un proyecto para hacer un hotel y casas arriba de una duna", que podrá ser cuestionable o no, podrá tener un informe favorable del ministro de Ambiente pero tiene informe desfavorable de los técnicos del Ministerio de Ambiente, porque después se empiezan a entrelazar cosas... Y, ¿qué es más importante? ¿Los informes técnicos o el informe político? Bueno, el informe político es el final y dice: "Sí, está bien, haga ahí".

Tuvimos otros casos; tuvimos Edén Rock, tuvimos... A ver, hay un informe del doctor Gelsi Bidart ‒un gran catedrático de este país, perteneciente al Partido Nacional; pero un gran catedrático, tuve la suerte de ser vecino de él en Montevideo‒ que decía: No se puede reclamar el usufructo de una duna porque está librado al uso público hace 80 o 90 años y, si está librado al uso público, prescribió en favor del Estado.

Ustedes conocen la zona de la franja costera que va hacia José Ignacio, desde Balneario Buenos Aires para adelante, son lugares donde históricamente la gente va a pescar, están los pozos pesqueros, la gente va, entra, sale, está librado al uso público y, de repente, en algunos lugares ya hace unos años que no lo es porque se habilitaron fraccionamientos arriba, porque se privatizaron las entradas a pesar de que se diga que tienen acceso libre.

Yo discutía el otro día en la Comisión; no me pueden decir que es de acceso libre

‒lo discutí con el propietario‒ cuando hay una entrada a una playa con una garita con un guardia de seguridad y una barrera. Si usted va y le dice "yo quiero pasar a la playa", el guardia se la levanta; ahora, yo quiero saber cuántos vecinos ‒termo y mate, y reposera y sombrilla‒ van a ir a que un guardia les abra la garita para pasar.

Ya de hecho están privatizando el acceso a la playa; alguien se sintió con derecho, no hubo una legislación tan firme que lo pudiera impedir y esas cosas pasan.

Lo que nosotros estamos proponiendo ‒se los voy a decir muy por arriba‒..., estamos trabajando con abogados y sobre todo con abogados especialistas en Derecho Ambiental, a raíz de una inquietud que la edila Mary Araújo un día que fue a casa me planteó: "Está pasando esto, estaría bueno darle una solución legislativa"; a partir de ahí comenzamos a trabajar.

Yo les voy a dar una idea, por arriba, de lo que estamos trabajando; todavía no está acabado porque lo que vayamos armando no puede ir en contra de ninguna de las leyes preexistentes para que sea una ley armónica.

"El proyecto busca complementar la legislación vigente sobre la protección de nuestras costas. Para ello se establece una serie de disposiciones a los efectos de evitar vacíos legales que den lugar a que particulares reivindiquen las costas uruguayas como bienes privados, pudiendo edificar en ellas y de este modo causar perjuicios a este espacio tan particular y que la doctrina uruguaya lo ha caracterizado de ser complejo, dinámico y vulnerable.

A estos efectos se establece que cuando se apruebe un fraccionamiento en zona costera se debe dejar constancia de la cesión de la franja costera según dispone la legislación vigente. Además, se dispone que el ingeniero agrimensor debe dejar constancia expresa y clara de que el destino de los espacios costeros son bienes públicos.

El proyecto, a su vez, establece la prohibición de que tanto el Gobierno departamental, como el Poder Ejecutivo, cobren contribución inmobiliaria de los padrones costeros cuando en el plano surja que se trata de un espacio público tal como rambla, playa, paseo público, entre otros.

Esta disposición resulta sumamente relevante y viene a llenar un vacío a los efectos de evitar que las Intendencias cedan a particulares padrones en la franja costera", tal y como ocurrió en Maldonado, por ejemplo, con el caso de Edén Rock, caso que estuvo en la Justicia y que pasó por el Parlamento.

"Asimismo, el proyecto establece que la Dirección Nacional de Catastro deberá abstenerse de inscribir planos y de otorgar números de padrones cuando tenga como antecedente registral el haber sido señalado como zona costera.

(a.f.r.)

Se establece también una disposición relevante, para la protección de la costa, mediante la cual los Gobiernos departamentales no podrán autorizar la construcción de viviendas residenciales en zonas costeras sin que el propietario ceda 150 metros de la franja costera del dominio público, según ya establece la legislación vigente.

Estas construcciones no podrán ser regularizadas. El proyecto prevé una disposición similar cuando se pretenda la transformación del suelo de la categoría rural a urbana o suburbana en inmuebles de la zona costera.

En ese caso se dispone que no se podrá aprobar el aprovechamiento urbanístico sin que se cedan los 150 metros de la franja costera del dominio público. Y además se establecen sanciones para aquellos funcionarios públicos encargados de los trámites referidos en el proyecto que incumplan con las disposiciones del mismo".

En definitiva, lo que decimos es que Uruguay tiene una amplia legislación

‒nosotros les vamos a dejar un PowerPoint de la Cátedra de Derecho Ambiental de la Universidad de la República‒, pero con esta ley lo que pretendemos es actualizar esa legislación y poder enmendar todos esos vacíos legales que fueron quedando, que son los que han permitido este tipo de situaciones que consideramos abusivas y tener una legislación completa y dirigida a preservar la franja costera.

Gracias.

PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor diputado.

No sé si algún miembro de la Comisión quiere hacer alguna consulta o pregunta...

Néstor Calvo.

EDIL CALVO (Néstor).- Buenos días para todos.

Realmente es un placer poder tenerlos a ustedes acá, en primera instancia, por lo que generan y por el trabajo que hace la Comisión y cómo en ella hemos abordado todos los temas de ambiente desde el comienzo de esta legislatura.

A mí me corresponde un tema particular porque en este caso el ministro de Ambiente es de Ciudadanos ‒sector al que yo pertenezco‒ y esta Comisión en alguna instancia, el año pasado, tuvo la suerte de poder hablar con él, inclusive nos recibió en Torre Ejecutiva, y mi pregunta es: ¿este tema ya lo abordaron a nivel ministerial, el ministro ya está al tanto de lo que está pasando, ha habido alguna respuesta o, por lo menos, ha habido algún mensaje o un camino de diálogo para tratar de buscar una solución o eso está trancado por algún tema particular?

SEÑORA MOLINA (Bethy).- Te cuento. El ministro está al tanto de lo que está pasando, lo que pasa es que todo esto que ellos están mencionando se dirime en el ámbito jurídico. Al ser tierra que no está escriturada a favor de nadie, aparece alguien, la reclama y se termina dirimiendo en la Justicia. Y las Intendencias ‒yo entiendo‒ desde las legislaciones que han estado vigentes..., los 150 metros non edificandi, desde el año 1976, plena dictadura, quedó claro que no se podían construir bajo ningún concepto y yo entiendo que, a partir de ese momento, las Intendencias, por esa ley, quedaban habilitadas a escriturar esas tierras para el uso público. Cosa que no se hizo. Entonces, como no se escrituró nunca al uso público, siempre te expones a que otro reclame la propiedad y después depende de la Justicia. Si el que reclama la propiedad tiene antecedentes suficientes como para reclamarla...

Entonces, lo que pasó históricamente es que, cuando alguien fraccionaba un campo, en los fraccionamientos antiguos, lo que dejaba para el uso público ‒que tenía que dejar tierra‒ era lo que no servía o lo que consideraba que no servía, que eran las dunas, la faja costera. Pero después, al pasar los años, eso quedó para el uso público, se usó..., como bien decía el diputado, estuvo librado al uso público pero nadie escrituró eso a favor del Estado, entonces, puede aparecer un heredero ‒nieto, tataranieto, no sé qué‒ y decir "esto era de mi abuelo, así que esto es mío", y si no hay un plano que justifique que es de alguien, Catastro se lo inscribe.

O sea, ahí hay lo que se decía, un vacío legal que le está permitiendo a alguna gente aprovecharse y quedarse con tierras costeras. Y nosotros visualizamos que posiblemente eso está pasando hoy en Maldonado porque la tierra tiene un valor, pero que se va a replicar en todo el país.

(m.g.g.)

PRESIDENTE.- Marita Araújo pidió la palabra.

EDILA ARAÚJO (Marita).- En base a lo que preguntaba el compañero edil, como decíamos ‒y como decía el diputado‒, hay profusa normativa que ampara eso. Ahora, con el respeto y la valoración que merece toda la costa uruguaya, particularmente la costa de Maldonado ‒y también la de Rocha, pero la que nos atañe es la de Maldonado‒ está sometida a presiones y a tensiones ‒como decía Bethy también‒ muy importantes y muy especulativas.

Ahora, el detonante de nuestras intervenciones han sido ‒las últimas, en el último año‒ los hombres y las mujeres, porque estamos en un ámbito político y esta Junta Departamental, por decreto, ha aprobado excepciones que violentan la normativa, por eso se está recurriendo. Y no solamente lo recurre la fuerza política a la que yo pertenezco, comenzó todo un movimiento por parte de vecinas, vecinos, estudiantes de la Universidad de la República, del CURE, que es la parte regional de la Universidad.

El ministro de Ambiente, particularmente en este Decreto 4056 que ahora se está recurriendo en la Comisión de Constitución y Códigos del Parlamento, si bien no les voy a decir de nuevo todas las leyes, pero le dice a la Intendencia de Maldonado que no se está cumpliendo con la Ley Nº 18.308, que es por lo que nosotros queremos que se afine la legislación en cuanto al tema de la declaración de suelo rural natural.

Específicamente, el ministro dice que no se cumple con los artículos 14 y 15, en cuanto a coordinación y acuerdos, en ninguna de sus fases ‒donde, por ejemplo, se escuche a la Red de Amigos de la Costa o a la Academia‒. Este es un ámbito político, se aprobó en un ámbito político, y se está recurriendo en otro ámbito político que es el Legislativo; pero la ley prevé que se escuche y el ministro le hace ver al Gobierno departamental que no se cumplió la ley en la aprobación de este decreto.

Era para aclarar que sí tuvo intervención oportuna el Ministerio en este caso.

EDIL CALVO (Néstor).- Primero que nada, me alegra y me consta el trabajo que está haciendo Adrián, en el acierto o en el error, sobre todo porque es un Ministerio nuevo, porque, si bien existía, estaba dependiendo de otra cosa. Creo que hasta el momento, en el correr de los años, el Ministerio no se había tomado con trascendencia ni se había trabajado como se está trabajando ahora. Inclusive estamos teniendo reconocimientos en el exterior, muchos más que los que tendríamos que hacerle acá.

O sea que esto directamente pasa por un tema de que es el Legislativo el que va a tener que hacer alguna modificación, algún cambio, o tendría que haber una ley superior a lo que pueda dictaminar una Junta Departamental, dependiendo de sus mayorías políticas, ¿no?

Gracias.

SEÑOR ANTONINI (Eduardo).- Es una situación muy compleja. Reitero lo que dije al principio: lo que falla no son las leyes, son las personas, son los seres humanos. Y, aunque este es un ámbito político, dejé por fuera lo del partido político al que puedan pertenecer los seres humanos, porque las tentaciones y las presiones las debe sufrir cualquiera.

Leyes tenemos y también tenemos vacíos legales que permiten al capital, al inversor... Porque, para que se hagan una idea, en el caso de Maldonado, imaginen del dinero que estamos hablando si ustedes permiten hacer un hotel y un complejo de viviendas arriba de una duna.

También ocurren otros casos y les voy a poner un ejemplo. Yo estuve en la Dirección de Descentralización de la Intendencia de Oscar De los Santos, en la Administración de De los Santos, y estábamos en el proyecto de la licitación del comunal de La Juanita.

(a.g.b.)

Usted, directora, conoce La Juanita; es una zona que está casi enfrente a José Ignacio, de la ruta hacia el Norte.

Aparece un estudio de abogados que dice: "Nosotros compramos los derechos sucesorios de quien originariamente fuera el dueño y esos terrenos, donde ustedes van a hacer un comunal, nosotros se los damos a ustedes pero nos tienen que reconocer del otro lado un pedazo de franja costera", que también pertenecía a ese campo original del cual ellos habían comprado los derechos sucesorios.

Entonces, les dijimos: "Cuando se hizo el fraccionamiento de La Juanita teníamos todas las escrituras, se cedió..." y los abogados decían: "Sí, se cedió el uso, le dimos la propiedad..."

SEÑORA MOLINA (Bethy).- Claro, porque no escritura con las Intendencias.

SEÑOR ANTONINI (Eduardo).- Al final perdieron el juicio. La Intendencia tiene un staff de abogados muy interesante, que perdura a través de las Administraciones ‒no voy a nombrar al abogado que trabajó pero sigue trabajando en la Administración, es un fenómeno en eso, y sí voy a nombrar a la abogada fallecida, Bethel Rodríguez...

SEÑORA MOLINA (Bethy).- Bethel Rodríguez, que fue la que inició...

SEÑOR ANTONINI (Eduardo).- ...que inició esto e hizo la recuperación costera. Pasó por varias Administraciones, era del Partido Colorado; era una gran persona, una gran profesional y una defensora acérrima de lo que es la franja costera y le marcó la línea a la Intendencia Departamental, por varias Administraciones, de qué hacer con dicha franja. Las que fallan, reitero, son las personas.

Entonces, el objetivo de este proyecto de ley no es ni Marina Beach ni Edén Rock ni la playa, es la protección de toda la costa. Estas situaciones están surgiendo también en Paysandú, con el Río Uruguay, en la zona de Laguna Merín... Obviamente que siempre es atractivo tener una propiedad sobre la costa para poder hacer un desarrollo inmobiliario y ganar dinero; el tema es que perjudica al medio ambiente y termina, a lo largo del tiempo, perjudicándonos a todos.

La directora hablaba de la lucha desesperada por devolver la arena a la franja de Piriápolis; el problema es que cuando se hizo Piriápolis ‒sin desmedro de Piria, que hizo ese balneario maravilloso‒ se da otro parámetro de lo que sea, y no previeron que la costa tiene sus movimientos y que se lleva la arena. Y no hay forma de que no se la lleve.

Entonces, los daños se ven 50 o 100 años después, y en un país como el nuestro, cuyo sello característico es Uruguay Natural ‒que ha perdurado por varias Administraciones, de los tres partidos políticos fundamentales de Uruguay‒, tenemos que dar esa lucha para que eso se siga manteniendo, que Uruguay siga teniendo ese sello.

Lo que pretende este proyecto de ley es poder cubrir los vacíos legales que hoy hemos descubierto para "evitar" ‒entre comillas‒ las tentaciones y las presiones del capital.

PRESIDENTE.- Primero que nada, quiero agradecer a los tres compañeros que nos visitaron. Para nosotros es un gusto poder trabajar estas temáticas, como es el tema de zona costera.

Veníamos trabajando sobre la calidad del recurso agua. También vimos la necesidad de empezar a trabajar sobre las áreas protegidas, el monte nativo y la forestación, el saneamiento ‒que sabemos que es una dificultad que se da en todos los departamentos‒, la política de reciclaje y la educación ambiental. Sin duda que es una Comisión que tiene mucho por lo que trabajar, así que para nosotros también es un gusto que quienes son invitados sean parte de esta Comisión, como forma de trabajo en distintos niveles y en distintas redes, así que ha sido muy valioso lo que han aportado a la misma. Sin duda que lo vamos a trabajar más desmenuzado en la próxima sesión.

No quiero dejar de agradecer a las funcionarias y funcionarios taquígrafos que nos están asistiendo en el día de hoy ya que, si la Mesa Permanente así lo dispone, esta versión taquigráfica será destinada a todas las Juntas Departamentales para que llegue a conocimiento de todas las edilas y los ediles, porque sin duda que al cuidado del medio ambiente todos tenemos que aportar, principalmente por las nuevas generaciones pero también en un cambio de educación como se ha dejado de manifiesto.

(a.f.r.)

Y, sin duda, agradecer en nombre de todos los miembros de la Comisión de Ambiente de este Congreso Nacional de Ediles.

Antonini.

SEÑOR ANTONINI (Eduardo).- Permítame, usted nombró varias de las actividades en las que está interesada y desarrolla la Comisión, y nombró el saneamiento. Yo creo que en Maldonado tenemos una experiencia muy rica, que es OSE-UGD, la Unidad de Gestión Desconcentrada, que ha permitido que todo ese desarrollo urbanístico que ustedes ven se haga porque se hizo una obra de U$S160.000.000, que está enterrada, que es el saneamiento de Maldonado.

Se hizo con recursos propios, de Maldonado, y estamos muy orgullosos, lo digo en nombre de todos los partidos políticos: estamos muy orgullosos de nuestra Unidad de Gestión Desconcentrada y creo que es un ejemplo que debería repetirse para poder acceder en otros lugares al saneamiento, que no se ve pero que permite todo ese desarrollo urbanístico que ustedes ven y el crecimiento que tendrá Maldonado en los próximos 30, 35 años para adelante.

PRESIDENTE.- Muy bien. Muchas gracias.

Sin duda que es una Comisión que está dispuesta a recibirlos cada vez que lo entiendan pertinente.

Si estamos de acuerdo, son casi las 12, levantamos la sesión...

SEÑORA ARAÚJO (Mary).- Yo quería agradecerles por tener en cuenta las palabras de una edila departamental, si bien acompañó todo el Cuerpo..., porque, como decíamos, es un tema que nos involucra a todos.

Todos los temas que les están ocupando a ustedes como Comisión de Ambiente, son fundamentales para nuestro desarrollo. Hay tiempos y tiempos, como decían hoy Bethy y el diputado; hace 40 o 50 años los temas no tenían la urgencia y la emergencia que están teniendo al día de hoy, en todos los aspectos: en el cambio climático, en el tema de la calidad del agua, por supuesto todo lo que significa el recurso porque, además, la vida creció en forma acelerada. Entonces creo que esta Comisión es muy fundamental, muy muy fundamental.

SEÑORA MOLINA (Bethy).- Simplemente para dar una noticia que recibimos ayer y que me parece que es importante para todos: a los que habían llegado más temprano les comenté que ayer quedó definitivamente aprobado el fideicomiso de U$S17.000.000 para todas las Intendencias, para el manejo de los residuos, que es otro de los temas importantes.

Este fideicomiso había sido anunciado por el ministro Peña en oportunidad del encuentro de sostenibilidad, Uruguay Sostenible, y quedó funcionando y cada Intendencia tiene que presentar su propio proyecto para cerrar un vertedero o para avanzar en ese sentido. A esos proyectos OPP los va a evaluar pero la idea era que las Intendencias que necesitaban más recursos eran las que los iban a recibir y las que necesitaran menos, menos, pero que esos U$S17.000.000 estaban destinados a que Uruguay como un todo trabaje hacia el reciclaje y el manejo sostenible de los residuos.

PRESIDENTE.- Muy bien, muchas gracias.

Nos alegra mucho esta noticia que da la directora porque habíamos quedado en la Comisión anterior de que en los próximos meses podamos estar recibiendo al ministro para que nos ponga al tanto sobre este proyecto de disposición final de residuos, de acuerdo a la ley promulgada.

Así que, sin quedar temas para tratar, levantamos la sesión.

Muchas gracias.

(Siendo la hora 11:59 minutos se levanta la sesión).

(m.g.g.)

María Desanttis de Pérez
Directora Departamento
Reproducción Testimonial

Andrea Gossio
Taquígrafa I (correctora)