DIARIO DE SESIÓN Nº 75.- En la ciudad de Maldonado, siendo la hora 21:35 minutos, previo llamado reglamentario a sala, se da inicio a la sesión extraordinaria convocada para el día viernes 17 de marzo de 2017. Concurren a sala los ediles titulares Rodrigo Blás, Santiago Pérez, Francisco Olivera, Luis Artola, José L. Sánchez, Pablo Lucas, Darwin Correa, Adolfo Varela, Andrés de León, Liliana Berna, Leonardo Corujo, Enrique Triñanes, Sergio Duclosson, Eduardo Antonini, Leonardo Delgado, María del Rosario Borges, Marco Correa y los ediles suplentes Oscar Freire, Marcela Fernández, Carlos Stajano, Guillermo Moroy, Nelson Balladares, Américo Lima, Cristina Rodríguez, Lilia Muniz, Graciela Ferrari, Robinson García, José Igarza, Juan Serrón. Preside el acto: Rodrigo Blás. Actúa en Secretaría: Nelly Pietracaprina (secretaria general).

SEÑOR PRESIDENTE.- Estando en número y siendo las 21:35, damos comienzo a la sesión extraordinaria del día de la fecha, en virtud de la convocatoria: “Aumentos registrados en la contribución inmobiliaria, tasas, impuestos y adicionales que se cobran conjuntamente con ella en el Ejercicio 2017”.

La Junta se reúne en régimen de comisión general a los efectos de recibir al señor intendente en respuesta del llamado a sala que fuera solicitado oportunamente.

Nos ha llegado a la Mesa una nota del señor coordinador del Frente Amplio, Fermín de los Santos, donde se pone en nuestro conocimiento y en conocimiento de la Junta que el miembro interpelante es el señor edil Leonardo Delgado.

Le queremos recordar a los señores ediles que el llamado a sala se lleva a cabo bajo el régimen de debate establecido en los artículos Nos. 107 y 61, inciso 2 de nuestro Reglamento, sin perjuicio de los acuerdos realizados en coordinación.

Dado esto por entendido, corresponde darle la palabra al señor edil interpelante, Leonardo Delgado.

SEÑOR DELGADO.- Buenas noches, señor presidente, señor intendente, señor secretario general, señor director de Hacienda, señor prosecretario y público en general.

Señor intendente: a lo primero que queremos hacer referencia es a que esto no es una interpelación de un sector en particular ni de un edil en particular del Frente Amplio, esta interpelación es de toda la fuerza política del Frente Amplio. Interpelación que impulsó el Frente Amplio y que contó con el respaldo de la mayoría en esta Junta Departamental, 16 votos, que respaldó el Partido Colorado y un edil del partido al que usted representa, señor intendente.

Nos hubiese gustado que esta interpelación hubiese sido un tiempo atrás, cuando lo dijimos en el mes de enero, cuando esta Junta votó el llamado a sala, porque decíamos que era en ese momento cuando los vecinos estaban pagando la contribución inmobiliaria y los trabajadores y trabajadoras de este departamento estaban siendo afectados. Se planteó que no y se dijo que iba a venir cuando Maldonado se lo permitiera. Nosotros decíamos que Maldonado permitía que viniera antes, porque teníamos alguna alternativa para proponer por parte del Frente Amplio, que además ya la habíamos propuesto en la discusión del Presupuesto quinquenal, pero cuando la señora presidenta del Frente Amplio, la compañera Susana Hernández, se reunió con usted, en el mes de diciembre, también se le dijo que no a la propuesta del Frente Amplio. (m.g.g.)

Vamos a hacer referencia, presidente, a lo que nos llevó a realizar este llamado a sala.

El 2 de enero de 2017, cuando los vecinos fueron a ventanilla a ver cuánto debían pagar de contribución inmobiliaria, se encontraron con un aumento excesivo por parte de su Gobierno. Por ese aumento excesivo empezaron a consultar a los ediles de los diferentes partidos ‒no solo a los ediles del Frente Amplio, porque el otro día nos decía un edil del Partido Nacional: “Es cierto, a mí también me llamaron y no sabía qué explicarles”‒ la razón del aumento excesivo llevado adelante el Gobierno del Partido Nacional.

El Gobierno del Partido Nacional castiga a los trabajadores y trabajadoras de Maldonado, no castiga a los grandes capitales, lo que ha quedado establecido en la exoneración de algunos impuestos a los que más tienen, castigando así a los sectores más vulnerables, a los barrios periféricos de las distintas localidades. Ese Gobierno del Partido Nacional que votó en bloque el Presupuesto, Gobierno del Partido Nacional que encabeza usted y que conduce, con un acuerdo y con una concertación que lideran Germán Cardoso y Francisco Sanabria.

Presidente: cuando los vecinos se empezaron a manifestar a través de los medios de prensa, cuando empezaron a manifestarse a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, cuando empezaron a manifestar que debía haber soluciones porque el Gobierno del Partido Nacional los estaba castigando, a esta Junta Departamental y a la bancada del Frente Amplio, desde el Gobierno se les dijo que no. Era todo un silencio por parte del Gobierno, nadie hablaba, y lo anunciamos el 17 de marzo de 2016 cuando se votó en esta Junta Departamental, hace un año atrás, el Presupuesto quinquenal.

Los vecinos de los diferentes barrios de Maldonado empezaron a comparar las planillas del año 2017 con las planillas del año 2016 de lo que habían pagado, también empezaron a consultar los vecinos de los diferentes barrios de San Carlos, de Pan de Azúcar, de Piriápolis y los vecinos del Balneario Buenos Aires, que veían que se les había aumentado la contribución inmobiliaria en forma indiscriminada, sin ningún criterio técnico y sin ninguna fundamentación por parte del Gobierno que usted lidera.

Los vecinos preguntaban qué había pasado que no había habido una comunicación oficial por parte del Gobierno, que no habían dado aviso de que se iba a aumentar la contribución inmobiliaria; ingresaban a la página Web y se encontraban con esos aumentos de contribución inmobiliaria pero nadie explicaba nada.

Y vamos a poner un caso, que más adelante analizaremos en forma pormenorizada, porque queremos llevar al detalle estos aumentos excesivos que usted y el señor Director de Hacienda dijeron que no eran ciertos. ¡Nosotros no mentimos!

Cuando anunciamos en el 2016 que los vecinos de Maldonado se iban a ver afectados por este aumento de su Gobierno, estábamos diciendo la verdad.

Fíjese que un vecino de San Carlos nos decía: “Vivo a ocho cuadras de la plaza y el año pasado pagué $4.000 de contribución inmobiliaria y ahora tengo que pagar $14.700 ‒en la planilla del año 2017‒, tres veces y media más de lo que había pagado en el año 2016”.

En Piriápolis, un vecino que vive a quince cuadras de la playa, el año pasado pagó $7.000 de contribución inmobiliaria, ahora debió pagar $10.000, un 40% de aumento, y le aparecieron $450 de cámara de videovigilancia y manifestó que no tiene. Después hablaremos también en detalle del impuesto que usted creó y de las contradicciones que hubo entre usted y el secretario general en los medios de comunicación.

Otro vecino de Pan de Azúcar pagaba menos de $4.000 en el 2016, pasó a pagar $4.800, un 40% de aumento, también en la planilla de contribución inmobiliaria; y no hablamos de la costa, estamos hablando de barrios de las distintas localidades, de las distintas ciudades, y no de la costa, como usted dijo en algún momento.

También nos acercaban una contribución inmobiliaria, una planilla del barrio Sarubbi ‒todos los que están acá ubican el barrio Sarubbi, que está bastante lejos de la costa‒; ese vecino pagó de contribución inmobiliaria, en el año 2016, $5.500. Y ahora tuvo que pagar $11.500, más del doble.(c.g)

Había pagado por terreno baldío en el año 2016 $1.500, ahora tuvo que pagar $2.500 y por el impuesto de la cámara de videovigilancia le llegaron $550 en su planilla.

Tenemos otro ejemplo, que es el del barrio Rivera. Todos ubican también cuál es el barrio Rivera; lejos de la costa.

Un vecino que pagaba $4.000 en el año 2016, en el año 2017 tuvo que pagar $7.300, señor intendente, un 80% de aumento en un año. Por alumbrado público pasó de pagar $734, el mínimo, a pagar casi $2.500. Y el aforo que tenía este vecino pasó de $12.000 a $70.600: un reaforo, y no en la zona de la costa, como salieron a decir “que lo único que se había reaforado era la costa”. Fue falso lo que se dijo.

Y vamos a analizar cuáles fueron las advertencias que hizo el Frente Amplio en la discusión del Presupuesto quinquenal porque para el Frente Amplio esto no era novedad y ya lo habíamos advertido, lo habíamos dicho el 17 de marzo del año 2016, cuando esta Junta también discutió el Presupuesto quinquenal y cuando hubo una bancada del Partido Nacional que votó en bloque y se dijo: “No es el Presupuesto de Antía, es el Presupuesto del Partido Nacional”. Y nosotros estamos de acuerdo, es el Presupuesto del Partido Nacional y la concertación de Germán Cardoso y Francisco Sanabria.

Presidente, en diciembre de 2016, como dije anteriormente, la compañera presidenta del Frente Amplio, junto a los vicepresidentes, le planteó cuál había sido nuestra posición en el Presupuesto quinquenal sobre estos tres artículos que aumentaban la contribución inmobiliaria. Se le planteó que dejara sin efecto el aumento de los mínimos y lo de los terrenos baldíos. Usted dijo que no, que iba a seguir adelante. Afectó directamente a los trabajadores de Maldonado.

Cuando se discutió el Presupuesto quinquenal fundamentamos sobre estos artículos y dijimos que iban a caer en el bolsillo de doña María, de don José, de aquellos obreros de Maldonado que se iban a ver castigados por estos impuestos. Hablamos de los artículos 82, 83 y 84 del Decreto confirmatorio 3.947, que al principio, cuando los fuimos a votar, eran los artículos 84, 85 y 86. Y hay que señalar cuáles eran los artículos del Presupuesto inicial y del confirmatorio, porque después salió algún edil a querer decir que el Frente Amplio había votado: o el edil estaba durmiendo cuando se votó el Presupuesto quinquenal o malintencionadamente salió a mentirle a la población de Maldonado.

En ese momento, presidente y señor intendente, en el informe en minoría, desde la bancada del Frente Amplio caracterizamos y calificamos el Presupuesto quinquenal; dijimos que no contemplaba las preocupaciones del pueblo de Maldonado, que era un Presupuesto autoritario, oscuro, centralista, que ignoraba a los Municipios, que era fiscalista, que era falsamente austero y contradecía las metas oficiales. Lo decíamos en el informe en minoría. Expresamos esa oposición en el debate, en la fundamentación de voto, y en ese momento nosotros decíamos que se tuviera cuidado de que no estuvieran hablando en ese Presupuesto de un reaforo generalizado de la propiedad inmueble del departamento.

Estos tres artículos que discutíamos hablaban de los aumentos mínimos de varios impuestos, de tasas de la planilla, creaban el impuesto adicional de las cámaras de videovigilancia y aumentaban el impuesto del terreno baldío en un 50% por metro cuadrado.

Pero veamos lo que decían estos artículos que envió usted a esta Junta Departamental.

Sobre el aumento de los mínimos, el artículo 83 ‒que al principio, en el decreto inicial era el artículo 85‒ decía lo siguiente: “Fíjanse los siguientes valores mínimos anuales a los siguientes tributos: impuesto de contribución inmobiliaria urbana y suburbana: $1.960; impuesto general municipal: $1.900; impuesto de alumbrado público: $940; tasa de conservación del pavimento: $940. (k.f.)

Y veamos lo que decía el informe en minoría de nuestra bancada en ese momento.

“El mínimo hoy asciende a $1.531 para el impuesto general municipal”. Es decir que aumenta un 24%, porque pasa a $1.900. A los $734 para el alumbrado y conservación del pavimento los aumentan un 28%, porque pasan a $940. “Se crea el mínimo de la contribución inmobiliaria de $1.960, que hoy no existe” ‒decíamos en ese momento‒, “aquí estamos en presencia del criterio de subirle más a los que menos tienen” ‒lo decíamos en el año 2016, cuando se discutió el Presupuesto‒ “porque es evidente que cualquier norma que cree o aumente los mínimos provocará un aumento real de los valores de la planilla de contribución inmobiliaria, que ahora pasará a un mínimo de $5.740 a valores de 2016. Cuando el próximo año se pague la contribución inmobiliaria ese valor se actualizará y será mayor. Estos aumentos solo afectan a los que pagaron en 2016 por debajo de esos valores, o sea los que menos pagaron, y se harán sentir en todos los barrios y ciudades del departamento”.

En marzo de 2016 advertíamos esto y no nos equivocamos, lo que pasó en Maldonado a partir de enero de este año era lo que venía anunciando el Frente Amplio. Lo anunciamos con todas las letras, lo dijimos en la Comisión de Presupuesto, en la discusión en este plenario, lo fundamentaron los distintos compañeros de nuestra bancada, lo fundamentamos en el informe en minoría, y el Partido Nacional no escuchó, siguió adelante y aumentó los impuestos para los vecinos de Maldonado.

Vamos a ver lo que decía el compañero Milton Hernández en ese momento. El compañero Milton decía: “La política fiscal no solo cumple con su compromiso electoral de no aumentar ni crear nuevos impuestos, si no que para los impuestos de la planilla inmobiliaria también impone mínimos, mínimos para los tributos que se cobran conjuntamente con la contribución inmobiliaria y que claramente perjudica a los sectores de la población de menos poder económico. Nadie en el departamento pagará menos de $5.740, $5.740 a diciembre de 2015. O sea que para el 2017 seguramente superará los $6.000, aplicando el ajuste por IPC correspondiente.

La imposición de mínimo de contribución inmobiliaria, artículo 85 del proyecto de Presupuesto, provocará que los que menos tienen y que con mucho esfuerzo han logrado pagar o estén pagando su humilde propiedad, paguen un 38% más el próximo año. 28% por el ajuste de los mínimos y más o menos 9,5 o 10 por la inflación, lo que hace un 38% aproximadamente, y el padrón de un trabajador humilde, que anteriormente mencionamos, pasará a pagar $5.840, que es la suma de los nuevos mínimos.

Impuesto general municipal: $1.900; conservación de pavimentos: $940 ‒o sea que de $734 aumentaron a $940‒; el alumbrado público: de $734 a $940; el impuesto municipal de $1.531 a $1.960”.

Lo dijo el compañero Milton Hernández en marzo de 2016: que ningún vecino iba a pagar menos de $6.000, y hoy, en marzo de 2017 podemos decir que el compañero Milton Hernández dio la cifra exacta, que la bancada del Frente Amplio no se equivocó ni le mintió a la población; fuimos con la verdad y dijimos lo que iba a pasar.

Sobre el impuesto adicional para las cámaras de videovigilancia, el artículo 82 ‒84 del decreto inicial‒ decía lo siguiente: “Apruébase a partir del 1º de enero de 2017 y por un período de cuatro años un adicional departamental a la contribución inmobiliaria urbana y suburbana equivalente al 0,55% sobre los valores imponibles de dicho tributo y tendrá como destino exclusivo el financiamiento de la instalación e implementación de un sistema de cámaras de videovigilancia pública en el departamento de Maldonado. (cea)

Ningún inmueble abonará por concepto de este adicional menos de $100”.

En el informe en minoría por parte de nuestra bancada, señor intendente, decíamos: “Crea una nueva tasa impositiva del 0,55% adicional a la contribución inmobiliaria sobre el valor imponible de la misma, cuando el propio intendente había declarado, asegurando, que no se crearía ningún impuesto para financiar las cámaras de videovigilancia”. Lo decía usted, no lo decíamos nosotros.

En la discusión en el plenario reiteramos en varias oportunidades las contradicciones, las de su campaña electoral, pero también las contradicciones desde el Gobierno, no solo cuando asumieron sino también por allá, por el mes de octubre ‒después vamos a decir lo que decían exactamente‒, cuando salió su secretario general a decir que sí, que se iba a crear un impuesto y usted salió al otro día a desmentir y a decir que no. Tenía razón el secretario general: se creó un nuevo impuesto.

Señor intendente, el compañero Federico Guerra fundamentaba sobre este punto de las cámaras de videovigilancia y decía lo siguiente: “Aquello que escuchamos en la campaña electoral que no iba a haber nuevas cargas impositivas ni aumentos, no es así, se crea una tasa, un adicional para financiar las cámaras de videovigilancia” y el compañero agregaba: “Esa tasa es pareja, tiene un mínimo de $100, pero lo notable de esto son, no en campaña electoral, sino ya asumiendo en la Intendencia el ingeniero agrónomo Antía, las declaraciones contrapuestas y desmintiendo al señor secretario general en su momento, que había declarado que se iba a crear una tasa para financiar estas cámaras; pues el señor intendente salió a decir que no, que eso no era verdad. Bueno, el señor secretario general tenía razón. Se iba a crear y se creó esa tasa para financiar las videocámaras, también de forma pareja, porque no hay distinción entre el que tiene más y el que tiene menos (…) En esos casos se le llama, impositivamente, sistema regresivo, porque no se contemplan ni ingresos ni riquezas, por lo tanto, quienes menos ingresos tienen, quienes menos riquezas tienen, potencialmente pagan más, su influencia es mayor”. Lo decía el compañero Federico Guerra en la fundamentación en el Presupuesto quinquenal.

Y el Frente Amplio no fue el único que cuestionó estos artículos. El Frente Amplio fundamentó y presentó un informe en minoría, pero hubo un edil del Partido Colorado, el edil Carlos Flores, que en ese momento decía: “Con respecto al artículo 84, que propone un aumento de la contribución inmobiliaria para la instalación de las cámaras de seguridad, del 0,55%, no fue la noticia que hizo trascender en su momento el Gobierno departamental, no fue la noticia que tomó la población en su momento cuando se anunció que se iba a instalar una serie de cámaras en todo el departamento para contribuir con el tema de la seguridad pública.

Tampoco fue lo que se nos dijo en la única reunión que tuvimos con el intendente en nuestra bancada del Partido Colorado, cuando se nos dio la noticia de que eso estaba en trámite. Y al respecto le preguntamos si eso iba a implicar algún tipo de impuesto a los contribuyentes y se nos dijo que no, que había una serie de donaciones que podían estar previstas por parte de organizaciones empresariales y del propio Gobierno a nivel nacional, con autoridades del Ministerio del Interior, con las que se había reunido y demás”. No solo no le dijo la verdad a la población acerca de que iba a crear un nuevo impuesto, expresándolo así en los medios de comunicación, no solo no le dijo la verdad a la bancada del Frente Amplio, cuando señalábamos que se venía un nuevo impuesto, sino que cuando se reunió con la bancada del Partido Colorado, también les dijo que no.

Pero veamos, señor intendente, lo que también se decía en su momento en la discusión del Presupuesto quinquenal sobre el aumento de los terrenos baldíos. En ese momento el artículo 84, que al principio era el artículo 86, decía lo siguiente: “Increméntanse en un 50% los valores por metro cuadrado que se deben pagar por el impuesto a los terrenos baldíos. Facúltase a la Intendencia, previa anuencia de la Junta Departamental de Maldonado, a establecer bonificaciones que permitan abatir el incremento antes referido hasta en un 50%, teniendo en cuenta para ello el menor interés en fomentar la construcción en determinada zona y ponderando la capacidad contributiva del obligado”. (a.g.b.)

En ese momento, el compañero Federico Guerra también fundamentaba en la discusión de este artículo: “Los terrenos baldíos, también sin distinción ‒más allá de que hay un intento de hacerlo más adelante‒ hoy tienen un aumento del 50% de lo que pagan; no importa si ese terreno baldío es en Pueblito Obrero de Piriápolis o en el Asturias; no importa si ese terreno baldío es de 300 metros cuadrados o de 2 hectáreas; no importa si hay una construcción de gente humilde, de obreros, de trabajadores a quienes no le dieron sus recursos para regularizar los planos; nada de eso importa, les aumentamos el 50% de lo que pagan”, decía el compañero Federico Guerra en su fundamentación.

Y el compañero Eduardo Antonini también fundamentó sobre ese artículo y decía lo siguiente: “Se incrementa en un 50% el impuesto al baldío, está plasmado en el artículo 86 del proyecto de Presupuesto que estamos tratando. Un trabajador que con mucho esfuerzo compra un terreno y comienza a construir, deberá pagar un aumento del impuesto al baldío. Es muy injusto porque castiga al trabajador que con pocas posibilidades deberá trabajar más. Castiga a ese trabajador que los fines de semana construye su esperanza en su terreno que paga en cuotas. Toda esta recaudación que quiere el Gobierno del Partido Nacional es para pagar sueldos. Esto indigna a la población del departamento que ve cómo la inversión cae y el gasto en sueldos sube.

La idea de recaudar más y hacer pagar al ciudadano de a pie de Maldonado no es para invertir, sino para aumentar los gastos de sueldos de la Administración departamental”. Era verdad: aumentaban los cargos de confianza y los ingresos a dedo y caía la inversión.

Y ¿cómo se votaron estos tres artículos por los que hoy hacíamos referencia a que un edil del Partido Nacional salió a decir que el Frente Amplio no podía hablar porque lo había votado ‒que era falso lo que decía el edil, no era cierto‒? Vamos a leer parte de la versión taquigráfica de cuando se discutió y se votó ese artículo. En ese momento el señor presidente, Nino Báez, decía: “Votamos del artículo 84 al 86. Estamos votando. SE VOTA: 16 en 29...”. Los 16 votos fueron de los ediles del Partido Nacional que levantaron la mano para subirle el impuesto a los trabajadores de Maldonado. No fue ni el Frente Amplio ni el Partido Colorado; hubo una bancada del Partido Nacional que defendió aumentarle la contribución inmobiliaria a los trabajadores y trabajadoras de Maldonado.

Pero, el Partido Nacional con esos 16 votos defendió estos tres artículos ‒que nosotros decíamos que iban a impactar fuertemente en el bolsillo de los trabajadores de Maldonado y que iban a causar indignación en el pueblo de Maldonado, porque veían cómo le aumentaban sus impuestos, y por otro lado aumentaban los cargos de confianza‒; el Partido Nacional votó y defendió estos tres artículos; defendió con los votos, porque levantó la mano, aunque no hubo mucha fundamentación.

Por parte del Frente Amplio fundamentaron los compañeros Federico Guerra ‒a quien ya mencionamos‒, Milton Hernández ‒ya lo señalamos‒, Fermín de los Santos, José Luis Noguera y la compañera Lourdes Ontaneda.

Ya expresamos lo que dijeron algunos compañeros, pero veamos lo que decía la compañera Lourdes Ontaneda en ese momento. “Los vecinos, como mínimo van a pagar una contribución por esos tributos y esos tributos ‒así como la contribución que va a ser como mínimo de $1.960 para todos los pobladores‒ suben un 24%, a diferencia de lo que se dijo en la campaña electoral de que, a lo sumo, iban a subir un 9%”.

Por su parte, el compañero Fermín sintetizó cuál era la política que llevaba adelante el Frente Amplio y cuál era la posición de nuestra fuerza política en ese momento. (a.f.r.)

Y decía lo siguiente: “Entonces, pasó la campaña electoral diciendo que no iba a haber aumentos y justamente aquí ¿a dónde van a canalizarse los aumentos de la Intendencia? ¿Del Ejecutivo? A los más humildes. Entonces, imposible que el Frente Amplio, de acuerdo a una prédica constante en toda su existencia, pueda llevar adelante estos tres artículos”. Lo decíamos también en esa fundamentación de voto cuando se discutió el Presupuesto quinquenal.

El edil del Partido Colorado que hoy mencionábamos también fundamentó ‒ya habíamos hecho referencia‒, y el Partido Nacional, el partido de gobierno, defendió el aumento de esos tres artículos con los votos, porque después, en la fundamentación, el único que fundamentó fue usted, señor presidente. Y su fundamentación es digna de un análisis serio, de un análisis tranquilo, porque, fíjese a lo que usted hacía referencia: decía que las acusaciones nuestras eran falsas, porque nosotros también habíamos aumentado sin franjas, y trajo a colación una resolución, la Nº 10.954 del año 2011.

De nuestro gobierno nos hacemos cargo de lo que hicimos en el Gobierno del Frente Amplio, porque fue nuestro Gobierno. Pero veamos de qué se trata esa resolución a la que usted hacía referencia, la resolución que, igual en su contenido esencial, todos los años emitía nuestro Gobierno en virtud de la normativa vigente, en la que fijaba para el año 2012 la actualización por IPC; o sea: mantenimiento del valor real de la planilla y no un aumento efectivo real, para lo cual se fijaba el correspondiente porcentaje y establecían los valores de los nuevos mínimos. Era muy distinto lo que hacía el Gobierno del Frente Amplio a lo que hizo el Gobierno del Partido Nacional. Se trajo a colación una resolución que nada tenía que ver, y nos hacemos cargo de lo que hicimos, y lo seguimos defendiendo.

Entonces, señor presidente y señor intendente: ojalá que el Gobierno del Partido Nacional hubiese seguido adelante con los aumentos por IPC, como venía desarrollando el Gobierno del Frente Amplio, y no por encima de la inflación, como lo hicieron ahora. Ojalá hubiesen mantenido la misma política que llevamos adelante nosotros en materia de contribución. No lo hicieron.

Pero, presidente, en ese momento, cuando usted hablaba, fundamentaba diciendo que esa resolución no era por franjas y que, entonces, como la nuestra no era por franjas, ustedes tampoco la iban a hacer, y vamos a recordar parte de lo que decía. Usted aseguraba y preguntaba: “¿Dónde está la franja? ¿Dónde está la protección al que tiene menos? ¿Dónde está la histórica frase de que al que menos, menos, y al que más, más?”. Y seguía diciendo: “Estamos haciendo lo mismo que hicieron todos los Gobiernos, sin franjas”. Todo un reconocimiento... y no hay más fundamento por parte de ningún edil del Partido Nacional, salvo esa falsa acusación de una resolución que había llevado adelante el Gobierno del Frente Amplio, de forma anual, que era ajustar por IPC la contribución inmobiliaria.

Y buscamos en el informe en mayoría del Partido Nacional a ver si había fundamentos y si había una explicación de estos aumentos de la contribución inmobiliaria, pero no los había. Y buscamos en la exposición de motivos del mensaje presupuestal de su Gobierno, pero tampoco los había. Era todo un silencio por parte del Gobierno departamental del Partido Nacional: nadie hablaba, nadie decía nada.

Pero veamos ahora lo que decía el informe en minoría del Frente Amplio, que advertía, por lo del artículo 79 del Decreto Nº 80 del proyecto inicial: “Decláranse vigentes los artículos 53, 54, 55 y 56 del Decreto departamental Nº 3.622”.

Y el Frente Amplio en ese momento dijo: “Cabe indicar que dichos artículos tienen plena vigencia y así han quedado incluidos con los números D.67, D.68. D.69 y D.70 en el Digesto departamental que hoy está publicado en la página Web de la Intendencia y que fuera el fruto de un exhaustivo trabajo realizado en conjunto con la Junta Departamental en el quinquenio anterior. La única razón que encontramos a esta declaración de vigencia es el anuncio de un reaforo generalizado de la propiedad inmueble del departamento. (m.r.c.)

Entonces decimos, si hay voluntad de reaforar en forma generalizada, ¿por qué no se explicitan los motivos? ¿Por qué no se fundamentan las razones? ¿Por qué no se transparentan los efectos para cada franja, para cada zona, para cada localidad, como hizo el Frente Amplio en el Presupuesto quinquenal anterior, remitiendo a esta Junta Departamental la discusión del reaforo como parte de la discusión presupuestal?”. Lo preguntábamos en ese momento, el Frente Amplio lo discutió en el Presupuesto quinquenal de 2010, con distinto criterio que el que utilizó usted, ahora, para recargar el bolsillo de los trabajadores de Maldonado.

Era evidente la intención del Gobierno del Partido Nacional al poner en vigencia nuevamente artículos que ya estaban vigentes; no se justificaba declararlos vigentes. Además, de estos artículos que eran viejos –ahora vamos a decir de la época que vienen–, nadie nunca cuestionó su legalidad, ni desde el ámbito político ni desde el privado.

Tampoco se ha cuestionado nunca la legalidad respecto al ejercicio y la facultad por parte del Ejecutivo departamental. Lo que sí es cuestionable es, eventualmente, el criterio que se utiliza para reaforar. Este es el caso: con esta iniciativa suya, señor intendente, sorprende a todo el departamento, porque no anuncia ni defiende, ignorando a la Junta Departamental y a sus propios ediles, ignorando cualquier enfoque técnico y mintiendo en el alcance del tema del reaforo que se realizó.

Entonces, señor intendente, después vamos a detallar todo lo que se dijo de que solo se había reaforado la costa y cómo después el director de Hacienda salió a decir que lo que no se había tocado era la costa; después vamos a demostrar esas contradicciones y que no era cierto.

También buscamos en el informe en minoría del Partido Nacional para ver si había algún fundamento, alguna explicación de esto, y tampoco la había. Buscamos en la exposición de motivos del mensaje presupuestal de su Gobierno, y tampoco la había.

Entonces presidente, y señor intendente, vamos a analizar los cuatro aspectos que determinan los aumentos de la planilla de contribución inmobiliaria. Vamos a analizarlos cuidadosamente y en detalle. Cada aspecto, cada índice de lo que aumentó el Partido Nacional, el aumento de la planilla que consagra la redistribución negativa de los ingresos departamentales, que castiga a la población de todo el departamento. También la creación del mínimo que decía hoy, que el que tiene menos pague más, del artículo 83 del Decreto 3.947 de 2016, Presupuesto quinquenal que estableció, por su iniciativa, fijar los valores mínimos anuales para los siguientes tributos: impuesto de contribución inmobiliaria urbana y suburbana: $1.960; impuesto general municipal: $1.900; impuesto de alumbrado público: $940; tasa de conservación de pavimento: $940.

Hasta ese momento los mínimos eran los siguientes: impuesto de contribución inmobiliaria: $1.353; impuesto general municipal: $1.531; impuesto de alumbrado público: $734; tasa de conservación de pavimento: $734. El impuesto de contribución inmobiliaria pasó de eso que decíamos a $2.119, aumentó un 57%. El impuesto general municipal pasó de esos $1.531 a $1.900, aumentó un 24%. El impuesto de alumbrado público pasó de $734 a $940, un 28%. La tasa de conservación de pavimento de $734 a $940, también un 28%. Estos nuevos mínimos y anteriores estaban expresados en el decreto a valores de 2016, pero empezaban a regir a partir de enero de 2017, como pasó, y a valores actualizados por IPC, que en esta oportunidad fue de un 8,1, por lo que al cierre de los últimos doce meses, al 30 de noviembre de 2016, quedaron establecidos de la siguiente manera: impuesto de contribución inmobiliaria: $2.119; impuesto general municipal: $2.054; impuesto de alumbrado público: $1.016; tasa de conservación de pavimento: $1.016. (g.t.d)

También hay otros dos mínimos: el de la tasa forestal, que no cambió, y el del adicional para el financiamiento de la instalación de un sistema de cámaras de videovigilancia. La tasa forestal es de $0,93 por metro cuadrado; el adicional para las cámaras de videovigilancia es de $108.

Si dejamos de lado momentáneamente la tasa forestal y no consideramos el valor por metro cuadrado ‒variable en cada caso‒, por los terrenos baldíos se debe pagar, de acuerdo al mínimo actual de una planilla de contribución inmobiliaria de la siguiente manera: impuesto de contribución inmobiliaria: $2.119; impuesto general municipal: $2.054; impuesto de alumbrado público: $1.016; adicional para las cámaras: $108. Esto marca un subtotal de $6.313; pero hay que sumarle los timbres ‒que también van incluidos en la planilla municipal‒: $126, y el derecho de expedición: $212. Por lo tanto, tenemos la suma mínima de $6.651.

En su momento, por parte de nuestros compañeros ediles, por parte de nuestra fuerza política, se dijo que ningún vecino de Maldonado, viviera donde viviera, iba a pagar menos de $6.650, y así pasó: ningún vecino de Maldonado paga menos de eso. Y eso que por parte del Gobierno departamental se dijo que no, que era una locura lo que estábamos diciendo y que estábamos manijeando a la gente. No estábamos manijeando, le estábamos diciendo a la gente la verdad de lo que iba a suceder a partir de enero de 2017.

Es decir que aumentó ‒de forma real y muy significativa‒ un 32% con respecto a la planilla de 2016, y eso teniendo en cuenta que la anterior estaba actualizada por IPC, lo que equivaldría a $5.010 en ese momento. Téngase en cuenta, además, que en lo que mencionábamos recién no estamos incluyendo la actualización por IPC, que fue del 8,1%. Dicha actualización solo pretende mantener los valores reales de cada año, y ese era el incremento que hacíamos nosotros de forma anual y que el Gobierno del Partido Nacional cuestionaba. Por eso, cuando hablamos del aumento, hablamos de un aumento real por encima de la inflación y por encima del índice medio de salarios, que fue del 11,65%.

La conclusión de este tema, señor intendente, es que aquí estamos ante la presencia, nuevamente, del criterio de subirle más a los que menos tienen, porque es evidente que cualquier norma que cree un aumento de los mínimos provocará un aumento real de los valores de la planilla de contribución de los que menos pagaron en 2016; aumento que no sufren quienes pagaron por encima de esos mínimos. Dicho aumento lo están haciendo sentir en todos los barrios de Maldonado, en todas las ciudades del departamento, y resume esa concepción tributaria de derecha que tiene su Gobierno.

El segundo aspecto que encarece la planilla de contribución inmobiliaria es el nuevo impuesto adicional de las cámaras de videovigilancia, que va incluido en la contribución inmobiliaria y destinado a financiar las cámaras.

En el artículo 82 del decreto presupuestal que se aprobó en su momento decía: “...a partir del 1º de enero de 2017, y por un período de cuatro años, un adicional departamental a la contribución inmobiliaria urbana y suburbana equivalente al 0,55% sobre los valores imponibles de dicho tributo, que tendrá como destino exclusivo el financiamiento de la instalación e implementación de un sistema de cámaras de videovigilancia pública en el departamento de Maldonado”. Estamos hablando de un impuesto, señor intendente, que usted mismo había asegurado que no se iba a crear.

En esa estimación de ingresos correspondiente a este nuevo impuesto, el Gobierno que usted lidera, señor intendente, sin explicitar la más mínima base técnica ‒al igual que en otras estimaciones‒, se estimó un ingreso anual de $56.062.500 a valores de 2016. (a.t.)

Lo que actualizado por IPC representa una cifra anual de 60.603.563 y representa un total de 242.414.252 en los cuatro años que restan del ejercicio quinquenal a valores actuales.

De acuerdo a la recaudación conocida del año 2015 del impuesto general municipal, del impuesto del alumbrado público ─que también son porcentuales a los aforos, que el Gobierno sigue sin informar la recaudación del ejercicio 2016─, se puede afirmar que la estimación del Presupuesto está subestimada y que es esperable una recaudación bastante mayor que lo que estableció el Presupuesto que usted envió a esta Junta.

Por este artículo, todos los padrones de todo el departamento pagan el mismo porcentaje: el 0,55 sobre el valor del aforo de cada padrón para financiar este sistema de cámaras que usted decía que no se iba a cobrar.

Conclusión, señor intendente: habiéndose podido aplicar un impuesto en la zona más poderosa, a los padrones de mayor valor o en forma progresiva con distintas alícuotas, opciones todas disponibles, dejando de lado momentáneamente la discusión sobre la pertinencia o no de crearlo, se estableció. Se establece con un mismo y único porcentaje para todos los padrones del departamento con total independencia de toda consideración social, económica o territorial.

Otra vez un impacto que se está haciendo sentir en todos los barrios, en todas las ciudades del departamento de Maldonado. Y nuevamente resume la concepción tributaria regresiva y de derecha que tiene el Gobierno que usted encabeza.

Veamos un tercer aspecto que encarece la planilla de contribución inmobiliaria, señor intendente. Es el aumento del impuesto a los baldíos.

Por el artículo 84 del decreto presupuestal se resolvió: “Increméntase en un 50% los valores por metro cuadrado que deben pagar por el impuesto a los terrenos baldíos”. Esta norma también fue votada negativamente por el Frente Amplio, porque no distingue los auténticos baldíos, los reales, de aquellos padrones que figuran como baldíos pero están ocupados por viviendas de vecinos que no han podido regularizar sus planos, porque no distingue zonas ni territorios de Maldonado, porque no distingue los valores de los terrenos que permitan tratar separadamente la situación de los grandes propietarios y/o especuladores de quienes con muchísimo esfuerzo compraron su terreno y están construyendo o están viviendo con su familia.

La situación de aquellos vecinos que con mucho sacrificio construyeron su vivienda y que no han podido regularizar sus planos por diferentes razones o que están construyendo y que aún figuran como terrenos baldíos, vieron incrementado también en un 50% este impuesto.

Todos estos vecinos, y en todo el departamento, han sido tratados de la misma forma, con el mismo aumento; de la misma forma que a los grandes propietarios de los fraccionamientos y a los especuladores ausentistas y prescindentes que fomentan ocupaciones y situaciones sociales complejas y difíciles de resolver.

Se trató de la misma forma a un vecino de Maldonado Nuevo, de Cerro Pelado o de Los Olivos ‒que no ha podido regularizar sus planos‒ que a un especulador inmobiliario que tiene su terreno desde hace muchísimos años y que está esperando a ver qué pasa.

La conclusión es la misma: una política regresiva y de derecha de su Gobierno.

Pero veamos el cuarto aspecto de esta embestida impositiva que encarece la planilla de contribución inmobiliaria, que es el tema del reaforo catastral.

Por el artículo 79 del Decreto presupuestal 3.947 se estableció: “Declárense vigentes los artículos 53, 54, 55 y 56 del Decreto 3.622”. Ya dijimos que este oscuro artículo era absolutamente innecesario y lo dijimos en la Comisión y en los fundamentos en este Presupuesto quinquenal que se votó en marzo del año pasado. (dp)

Porque los artículos referidos, del 53 al 56 del Decreto Nº 3.622, ya estaban en vigencia, ya formaban parte de los numerales de recopilación de las normas vigentes que integraban el Digesto Municipal realizado en el año 2014, con participación del Ejecutivo y de esta Junta Departamental, que estaba y sigue estando publicado en la propia página Web de la Intendencia, volumen 10, Texto Ordenado de Tributos e Ingresos del Departamento de Maldonado; Libro Único de Tributos e Ingresos Departamentales, parte legislativa; título 3, impuesto sobre los inmuebles, capítulo 1; contribución inmobiliaria, sección 3; revaluación de los inmuebles urbanos y suburbanos.

Nadie tenía dudas de la vigencia de aquellas disposiciones del año 1990 referentes a la revaluación de los inmuebles urbanos y suburbanos.

De aquellas normas del Decreto Nº 3.622, el artículo 53 decía: “Facúltese a la Intendencia Municipal de Maldonado a proceder a revaluar la propiedad inmueble urbana y suburbana en el departamento”.

El artículo 54 decía: “Cométase a la Dirección de Catastro municipal la fijación de valores imponibles de los inmuebles urbanos y suburbanos del departamento. El valor imponible será fijado cada tres años, pudiendo ajustarse anualmente en el mismo porcentaje que fije el Poder Ejecutivo para la actualización del valor real de los inmuebles urbanos y suburbanos.

El valor imponible se expresará en los documentos que expida la Dirección de Catastro para los interesados y se incorporará a toda la documentación relacionada con el inmueble”.

El artículo 55 decía: “Una vez que la Dirección de Catastro haya cumplido con la obligación que le impone el artículo 54, el Ejecutivo comunal determinará las modificaciones de las tasas, alícuotas necesarias, previa anuencia de la Junta Departamental”.

El artículo 56 decía: “Se considera valor imponible el que resulte de la tasación de la tierra y las mejoras en estrecha relación con los valores actualizados del mercado inmobiliario”.

Esos eran los cuatro artículos que estaban en vigencia desde el año 90 y que sorprendentemente el Gobierno que usted encabeza los quiso poner en vigencia nuevamente.

Como se ve, las normas que establecen facultades propias del Ejecutivo, competencia de la Dirección de Catastro, están vigentes desde el año 1990, Decreto Nº 3.622, que era la normativa que se aplicaba habitualmente para los ajustes individuales propios de la dinámica de la construcción y evolución de la vivienda urbana y suburbana.

De este problema que se plantea hoy y surge de la planilla con las revaluaciones de aforos muy grandes y masivas ‒y no solo en la costa sino también en la zona más carenciada, no en la zonas más poderosas del departamento de Maldonado, como ya se ha dicho por parte de su Gobierno‒ el Frente Amplio en el tratamiento del Presupuesto quinquenal, en el informe en minoría, también habló.

Entonces, señor intendente, las respuestas a las preguntas que hacíamos en el informe en minoría hoy son evidentes ‒este es el fruto de la concepción regresiva que tiene el Gobierno que usted encabeza‒: había voluntad de reaforar, no se quería explicar el motivo, no se quería fundamentar las razones, no se quiere enviar a la Junta Departamental los criterios de las bases técnicas del reaforo, se quería hacer un reaforo en forma bien taimada, callada, sin transparencia, sin notificaciones, sin publicidad, sin explicación de los criterios técnicos aplicados; típica concepción de un Gobierno regresivo y de derecha, que es el que usted lidera, señor intendente.

Pero, veamos, señor intendente, lo que se decía en su momento ‒y después de que mantuvieran silencio usted y todos los cargos de confianza que estaban involucrados en este tema, así como el secretario general y el director de Hacienda‒, después de que el 2 de enero saliera a manifestarse la población del departamento. En algún momento se quiso ningunear a la movilización de los vecinos, que veían que estaban siendo perjudicados por los aumentos y por estos fuertes incrementos que usted había establecido. (m.g.g.)

Se salió a decir que era una manija barata por parte del Frente Amplio. No estábamos “manijeando”, les estábamos diciendo la verdad a los vecinos de Maldonado porque ya se la habíamos dicho en marzo de 2016 cuando se votó el Presupuesto. Pero veamos las contradicciones, lo que señalábamos hoy, y vamos a leerlo textual. Es sobre el impuesto de las cámaras de videovigilancia.

El 18 de octubre de 2015, el secretario general, señor Diego Echeverría, decía en el diario El País: “Las cámaras de videovigilancia serán financiadas con una tasa de seguridad a todos los padrones del departamento”. Al otro día, solo veinticuatro horas después, el 19 de octubre de 2015, usted, señor intendente, desmentía a su secretario general, y decía, a través de un medio departamental, “Maldonado Noticia”: “El diario El País tocó de oído, no se va a crear un nuevo impuesto para financiarlo”. Después, en marzo de 2016, como decía en su fundamentación el compañero Federico Guerra, nos encontramos con que nadie había tocado de oído. Era verdad, se creaba un nuevo impuesto. Lo que hubo fue una picardía del Gobierno de no crear una tasa, sino un impuesto adicional, porque la tasa se cobra de acuerdo al servicio que se brinda y el impuesto adicional no. Y esa picardía la hizo el Gobierno departamental que usted encabeza y por eso hoy los vecinos de Maldonado, vivan donde vivan, tengan cámara o no, llegue la cámara o no, pagan el impuesto de las cámaras de videovigilancia.

Lo único cierto que decían, y que habría asegurado usted, era que no era una tasa, sino un impuesto adicional que creó.

Entonces, señor intendente y señor presidente, también vamos a hacer referencia a lo que usted decía el 12 de enero de 2017 en el programa “Perspectiva” de Radio Oriental: “No cobramos para la obra, lo que hicimos fue instalar una tasa de servicio, que es para funcionamiento. Ahí hay sesenta policías entrenados que paga la Intendencia; los técnicos del proyecto son tres o cuatro, que son funcionarios del Ministerio del Interior y parte del Comando, a los que la Intendencia les paga un viático; también una empresa de limpieza, donde trabajan sesenta personas, la paga la Intendencia. Se contratan y se pagan los servicios de mantenimiento, porque siempre hay que hacer mantenimiento de limpieza en las cámaras por el tema del aire salino, porque se tiende a romper, porque puede haber vandalismo y entonces hay que reponerla. Ese servicio de mantenimiento también lo contrata y lo paga la Intendencia. Para eso es la tasa”. Y agregaba: “La tasa de cámaras está financiada en función de la contribución: el que paga más contribución, paga más tasa, el que paga menos contribución, paga menos tasa”.

¿A qué tasa, señor intendente, hacía referencia? Porque lo que se aprobó en marzo de 2016 no era una tasa, era un impuesto adicional. No era tasa lo que se aprobó en esta Junta Departamental con los votos del Partido Nacional; se aprobó un impuesto, el mensaje presupuestal que usted envió.

Entonces, presidente y señor intendente, eso de que el que paga menos contribución, paga menos tasa, no es así desde el primer momento, porque al que le tocaba pagar poco, el Partido Nacional, al que usted representa, en esta Junta Departamental le aumentó los mínimos de contribución inmobiliaria.

Y por más que se enojen les decimos que hubo un Partido Nacional en bloque, respaldado ‒no desde la Junta Departamental porque no tiene ediles, pero que forman parte del Gobierno‒ por la concertación que lideran el diputado Cardoso y Francisco Sanabria.

Entonces, señor presidente y señor intendente, vamos a hacer referencia también a las variadas explicaciones que hacía sobre los reaforos, contradicciones y algunas falsedades también, algunas cosas que no eran verdad, que se dijeron y no eran ciertas.

Según usted, señor intendente, “este tema fue conversado previamente con los alcaldes, quienes compartieron la preocupación de la comuna de ajustar a valores reales lo que estaba pagando”.(c.g)

Así lo declaró usted en Revista Cero el 4 de enero de 2017, hace poco.

Ese mismo día, en un nuevo intento desesperado de compartir culpas por parte del Gobierno del Partido Nacional, declaraba en Cadena del Mar: “100% de acuerdo el Municipio de Piriápolis, hablamos con Invernizzi. Esto varias veces lo hablamos con Alba en San Carlos también”.

Eso no es cierto, señor intendente, no lo avalaron los alcaldes de nuestra fuerza política.

En La Diaria del 9 de enero de 2017 el alcalde de Piriápolis, compañero de nuestra fuerza política, Mario Invernizzi, dijo “que si bien era necesario realizar un reaforo de los predios comprendidos en su Municipio, lo hecho por la Intendencia de Maldonado no fue lo que se necesitaba. 'Entendíamos que era necesario un reaforo', dijo el jerarca departamental, que incluso se reunió con Antía para comentarle la situación, aunque no llegaron a hablar 'ni de tasas ni de porcentajes'. Según dijo Invernizzi, en Piriápolis había zonas en las que se pagaba 'muy poca contribución'”, mientras que en otras pagaban mucho porque no se les estaban prestando los servicios. “Este reaforo, sostuvo, debía realizarse sobre una 'base técnica'. Pero a pesar de estos requisitos, el alcalde aseguró ‒textual‒ que 'nunca tuvo una devolución de la Intendencia acerca de cómo realizar ese reaforo técnico'. Incluso, sostuvo que ahora se encuentran con que este se hizo 'en forma generalizada', sin tener en cuenta 'las situaciones concretas dentro de cada casa y dentro de cada barrio del Municipio. Según ilustró, 'fue todo medio al barrer'” lo que hizo su Gobierno. Alcalde Invernizzi, al que usted había señalado como que estaba de acuerdo con este reaforo. No era verdad.

Al mismo tiempo, el compañero Invernizzi en RBC decía: “Lo que nosotros planteamos fue un reaforo técnico que generara una justicia tributaria. Lo que vemos es que ese reaforo técnico nunca fue conversado con nosotros, nunca fue comunicado ni siquiera cuál era el aumento. Nunca recibimos la devolución, ni siquiera el planteo de cómo iba a estar hecho este reaforo que se hizo. Es una vergüenza”.

La alcaldesa de San Carlos también anunció en varios medios televisivos de la ciudad de San Carlos que no estaba de acuerdo con lo que se había hecho y que no estaba conversado este reaforo que se había hecho por parte del Gobierno departamental, y que había zonas donde era una injusticia absoluta.

Pero veamos otras cosas que se han dicho por parte de su Gobierno, señor intendente, sobre los reaforos.

El 2 de febrero de este año, en el programa Frecuencia Abierta, se dijo que el reaforo fue a padrones de la costa. No es cierto, es falso lo que se dijo.

El barrio Rivera, de la ciudad de Maldonado, ¿a cuánto está de la costa? El barrio Sarubbi ¿a cuánto está de la costa? El barrio Maldonado Nuevo ¿acaso está ubicado en la costa? El barrio Cerro Pelado ¿acaso está ubicado en la costa? Después le vamos a señalar los reaforos que se hicieron en esos padrones que estamos nombrando porque tenemos documentación que certifica que lo que dijimos en su momento y lo que los vecinos pagaron era cierto.

Pero, señor intendente, a dos kilómetros de la costa, en Piriápolis, también se hicieron reaforos.

En el barrio Lavagna, en la calle Capandeguy, en la calle Maurente, todo esto en San Carlos, que tampoco tienen vista al mar, también se hicieron reaforos. Tampoco están en la costa.

Y esos setecientos y pico de padrones de la ciudad de San Carlos que se sacaron también tuvieron la misma situación.

Pero también estuvo la misma situación en barrios de Maldonado, de Pan de Azúcar, de Piriápolis, que también sufrieron el mismo incremento porque se hizo el reaforo. Sin embargo, no se los sacó y se siguió adelante con esta política fiscalista del Gobierno que usted encabeza.

A todos estos barrios, como decíamos, se les hizo reaforo y lo vamos a documentar por las dudas de que ahora digan que no; tenemos las planillas que certifican que se hicieron reaforos en estos lugares que nosotros dijimos.

Pero no era verdad que solo se había reaforado la costa.

Pero veamos lo que decía el señor director de Hacienda también; cuando usted decía que solo se había reaforado la costa, el señor director de Hacienda salía en Maldonado Noticias y decía: “Lo único que no se reaforó fue la costa, porque no se puede cargar más de forma tributaria ‒porque no tienen más capacidad de pago‒ y crearles nuevos impuestos. Se tocaron otras zonas del departamento pero la costa no”. Usted había dicho un día antes, en medios nacionales y departamentales, que lo que se había tocado era la costa. (k.f.)

Por eso entendemos que la interpelación hubiera sido antes porque tenían que ponerse de acuerdo entre usted y su director de Hacienda para ver qué era lo que decían, porque indudablemente había contradicciones.

Pero presidente y señor intendente, vamos a analizar también lo que decía usted en algún medio de prensa en el que también se salió a cuestionar en su momento lo que se había hecho. Pero veamos: “Dentro de la zona preestablecida, donde claramente había que ajustar los valores, han sucedido errores y aparecen reaforados terrenos que están en otras zonas del departamento” -y usted agregaba- “el reaforo corresponde a una pequeña parte del centro de San Carlos, a la zona de la costa fundamentalmente y en los balnearios al este y al oeste del departamento; pero alguien, sin dudas, se equivocó en la resolución o en la determinación de los padrones y aparecen zonas como Pueblo Obrero y La Falda de Cerro del Toro que tienen un reaforo que no fue querido por la Administración y que deberá ser corregido. También hay error en San Carlos”. Lo decía usted.

En ese intento de calificar a los reaforos como errores y equivocaciones, el 2 de febrero de este año decía: “Se equivocaron, ahí hubo un 'dedazo', un 'dedazo' equivocado de los funcionarios, ¿y qué hicieron? Eso sí echamos para atrás, reconocimos, pero eso fue un error de los funcionarios, de alguno, no sé cuál, porque ahora no aparecen”.

Bien, se ponen padrones que no tenían que ser reaforados por parte del Gobierno a dedo y el Gobierno departamental le echa la culpa a un funcionario, es lo más fácil: se equivocó el funcionario, a dedo puso un padrón que no correspondía.

Pero usted decía: “zona preestablecida donde claramente había que ajustar los valores, la zona de la costa y una pequeña parte del centro de San Carlos”. A lo que corresponde preguntar ¿con qué fundamento técnico se hizo, con qué estudio? ¿Dónde están los datos y los análisis?, porque en esta Junta Departamental no estuvieron ni están aún, después de lo sucedido. Nadie tiene el más mínimo argumento serio por parte del Gobierno departamental para justificar lo que se hizo.

¿Qué dice la Dirección de Catastro y la Dirección General de Planeamiento, de la cual depende Catastro? ¿Y la Dirección General de Hacienda tiene algo para fundamentar sobre estos reaforos que se realizaron y que no fueron en la costa? Dijimos anteriormente que había más reaforos y mencionamos los barrios Rivera, Sarubbi, Cerro Pelado, La Falda, el Country de Piriápolis; no fue la costa, no fue solo San Carlos, y vamos a ver varios ejemplos un poco más adelante.

Pero decir que fue un error, que la culpa la tienen los funcionarios y que ahora no aparecen los responsables, nadie lo puede creer. Sinceramente, no se lo cree ni usted, con el mayor de los respetos, señor intendente.

Sin la voluntad política de reaforar, sin procesos administrativos correspondientes, sin las resoluciones de los jerarcas en los expedientes pertinentes en la Intendencia de Maldonado, no se puede cambiar el aforo a un padrón. ¿O usted permite, señor intendente, que pase eso de que un funcionario venga y cambie el aforo de un padrón a dedo, porque se levantó mal, llegó a la Intendencia y dijo: “Hay que reaforar este padrón”? ¿Usted permite que la Dirección de Catastro, que depende de la Dirección General de Planeamiento, sin expediente ni resolución formal cambie a “dedazo”, como dijo usted, los aforos de los padrones al antojo de cada funcionario?

Y si no lo permite, ¿dónde están los responsables? ¿Dónde están las actuaciones administrativas para investigar y determinar las responsabilidades que hubo en estos reaforos que se hicieron de forma equivocada, como dice usted, por parte de un funcionario? (cea)

No existe ‒por lo menos no la conocemos, esta Junta Departamental tampoco la conoce‒, por la falta de transparencia con la que actúa el Gobierno del Partido Nacional. Quizás, si en algún momento se contestaran los pedidos de informes que hemos hecho sobre estos temas, habría una mayor transparencia y no estaríamos en esta interpelación.

Nada de esto fue un error, no es cierto. Hubo una voluntad política clara de reaforar, hubo un fundamento explícito al incorporar al Presupuesto quinquenal el artículo que ponía nuevamente en vigencia artículos que ya estaban vigentes: el 53, el 54, el 55, el 56, del Decreto 3.622 del año 90. Había voluntad política del Gobierno del Partido Nacional que usted lidera junto a la Concertación, al diputado Germán Cardoso y Francisco Sanabria, de que había…

(Manifestaciones desde la barra).

SEÑOR PRESIDENTE.- A la barra se le advierte que no puede manifestarse ni a favor ni en contra. Una vez, la dejo pasar y avisamos; segunda vez, no hay más barra.

Adelante, señor edil.

SEÑOR DELGADO.- Gracias, señor presidente.

El Partido Nacional tiene que asumir las responsabilidades políticas sobre estos reaforos, estos aumentos de las planillas de contribución inmobiliaria. Se tienen que hacer cargo.

Entendemos que en su momento no lo hayan podido defender, que no haya habido fundamentos por parte de los ediles que representan al Gobierno, porque no había forma de fundamentar. No había forma de fundamentar ‒y el edil lo sabe bien, porque en estos tres artículos el único que fundamentó fue usted, señor presidente‒ porque no tenían ningún fundamento, no tenían explicación para ver cómo levantaban la mano en contra de los trabajadores y trabajadoras de Maldonado.

Pero veamos las declaraciones sobre el aumento de los mínimos y el impacto de la suba de la planilla. Buscamos en la prensa escrita, buscamos en los medios televisivos, buscamos en los medios radiales, buscamos en la página Web de la Intendencia, buscamos en todos lados y no había explicación. No había nada que fundamentara y que explicara estos aumentos.

Después, cuando la movilización de los vecinos, que empezaron a caer en el Gobierno departamental a manifestarse y a decir que habían sido injustamente aumentados sus tributos, hubo intentos desesperados. Pero por más que en algún momento se quiso ningunear ‒como decíamos hoy‒ la movilización de los vecinos, el que los vecinos se manifestaran, los vecinos presionaron al Gobierno departamental para que hubiera explicaciones.

Igualmente hubo pocas explicaciones y las que hubo fueron bastante contradictorias, como si el aumento de los mínimos no incidiera en los aumentos totales de la planilla, como si el aumento de los mínimos no fuera uno de los aspectos más negativos de estos aumentos realizados ‒en tanto afectan a los que menos pagaban‒ y como si este aumento de los mínimos no fuera el que tiene uno de los impactos más extendidos, tanto por la cantidad de padrones como por su aplicación en todo el departamento, como veremos más adelante. Es real: el impacto mayor del aumento de los mínimos ‒que nosotros cuestionamos en esta Junta Departamental y que fundamentamos en el informe en minoría por parte de nuestra bancada‒ fue en la primera franja.

Sin embargo, usted, señor presidente, fue el principal defensor de esos tres artículos, de esos tres artículos que aumentaban en forma muy significativa la contribución inmobiliaria.

Usted decía también, en un medio radial…

SEÑOR PRESIDENTE.- Van como diez alusiones...

SEÑOR DELGADO.- Sí, sí. Lo aludo, no hay problema.

¿Yo tengo tiempo libre, no?

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, señor. Diez por tres: treinta.

SEÑOR DELGADO.- Gracias.

Luego tenemos el incremento de los mínimos a todas las tasas mínimas de la contribución, que lleva a que cualquier padrón del departamento de Maldonado pague un mínimo de $6.400 o $6.500. Es una cifra que puede resultar ser un aumento importante para quienes pagaban un mínimo de $3.000 o $4.000 el año pasado, pero que si usted lo divide en el año son $500 por mes para cada uno de los servicios municipales; menos que lo que cuesta el cable… Así que, como los vecinos tienen cable ‒y en algún momento un jerarca también dijo que era menos que una factura telefónica‒, hay que aumentarles los tributos. Es bárbara la respuesta del Gobierno del Partido Nacional, y esa fue la defensa del aumento de los impuestos en Maldonado.(a.g.b.)

Pero presidente, pesos por mes que van a pagar los servicios municipales… Para pagar los servicios municipales, ¿esta es su política impositiva? ¿Este es el objetivo de las transformaciones regresivas que pretende el Partido Nacional? ¿Que los vecinos paguen por el costo de los servicios municipales?

Conviene considerar el punto y vamos a detenernos. La Intendencia de Maldonado, como resultado de la historia y de la histórica conformación de sus ingresos impositivos a lo largo de muchas décadas, tiene una estructura muy avanzada. Los impuestos directos, como las contribuciones y la patente, predominan sobre los indirectos, y entre los impuestos directos los que gravan a la propiedad inmueble, como los de la planilla, predominan larga e históricamente sobre los demás.

Adicionalmente, entre los impuestos sobre la propiedad, contribución, impuesto general, alumbrado, etc., predomina el aporte de los padrones de mayor valor, localizados sobre la costa y en general pertenecientes a los propietarios de gran poder adquisitivo. Esta estructura de ingresos pertinente, permite que en general la Intendencia haya sido un mecanismo de redistribución económica en tanto recauda de los sectores más pudientes y en tanto el gasto se derrama sobre toda la población y genera inversión pública que permite continuar el desarrollo del departamento y el crecimiento en su actividad económica. Eso fue lo que se hizo por parte de nuestro Gobierno.

Pero con este mecanismo, la inmensa mayoría de los vecinos del departamento no paga el costo de los servicios municipales, paga mucho menos y recibe el fruto de aquella redistribución y en diez años del Gobierno del Frente Amplio nos esforzamos para que esto continuara así y cuando encontramos que los valores inmobiliarios de la costa habían subido más que la inflación, hicimos un ajuste por franjas, distinguiendo la situación y cargando a los sectores de mayor capacidad contributiva, de modo que volvieran a sus niveles de aportes anteriores.

A la inversa de lo que hizo el Gobierno del Partido Nacional, nosotros lo hicimos por franjas ‒en la discusión del Presupuesto quinquenal de 2010‒ y cargamos más a los sectores de la población con más recursos y a la primera franja no la tocamos; con este aumento que se hizo por parte de su Gobierno se tocó más a los que menos tienen, a la primera franja, y a los que más tienen no se los tocó.

Ahora el Partido Nacional nos dice que los vecinos tienen que pagar por los servicios municipales; es llamativo. Quieren que los vecinos paguen el costo real de los servicios de la Intendencia, ¿tienen siquiera una pálida idea del cimbronazo que eso va a significar para la población de este departamento? ¿Tienen idea ‒si quieren avanzar hacia ese objetivo‒ de la magnitud de los aumentos de impuestos que tendrán que hacer para contraerlo? Que lo sepan todos los vecinos, que lo sepan usted intendente, señor presidente y la bancada del Partido Nacional: al Frente Amplio lo van a encontrar firme para enfrentar esos intentos de su Gobierno que son regresivos y de derecha. Lo dijimos en la discusión del Presupuesto: nos van a encontrar defendiendo los intereses de los que menos tienen y en eso es en lo que estamos.

Sobre las últimas declaraciones ‒que analizaremos después y que tienen que ver con los terrenos baldíos‒ fuimos a buscar en algunos medios de prensa escritos, en páginas Web, en las radios, en los medios que ustedes tienen, si había fundamentaciones, pero no encontramos, no había nada.

Sobre el aumento del impuesto a los terrenos baldíos el Gobierno departamental no explicó y nuevamente fue el principal dirigente del Partido Nacional en esta Junta Departamental que fundamentó y defendió esa posición. (a.f.r.)

Y decía el 6 de enero en una emisora radial: “En algunos lados se ha transformado en una cifra impagable y expropiatoria”. Y agregó: “Y entendemos que deberá ser revisado en los próximos días”. A confesión de parte se reconoció que había que tener una revisión sobre esos impuestos de más, el aumento que se les había hecho a los terrenos baldíos.

“Cifra impagable y expropiatoria”, en la que se convierte en algunos lados. El impuesto al baldío alude solo a los grandes baldíos, a las extensiones muy grandes de terrenos o a los fraccionamientos de muchos padrones que aún permanecen baldíos y sin desarrollo, en manos de grandes propietarios o especuladores inmobiliarios, como dijimos anteriormente.

El Gobierno departamental del Partido Nacional le aumentó el 50% por metro cuadrado a los terrenos baldíos sin mirar zona, sin mirar si eran trabajadores, personas humildes que habían construido sus viviendas, que no podían regularizar sus planos, y los trató de la misma forma que a aquel especulador inmobiliario que tiene su terreno desde hace muchísimos años y sigue esperando y especulando.

Debemos recordar, por todos lados también, que en este departamento existen, y figuran como baldíos, viviendas individuales en todos los barrios de Maldonado, en todas las ciudades. Y todos los que están acá saben cuántos hay que no han podido regularizar; todos acá saben la diferencia, lo que planteamos nosotros en la discusión del Presupuesto quinquenal y que no se nos escuchó. Estuvo el Partido Nacional levantando la mano en bloque para el aumento del impuesto a los terrenos baldíos en un 50% al trabajador y trabajadora de Maldonado, no importa dónde viviera, igual que a aquel que era especulador inmobiliario o que tenía grandes propiedades y que seguía teniendo terrenos baldíos.

Nosotros lo dijimos, el Frente Amplio lo advirtió. Entonces, no pueden hoy algunos actores políticos del Partido Nacional rasgarse las vestiduras y decir que hay que revisar y que estuvo mal, porque el 17 de marzo de 2016, en bloque, el Partido Nacional defendió este aumento. No se puede venir a decir hoy que hubo un dedazo de un funcionario y que se equivocó, porque hubo responsabilidades políticas que se plasmaron en la discusión del Presupuesto quinquenal cuando usted tenía la intención, señor intendente, de castigar a los sectores más vulnerables de la población, aumentándoles de forma muy significativa los impuestos en la planilla de contribución inmobiliaria.

Para complementar este análisis respecto a algunas falsedades y explicaciones que se decían por parte de su Gobierno, empezaremos por el impacto de los mínimos.

Veamos un ejemplo, en Pan de Azúcar, de un vecino que en 2016 pagó $4.033. Y veamos una planilla de ese momento, de 2016, en la que figuraba que la contribución inmobiliaria urbana y suburbana era de $1.353, el impuesto general municipal era de $1.531, la tasa de conservación de pavimento era de $734 y el alumbrado público eran $734 ‒no tenía el aumento creado de la cámara de videovigilancia‒, lo que daba un subtotal de $4.352. Este vecino de la ciudad de Pan de Azúcar tuvo una bonificación por pago al contado de $240, como buen pagador tuvo una bonificación de $348, lo que establece un total de $3.763. Y sumándole los timbres y el derecho de expedición ‒que también figuran en la planilla de contribución inmobiliaria‒, este vecino pagó $4.033.

(Siendo la hora 22:59 minutos asume la Presidencia el tercer vicepresidente, edil Marco Correa).

Pero veamos lo que hubiera tenido que pagar este vecino si el Gobierno departamental que usted encabeza, señor intendente, el Gobierno departamental del Partido Nacional, junto a la Concertación, que lidera Germán Cardoso y Francisco Sanabria... Este vecino tendría que haber pagado por contribución inmobiliaria urbana $1.462, impuesto general municipal $1.655, tasa de conservación de pavimento $793, alumbrado público $793, lo que hace un subtotal de $4.703. (m.r.c.)

Con la bonificación de buen pagador, que sería de $259, la bonificación del pago contado que sería de $376, tiene un subtotal de $4.067, sumándole los timbres que también figuran en la planilla de contribución inmobiliaria y el derecho de expedición, este vecino, en enero de 2017, tendría que haber pagado $4.366. Esto ajustado por IPC. Pero como esto no se ajustó por IPC y hubo un aumento significativo por parte del Gobierno que usted lidera, señor intendente, este vecino en el año 2017 pagó lo siguiente: contribución inmobiliaria urbana $2.119, impuesto general municipal $2.054, tasa de conservación de pavimento $1.016, alumbrado público $1.016, cámara de videovigilancia $108, lo que hace un subtotal de $6.313.

(Murmullos).

Este vecino tuvo descuento nuevamente porque es buen pagador, le descontaron $348, y también le descontaron por la bonificación del pago contado, que fue de $505, y sumándole los timbres y la planilla de derecho de expedición, hace un total de $5.788. Es lo que pagó este vecino, pagaba más.

Si quiero lo aludo, señor presidente, o que no hable atrás mío. Edil Sena, si quiere lo aludo y me contesta después, pero si va a hablar atrás mío… Gracias.

Entonces presidente, y señor intendente, aquí estamos en el efecto, justamente, del aumento de los mínimos, de cargar más a los que menos tienen y de defender los intereses de los grandes capitales, temas que no podemos tocar porque no es para eso la interpelación de hoy, pero que sí exoneraron de impuestos a los poderosos.

Presidente, el total de la planilla que hubiera pagado este vecino en 2016 recordamos que hubiera sido de $4.366, pero se va a $5.788; sube un 32%. Este efecto final y puro de los aumentos de mínimos que afecta a zonas y localidades del departamento y es un aumento del 32,6% después de aplicar la inflación, o sea: hay un aumento real sin incluir el efecto del ajuste por IPC. Aumento real por la decisión política de su Gobierno de castigar más a los que menos tienen.

(Siendo la hora 23:03 minutos, vuelve a ocupar la Presidencia el señor edil Rodrigo Blás).

Pero veamos ahora el impacto de las cámaras de videovigilancia en la planilla de contribución inmobiliaria. El impuesto de videovigilancia afecta a todos los padrones del departamento de Maldonado. No se escapa ninguno. Tiene un mínimo de $108, pero nadie crea que la mayoría paga el mínimo. Como es un porcentaje del valor del aforo, cuanto más grande sea este valor de aforo, más se paga de videovigilancia. Por lo tanto, en todos los lugares donde los aforos aumentaron, los importes de videovigilancia también crecieron.

Esos casos los veremos más adelante, señor intendente. Pero ahora veremos cómo funciona el impuesto de los padrones donde los aforos solo cambiaron por IPC o sin el aumento real. Veamos un caso de San Carlos, una casa con un valor de aforo de 83.411 en el 2016, que quedó en 90.167 en 2017, o sea, con una simple actualización del IPC, donde la alícuota era del 6%, la contribución y el pago del 2016, tenía un total de 9.699. Pongan atención, ustedes, señor intendente y sus directores, que en San Carlos se paga 3.000 y 4.000 y a este padrón corresponde un pago por videovigilancia de $495. (g.t.d)

A una casa de Pan de Azúcar ‒con un valor de aforo de 2016 que, actualizado por IPC, quedó en $37.857 en 2017‒ le corresponde una alícuota del 3% para la contribución, por lo que pagó un total de $4.838 de la planilla en 2016; a este padrón le corresponde un impuesto de videovigilancia de $208.

Podríamos seguir, pero veremos otros ejemplos más adelante, cuando saquemos los recibos de contribución inmobiliaria que demuestran y certifican lo que estamos diciendo; hay tiempo.

Veamos algún efecto del aumento del impuesto a los baldíos, que también aumenta la planilla de contribución inmobiliaria. Un padrón de Maldonado Nuevo, de la calle Francisco Moreno ‒todos la conocen; o por lo menos algunos‒, paga los mínimos de contribución, impuesto general, tasa de pavimento, alumbrado público y videovigilancia. En 2016 había pagado $281 de baldío, y en 2017 le hubiera correspondido pagar, por el simple ajuste del IPC, $307. Pero al aplicársele el 50% del aumento adicional que votó el Partido Nacional, le corresponde pagar $455.

Pero, señor intendente ‒y digamos que esto es fundamental, y se puede realizar una simple comprobación mirando a través de los satélites, desde la propia página Web de la Intendencia‒, si ustedes recorren ese padrón, si ustedes van a esa zona en la que establecieron un 50% de aumento para el terreno baldío, van a ver que hay zonas edificadas en toda esa manzana; edificaciones de gente humilde, de gente trabajadora que vive con su familia y que no esperaba un aumento de estas características: que su Gobierno recargó en un 50% más a los terrenos baldíos. Ese vecino tiene que pagar el mismo aumento que pagaban, o que pagan, aquellos que tienen tierra y especulan de forma inmobiliaria.

Pero, presidente y señor intendente, esa planilla sin el baldío ‒que no es real‒ hubiera tenido un aumento del 23,5%, sin embargo, resulta que tuvo un aumento general del 32,1%, por lo que se fue de $4.679 a $6.181, sin incluir la actualización por IPC.

Veremos ahora el ejemplo de la afectación de la planilla por los reaforos; reaforos que según el Gobierno departamental se hicieron solo en la costa.

Vamos al primer caso: el barrio Sarubbi; todos ubican cuál es. No sabemos cuál es la costa más cercana a dicho barrio, lo único que pasa por allí es la cañada que atraviesa Bulevar Artigas ‒quizás eso es lo más cerca que tienen‒, sin embargo, un padrón que en el 2016 pagaba lo mínimo de contribución ‒$1.353‒, $1.531 de impuesto general, $734 de tasa de pavimento, $789 de alumbrado público ‒algo más del mínimo‒ y $1.551 de impuesto al baldío, con la actualización por IPC le hubieran correspondido pagar ‒es decir, por la normativa a la que antes hacíamos referencia y que el Partido Nacional no quiso aplicar‒ $5.857, porque habría tenido un aumento del 7,5%. El aforo en 2016 era de $22.550, actualizado por IPC hubiera sido de $24.377 en 2017, pero fue reaforado, multiplicando el valor imponible por un factor de 4,2278; o sea, después del ajuste por IPC, se multiplicó más de cuatro veces. Es decir que también se reaforó en el barrio Sarubbi. Por lo tanto, el aforo pasó de los $24.700 que decíamos anteriormente ‒ajustado por IPC‒ a $103.060 por el reaforo. Tenemos el recibo que demuestra que se hizo un reaforo por parte del Gobierno departamental en el barrio Sarubbi. (a.t.)

No fue en la costa, fue en un padrón que pagaba lo mínimo de contribución inmobiliaria y su Gobierno, señor intendente, reaforó esa zona.

Ese vecino, que tendría que haber pagado lo que dijimos hoy ─si lo ajustamos por IPC y comparamos lo que pagó en el 2016─, fíjese lo que pagó, fíjese lo que pagó, señor intendente, en el año 2017, en su planilla de contribución inmobiliaria: $ 3.091 de contribución inmobiliaria, aumentó un 111%; $ 2.061 de impuesto general, aumentó un 24%; $3.607 de alumbrado, aumentó un 322%; $1.016, tasa de pavimento, aumentó un 28%; $566 de las cámaras de videovigilancia y $2.514 de impuesto al baldío, que le aumentó un 50%.

Recordamos que estos aumentos no incluyen el IPC, no incluyen la actualización al año 2017, de tal modo que, con estos aumentos, por cada renglón, esa planilla de este vecino del barrio Sarubbi pasó de $5.450 ─que pagó en el año 2016─, o $5.857 ─que tendría que haber pagado ajustado por IPC por los ajustes de la normativa anterior─, a $11.481; siempre comparando de enero a enero: lo que pagó anteriormente, lo que tendría que haber pagado ajustado por IPC y lo que hizo pagar el Gobierno que usted encabeza, señor intendente, por el reaforo que le hizo en el barrio Sarubbi.

Pero ¿usted sacó la cuenta, señor intendente, o señor director de Hacienda, que aumentaron un 96% real a este padrón? Además, sin tener en cuenta la actualización por IPC. Y saquen la cuenta a cuántos kilómetros de la costa queda el barrio Sarubbi..., está bastante lejos; o sea que no era cierto lo que se decía de que solo se había afectado a la costa. Quizás en ese momento quien tenía razón era el director de Hacienda, que dijo la costa no se tocó: “no se puede tocar la costa porque no estamos de acuerdo con que pague más el que tiene más”, a la inversa de lo que piensa el Frente Amplio.

Entonces, señor intendente, las afirmaciones que se hicieron por parte de los dirigentes del Partido Nacional, las afirmaciones que se hicieron por su parte y por parte del director de Hacienda, no eran reales. Era falso lo que se decía de que no se habían tocado los padrones de Maldonado y de los barrios periféricos. Era real lo que se dijo por parte de nuestra bancada y de nuestra fuerza política cuando anunciamos y cuando después demostramos con documentación que se habían reaforado los distintos barrios de las ciudades de Maldonado y de las distintas localidades del departamento.

Después vamos a entrar en detalles en otros temas con algunas gráficas y con algunos recibos que tenemos de contribución inmobiliaria, donde vamos a analizar de forma detallada esos aumentos que se hicieron y que se dijo por parte del Gobierno que no.

Segundo caso: el padrón de Piriápolis. Este padrón, situado bastante lejos de la costa también…

SEÑOR LEONARDO CORUJO.- Presidente, hay mucho murmullo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Estamos cerrando la puerta.

Continúe.

SEÑOR DELGADO.- Gracias, señor presidente.

Este padrón de Piriápolis, situado, como decíamos, bastante lejos de la costa, en el 2016 pagaba los mínimos en la planilla de contribución inmobiliaria. Pagaba de contribución: $1.353; del impuesto general: $ 1.531; de la tasa de pavimento: $734; del alumbrado público, bastante más que el mínimo: 1.045.

El total, con las bonificaciones y con los otros gastos, significó ─en el año 2016─ para este vecino $4.308. (dp)

Este vecino, si se hubiera ajustado por IPC, con la reglamentación anterior, con la cual ajustaba nuestro Gobierno las franjas mínimas, tendría que haber pagado, en el año 2017: contribución inmobiliaria urbana: $1.462; impuesto general municipal: $1.655; tasa de conservación de pavimento: $793; alumbrado público: $1.130; lo que hacía un subtotal de $5.040, pero este vecino, en el 2016, al igual que ahora, tuvo bonificaciones por buen pagador y por pago contado, lo que significaba un subtotal de $4.359, pero sumándole ‒como decíamos hoy‒ los timbres de la planilla de contribución inmobiliaria y el derecho de expedición hacía una suma de 4.683.

Entonces, con la actualización del IPC, este vecino de Piriápolis, que está lejos de la costa, tendría que haber pagado 4.683, con el aumento del 8,7% del IPC.

El aforo en 2016 de este vecino era de $29.870; actualizado por IPC, sería de $32.289 ‒en este año 2017‒, pero fue reaforado y, multiplicado el valor imponible por un factor de 2,5476, o sea, multiplicado por más de dos veces y media, y después del ajuste por IPC, el aforo de este vecino pasó a $82.260, en el barrio Rivera de Maldonado; recordemos: no en la costa, se reaforó en barrios periféricos de Maldonado, en barrios de la ciudad de las diferentes localidades, no en la costa.

Entonces, señor intendente, este vecino finalmente ‒después de lo que tendría que haber pagado, ajustado por IPC en el 2017‒, como cayó en esa franja mínima porque el Gobierno del Partido Nacional lo perjudicó con estos aumentos, este vecino terminó pagando $2.467 de contribución ‒aumentó un 68,7%‒, $2.054 del impuesto general ‒aumentó un 24%‒, $2.879 de alumbrado ‒aumentó un 154%‒. Tasa de pavimento $1.016 ‒aumentó un 28%‒ y $453 de videovigilancia. Recordemos que esto fue sin incluir el IPC.

De este modo, con estos aumentos por cada renglón, esta planilla, este vecino pasó de pagar en 2016 $4.308, o $4.683 ajustado por IPC, a pagar este año $8.080 porque usted, su Gobierno, lo recargó al aumentar la franja mínima y crear los mínimos.

¿Sacó la cuenta, señor intendente y señor director de Hacienda que a este padrón le aumentaron un 72,8%? ¿Se dio cuenta de que este padrón no está ubicado en la costa? Está lejos de la costa y también se lo recargó.

¿Se da cuenta de que no era cierto cuando decían que solo se había tocado la costa? Que no sabíamos cuál era la posición oficial del Gobierno, pero sí sabíamos que lo que decían no era cierto y que lo que había reafirmado el Frente Amplio, su bancada, era real que iba a pasar: querían poner en vigencia los artículos 53, 54, 55 y 56 del Decreto Nº 3.622 para hacer un reaforo de forma genérica, a dedo, y no por error de un funcionario, sino por una decisión política del Gobierno del Partido Nacional.

Pero vamos a poner otro caso, señor intendente ‒que después lo vamos a analizar en detalle también‒ que tiene que ver con el aforo de un padrón de un vecino del barrio Rivera en el 2016, que era de $12.115, actualizado por IPC hubiera sido de $13.096 en este año 2017. (m.g.g.)

Pero fue reaforado multiplicando el valor imponible por un factor del 5,34%, o sea, multiplicado por más de cinco veces, después del ajuste por IPC, por lo que el reaforo pasó, fíjese, de $13.096 que tendría que haber sido el ajuste por IPC a $70.633; barrio Rivera. Recordemos que tampoco está en la costa.

Por efecto de este reaforo que hizo el Gobierno departamental, que no fue en la costa, que fue en este padrón, el mismo, que pagaba los mínimos de contribución, del impuesto general, del pavimento, del alumbrado público, pasó a pagar: $2.119 de contribución inmobiliaria, aumento del 44,8% en relación con lo que pagaba; $2.054 del impuesto general, aumento de un 24% de lo que pagaba; $2.472 de alumbrado, aumento de un 211% de lo que pagaba; $1.016 de la tasa de pavimento, aumento de un 28% de lo que pagaba, y $388 de las cámaras de videovigilancia.

Recordemos que otra vez estos aumentos no incluyen el IPC, o sea, que no son los aumentos después de la actualización por IPC del 8,1%.

De este modo, con estos aumentos, por cada renglón que señalábamos en la planilla de contribución inmobiliaria, este vecino, que pagó $4.033 en el año 2016 y que tendría que haber pagado $4.342 en el año 2017 si le hubiesen ajustado con la normativa anterior que utilizaba el Frente Amplio, terminó pagando, en el año 2017, $7.280, siempre comparando enero a enero, enero de 2016 con enero de 2017.

¿Sacaron las cuentas señor intendente, señor director de Hacienda, de que este aumento fue de un 67,6%, sin ajustar el IPC, y que este padrón está lejos de la costa, está ubicado en el centro de Maldonado, en el corazón de Maldonado?

Tenemos más ejemplos de otras localidades que después vamos a profundizar detallando localidad por localidad. Pero veamos que estos ejemplos no son solo de San Carlos, no son solo de Piriápolis, no son solo de Aiguá, son de barrios de Maldonado como Cerro Pelado o como Maldonado Nuevo.

En esos setecientos y pico de padrones que rodean la zona del centro pretendieron pasar las planillas de $4.000 a más de $10.000 o de 4.000 y poco a casi 15.000, estando a muchas cuadras del centro, señor intendente. Después, ante el reclamo de los vecinos dieron marcha atrás y dijeron que había que revisar. Pero esta misma situación, señor intendente, la viven los vecinos de Pan de Azúcar, los vecinos de Piriápolis, los vecinos de Aiguá, los vecinos del Balneario Buenos Aires, que sufrieron este impacto en sus bolsillos y sufrieron esta carga tributaria del Gobierno que usted encabeza.

También tenemos ejemplos en San Carlos, donde pasaron de poco más de 6.000 a poco más de 9.000, y no han retrocedido en esos padrones; también en algunos barrios de Pan de Azúcar, Piriápolis y Maldonado, que no dieron marcha atrás, pero que recargaron en forma muy significativa el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras de Maldonado.

La magnitud de los ejemplos, los mensajes de los vecinos, no dejan lugar a dudas, presidente y señor intendente, de que los aforos no fueron solo en la costa y tampoco fueron en esos setecientos casos de San Carlos que rodean la llamada zona centro, o sea, el conjunto de padrones que da a las avenidas Alvariza, Ejido, Rocha o Tomás Berreta.(c.g)

Hay más padrones en todo el departamento de Maldonado que sufrieron el mismo impacto y, sin embargo, se siguió adelante cobrando la contribución inmobiliaria, en lo que los vecinos vieron afectados sus bolsillos.

Veremos ahora la magnitud del impacto de estos aumentos en relación a la cantidad de padrones. El Gobierno ha dicho en reiteradas oportunidades que son pocos los padrones afectados; vamos a demostrar después, a lo largo de la noche, con ejemplos, que eso no es real.

En su momento, en un diario local, el señor director de Hacienda dijo: “Fíjese que Maldonado cuenta con más de ciento treinta mil padrones y de ellos se han tocado solamente aproximadamente dieciocho mil. Es decir que se ha afectado poco más del 12% del universo total, en tanto el 88% de los restantes no sufrirá modificación alguna, salvo la prevista en el artículo 78 del Presupuesto vigente, que es el IPC”.

Bueno, vamos a analizar este punto después, señor intendente.

Padrones afectados por los mínimos. En este aspecto le vamos a decir que, de acuerdo a nuestras estimaciones, los padrones afectados por el aumento de los mínimos de la contribución inmobiliaria no son menos de setenta y seis mil en todo el departamento, de los cuales son no menos de catorce mil en la ciudad de Maldonado, no menos de ocho mil en la ciudad de San Carlos, no menos de cinco mil en la ciudad de Piriápolis, no menos de dos mil doscientos en la ciudad de Pan de Azúcar y no menos de mil seiscientos en la ciudad de Aiguá.

Padrones afectados por el impuesto para videovigilancia, las cámaras, que ya hemos dicho. Afecta a todos los padrones del departamento, o sea, si es cierto lo que afirma el director de Hacienda, son ciento treinta mil padrones.

Padrones afectados también por el impuesto al baldío. Los padrones afectados por la suba del impuesto al baldío no son menos de cincuenta y siete mil.

Los padrones afectados por los reaforos. No podemos estimar cuántos padrones han sido afectados por reaforos porque el Ejecutivo, rodeado con tal misterio, con secreto, con hermetismo, con falta de transparencia y sin fundamentarlo ante esta Junta Departamental, no ha informado de los criterios que se utilizaron para hacer estos reaforos que usted, señor intendente, dijo que no se habían realizado.

Aclaremos finalmente que hemos hecho estimaciones en este punto y no afirmaciones precisas y concretas por la negativa de su Gobierno a informar a esta Junta Departamental, donde hemos hecho pedidos de informes de forma reiterada ‒del año 2016 los ingresos y del año 2017‒, pedidos de informes que el Gobierno departamental y el director de Hacienda no contestaron. Pedidos de informes que ahora hicimos a través de otra ley, pero ya se nos dio respuesta por parte de la señora directora de Jurídica: “No tenemos derecho como ciudadanos porque somos ediles departamentales”. Bien.

Redondeando nuestro análisis de cuando señalamos esto, los aumentos de los mínimos implementados sin criterio son, en síntesis: que el que tiene menos pague más. Se podían haber mantenido los mínimos vigentes en 2016, se podían haber aumentado los mínimos según la zona o localidad catastral, pero no se hizo así, se subieron lisa y llanamente los mínimos, lo que representa esa concepción de derecha que tiene el Gobierno que usted encabeza, señor intendente.

El impuesto de las cámaras de videovigilancia se rige por un criterio: hay que tratar igual al que tiene mucho y al que tiene poco. ¿Se pudo aplicar por zona?, claro que sí; ¿se pudo aplicar por franja?, claro que sí; ¿se pudo aplicar gradualmente?, se pudo aplicar gradualmente; ¿se pudo aplicar con variados porcentajes según los aforos?, se pudo aplicar así. Pero no se hizo así, se puso el mismo porcentaje para todo el mundo, sin consideraciones económicas, sin consideraciones sociales o territoriales, con esa concepción tributaria regresiva y de derecha que tiene el Gobierno que usted encabeza, señor intendente. (k.f.)

El lema del impuesto al baldío se puede sintetizar, no importa la realidad: da lo mismo un especulador que un trabajador, que un obrero de Maldonado. Así quedó demostrado y ese fue el fundamento que utilizó el Gobierno del Partido Nacional para cargar a los terrenos baldíos. ¿Se acuerdan de lo que decíamos hoy? Esos terrenos baldíos son de gente humilde, de gente trabajadora que no pudo regularizar sus planos. Esto afecta directamente a los barrios periféricos de Maldonado, a esos barrios populosos como Maldonado Nuevo, como Cerro Pelado, pero el Gobierno del Partido Nacional, que usted encabeza, señor intendente, los castigó aumentándoles un 50% por metro cuadrado por terreno baldío.

¿Se podía aplicar por zona, excluyendo y diferenciando localidades a desarrollar y habitables? Claro que sí, se podía hacer. ¿Se podía aplicar por franja, excluyendo y diferenciando, según valores de aforo? Claro que sí, se podía hacer. ¿Se podía aplicar con variados porcentajes, según aforos, y aumentar nada o menos a los padrones efectivamente habitados por población de bajos y medianos recursos? Claro que sí, pero el Gobierno del Partido Nacional tomó la decisión política de castigar a esos sectores de la población de trabajadores y trabajadoras de Maldonado. Se podría haber establecido el procedimiento para excluir totalmente del aumento a los padrones de los terrenos baldíos a aquellos ciudadanos y ciudadanas que no habían podido regularizar sus planos pero estaban viviendo con sus familias y tenían dificultades enormes para regularizar sus planos y hoy ven recargada su planilla de contribución inmobiliaria porque se les aumentó en un 50% el impuesto al terreno baldío.

Todo esto también representa la concepción tributaria, regresiva y de derecha que tiene el Gobierno departamental, que castiga a los sectores de la población que menos recursos tienen y que beneficia a los grandes capitales.

¿Cuál es el criterio de los padrones reaforados? ¿“Si se me antoja le subo”? Aparentemente, todo explica que sí. Hasta ahora el Gobierno departamental no dio una explicación seria, transparente, responsable, que reafirme la posición que salieron a desmentir. Lo que salieron a decir fue que había un funcionario que se había equivocado, que había llegado un día a la Intendencia departamental, había ingresado a la computadora ‒quizás se levantó mal ese funcionario‒, había metido mal el dedo y había reaforado. Reaforó barrio Rivera, barrio Sarubbi, barrio Lavalleja, reaforó setecientos once padrones de San Carlos que estaban mal, reaforó Piriápolis, reaforó Pan de Azúcar y reaforó Aiguá. Ese funcionario tenía un mal día y le erró el dedo, erró en más de cincuenta y siete mil padrones.

Bien, es fácil sacarse la responsabilidad política por parte del Gobierno del Partido Nacional. Es fácil sacarse la responsabilidad que el Gobierno del Partido Nacional plasmó en este Presupuesto quinquenal, pero todo indicaba justamente, como lo estableció nuestra bancada, que querían hacer un reaforo generalizado en todo el departamento, sin importar zona, sin importar territorio, y lo hicieron.

Se pudo haber hecho en forma transparente, notificada y pública, pero se mantuvo en secreto hasta el último momento. Se pudo haber hecho con bases técnicas sólidas, pero se hizo en forma arbitraria e inconsistente, con notorios errores, por lo que dice el Gobierno. Se pudo haber iniciado un proceso general de estudio, pero se prefirió el retoque parcial por aquí, por allá, sin sentido global y orgánico, con claro afán recaudatorio. Eso es la política que llevó adelante el Gobierno del Partido Nacional.

En la fundamentación y cuando debatíamos el Presupuesto quinquenal, en el informe en minoría que realizó nuestra bancada caracterizábamos a este Gobierno del Partido Nacional y al proyecto presupuestal y dijimos que era fiscalista, en una de las tantas calificaciones que le habíamos hecho, y no nos equivocamos.

Pero con esto no queremos que sea simplemente un ejercicio retórico. Trajimos propuestas concretas, que presentamos como moción en esta Junta Departamental para encaminar soluciones a los problemas que hemos vivido, problemas que trató nuestra fuerza política y que le plantearon a usted en su momento, señor intendente. (a.g.b.)

Y proponemos al intendente que se suspenda inmediatamente la aplicación de los mínimos que se aumentaron en el artículo 83 del Decreto 3.947 y que el Ejecutivo remita inmediatamente un mensaje a la Junta Departamental para modificar el decreto presupuestal vigente y regularizar el destino de la recaudación ya efectuada por este concepto.

f) Proponemos al intendente que se suspenda inmediatamente la cobranza del impuesto de videovigilancia implementado en el artículo 82 del Decreto 3.947 y que se remita un mensaje a esta Junta Departamental para modificar el decreto presupuestal vigente y regularizar el destino de la recaudación ya efectuada por ese concepto.

g) Proponemos al señor intendente que se establezca inmediatamente un procedimiento administrativo para suspender el aumento del impuesto al baldío, implementado en el artículo 84 del Decreto 3.947 a todos los vecinos que han construido en predios que figuran como tales sin serlo, y demuestren, además, voluntad de regularizar y que se remita un mensaje a la Junta Departamental para modificar el decreto presupuestal vigente y regularizar el destino de la recaudación ya efectuada por ese concepto.

h) Proponemos al intendente que se suspendan los reaforos realizados en todas, con fundamentos técnicos que sea remitido a esta Junta como promueve la normativa vigente y que también regularice el destino de la recaudación ya efectuada por este concepto.

Vamos a pasar a las preguntas ‒que luego vamos a alcanzar a la Mesa para que no se diga que no se entendieron‒ que son bastantes.

Sobre los mínimos, 1) ¿Cuántos y cuáles son los padrones afectados por el aumento de mínimo en el impuesto de contribución inmobiliaria urbana en cada localidad catastral del Ejercicio 2017?

2) ¿Cuánto es el importe de la emisión del Ejercicio 2017 en el impuesto de contribución inmobiliaria urbana para los padrones que pagan el mínimo?

3) Cuántos y cuáles son los padrones afectados por el aumento de mínimo en el impuesto general municipal en cada localidad?

4) ¿Cuánto es el importe de la emisión del Ejercicio 2017 en el impuesto general municipal para los padrones que pagan el mínimo?

5) ¿Cuántos y cuáles son los padrones afectados por el aumento de mínimo en el impuesto de alumbrado público en cada localidad catastral?

6) ¿Cuánto es el importe de la emisión del Ejercicio 2017 en el impuesto de alumbrado público para los padrones que pagan el mínimo?

7) ¿Cuánto y cuáles son los padrones afectados por el aumento de mínimo en la tasa conservación de pavimento en cada localidad catastral?

8) ¿Cuánto es el importe de la emisión del Ejercicio 2017 en la tasa de conservación de pavimento a los padrones que pagan el mínimo?

9) ¿Cuántos y cuáles son los padrones que pagan el mínimo en el impuesto de videovigilancia en cada localidad catastral?

10) ¿Cuánto es el importe de la emisión del Ejercicio 2017 en el impuesto de videovigilancia para los padrones que pagan el mínimo?

11) ¿Cuántos y cuáles son los padrones que pagan por encima del mínimo del impuesto de videovigilancia en la localidad catastral?

12) ¿Cuánto es el importe de la emisión total del impuesto de videovigilancia en el Ejercicio 2017? (a.f.r.)

13) ¿Cuánto es el importe de la emisión del impuesto de videovigilancia del Ejercicio 2017 por cada localidad catastral y por cada una de las franjas de alícuotas en la contribución inmobiliaria?

Sobre los aumentos del impuesto al baldío.

1) ¿Cuántos y cuáles son los padrones que pagan el impuesto al baldío en cada localidad catastral?

2) ¿Cuánto es el importe de la emisión del impuesto al baldío del Ejercicio 2017 por cada localidad catastral, por cada zona del impuesto y por cada una de las franjas de alícuotas de la contribución inmobiliaria?

Sobre los padrones reaforados.

1) ¿Cuántos y cuáles son los padrones que fueron reaforados por cada localidad catastral?

2) ¿Cuáles son los valores de aforo de todos los padrones urbanos del departamento en la emisión del Ejercicio 2016?

3) ¿Cuáles son los valores de aforo de todos los padrones urbanos del departamento en la emisión del Ejercicio 2017?

4) ¿Cuánto y cuáles son los padrones a los que provisoriamente se les fue dejando sin efecto del reaforo realizado en 2017?

5) ¿Cuál es el contenido de los informes técnicos que posee la Intendencia respecto a la necesidad, alcance y criterio del eventual aforo que según el Gobierno todavía se debe realizar en el departamento?

6) ¿Cuál es la tecnología a emplear y cuáles los recursos humanos y los recursos técnicos que la Intendencia posee para realizar ese eventual reaforo?

Sobre la emisión de planilla en general.

Listado completo de la emisión de planillas de contribución inmobiliaria urbana correspondiente al mes de enero de 2017 de todos los padrones de todas las localidades catastrales, en formato electrónico de archivo XLS ‒en la cantidad necesaria en hojas y planillas tipo Excel o archivo para abarcar todos los registros‒, en las que figure para cada padrón: a) Localidad. b) Número de padrón. c) Apartamento. d) Bloque. e) Año del último pago. f) Importe del impuesto de contribución inmobiliaria. g) Importe del impuesto de alumbrado. h) Gravámenes. i) Importe de tasa de conservación de pavimento. j) Importe de tasa forestal. k) Importe del impuesto general municipal. l) Importe adicional para la financiación del sistema de cámaras de videovigilancia. m) Suma de los importes anteriores. n) Importe de la bonificación por pago contado en enero. o) Cantidad de años acumulada para la bonificación del buen pagador. p) Importe de bonificación por buen pagador. q) Subsuma total de planilla, incluyendo bonificación del buen pagador. r) Importe del timbrado. s) Importe del derecho de expedición. t) Importe del valor imponible. u) Tasa de la alícuota correspondiente al impuesto de contribución inmobiliaria.

Por otra parte, el listado completo de la emisión de planilla de contribución inmobiliaria urbana correspondiente al mes de enero de 2016 de todos los padrones de todas las localidades catastrales, en formato electrónico de archivo XLS ‒en la cantidad necesaria en hojas y planillas tipo Excel o archivo para abarcar todos los registros‒ en las que figure para cada padrón: 1) Localidad. 2) Número de padrón. 3) Apartamento. 4) Bloque. 5) Año del último pago. 6) Importe del impuesto de contribución inmobiliaria. 7) Importe del impuesto de alumbrado. 8) Gravámenes. 9) Importe de tasa de conservación de pavimento. 10) Importe de tasa forestal. 11) Importe del impuesto general municipal. 12) Importe adicional para la financiación del sistema de cámara de videovigilancia. 13) Suma de los importes anteriores. 14) Importe de la bonificación por pago contado en enero. (m.r.c.)

15) Cantidad de años acumulada para la bonificación del buen pagador. 16) Importe de la bonificación por buen pagador. 17) Suma subtotal de la planilla incluyendo bonificación del buen pagador. 18) Importe del timbrado. 19) Importe del derecho de expedición. 20) Importe del valor imponible. 21) Tasa de la alícuota correspondiente para el impuesto de contribución inmobiliaria.

Esas son las preguntas, señor intendente; después vamos a estar acercando a la Mesa una moción que vamos a proponer. Vamos a escuchar las respuestas y después, seguramente, entraremos en algún detalle más de acuerdo a las respuestas que se nos den con documentación que tenemos, que certifican todos los datos que hemos dado.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor edil.

Señor edil Correa.

SEÑOR DARWIN CORREA.- Presidente, vamos a solicitar prórroga de hora por una hora.

(Manifestaciones desde la barra).

SEÑOR PRESIDENTE.- Es una moción de orden…

Se va sola, está bien.

Moción de orden, una hora de prórroga, por la afirmativa.

SE VOTA: 19 en 31, afirmativo.

Señor Delgado, ¿tiene las preguntas por escrito? Si las puede traer… Los números de padrón de los ejemplos, ¿los tiene? ¿Los va a acercar después?

SEÑOR DELGADO.- ¿El número de padrón? Tenemos confirmado lo que dijimos, si quiere después mostramos la planilla de acuerdo a lo que nos responda.

SEÑOR PRESIDENTE.- El número de padrón se puede ver.

SEÑOR DELGADO.- Me gustaría, primero, que se dé respuesta en términos generales a lo que se planteó y después nosotros vamos a ratificar y reafirmar que tenemos la documentación de lo que dijimos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Correcto, está en su derecho.

Tiene la palabra el señor intendente Antía.

SEÑOR ANTÍA.- Buenas noches, señor presidente, señores ediles, vecinos que están presentes.

Nosotros vinimos en esta fecha porque entendíamos que teníamos que dejar que culminara el período de pago, que culminó –el principal– el último día de febrero. Además, esa fue la contestación que dimos en la instancia que nos pidieron que asistiéramos a sala. Nos parecía que venir a dar explicaciones en momentos de cobranza era atentar casi contra las posibilidades de cobranza del pueblo de Maldonado, era ir en contra de las posibilidades de recaudación, íbamos a tener muchas dificultades, de pronto, a la hora de seguir para adelante con el departamento.

Pero hoy tenemos claro que un año después estamos discutiendo el Presupuesto aprobado ‒que es ley‒ por la Junta Departamental. Un año después. Esto ya fue suficientemente discutido en ocasión de la votación y a partir del 1° de enero lo que corresponde es que se empiece a aplicar el Presupuesto. No le voy a explicar a ustedes lo que eso significa, pero está claro que estamos actuando dentro de la ley. Es absolutamente legal todo lo que nosotros aplicamos en el Presupuesto, está dentro de la ley, fue aprobado por la Junta Departamental y estamos cumpliendo a rajatabla lo que la ley dice y fue aprobada. Para que quede claro, acá lo importante es cumplir las normas y esa norma fue discutida y aprobada lo suficiente en el momento que tenía que ser discutida y aprobada.

Lo que ocurre es muy claro: acá ganó el Partido Nacional aunque algunos aún no se den cuenta o no lo quieran creer. (g.t.d.)

El Partido Nacional definió su Presupuesto y está gobernando, está haciendo lo que tiene que hacer para levantar a Maldonado de la situación catastrófica en la que lo heredamos. Recibimos un Maldonado con muchísima deuda y sin recursos; recibimos 93.000.000 de deuda ‒comprobados‒ y cuentas a pagar ‒cantidades a las que seguramente el director de Hacienda hará referencia‒ en forma inmediata en los bancos.

Y en aquella instancia de votación del Presupuesto pensamos que, bueno, así como en alguna oportunidad el Partido Nacional ayudó al Gobierno anterior con su voto ‒voto que precisaba para seguir adelante con los proyectos del departamento‒, en esta instancia nosotros íbamos a recibir el respaldo necesario para obtener un fideicomiso de largo aliento que nos permitiera pagar las cuentas de las obras que ellos no habían pagado ‒obras que empezaron y no habían pagado‒, pero no tuvimos suerte; nos tuvimos que arreglar ‒nos tenemos que arreglar‒ con lo que teníamos y con lo que pudiéramos recaudar. Es decir que tuvimos que hacer frente a ese enorme endeudamiento que recibimos con ese Presupuesto que se votó y que hoy está casi en discusión.

A pesar de eso, no establecimos incrementos fuertes en el departamento ni incrementos que no tuvieran racionalidad. Aplicamos el IPC, por norma, en prácticamente todo el departamento, y aplicamos pequeños ajustes, adecuaciones en algunos elementos que entendíamos eran de clara justicia y que no son pasibles de calificarse como tarifazos, porque son de absoluta racionalidad. Nosotros precisábamos recursos para limpiar la ciudad, que estaba sucia; precisábamos recursos para arreglar las calles, que estaban destruidas; precisábamos recursos para recuperar los museos, el gimnasio, las piscinas, el estadio, las plateas, las calles, la maquinaria de todo el departamento, que estaban destruidas. Teníamos que afrontar deudas que no eran nuestras y no teníamos recursos.

Las pequeñas adecuaciones que nosotros hicimos son de justicia, y vamos a explicar por qué son de justicia. En aquel momento esa fue una decisión de gobierno; decisión que pusimos en marcha a partir del 1º de enero. Estamos gobernando. Les guste o no les guste, es el Partido Nacional el que está haciendo las cosas y los recursos que tenemos están expresados.

Además, no hubo ‒de verdad‒ ninguna movida popular en contra de eso; no notamos nada. Tal vez desde el ámbito del sector político ‒muy politizado‒ del partido que estaba en el Gobierno lo estén notando, pero nosotros no notamos eso en la gente; no tenemos esa sensación.

Es más: hubo una invitación, una convocatoria al no pago. Hubo una clara convocatoria a no pagar, con manifestaciones en Piriápolis que fueron convocadas por todos los medios y que apenas apoyaron unas cuarenta o cincuenta personas ‒casi todos dirigentes; muchos de ellos están en esta sala‒; es decir, no hubo un respaldo popular a eso. Los pagos que se hicieron en Piriápolis, lo que pagó la gente en Piriápolis, en Maldonado y en San Carlos nos confirma que no hubo incremento de morosidad en los padrones, pagaron la misma cantidad de padrones. (a.t.)

Es más, recaudamos mejor en todo el departamento, hay menos morosidad ‒recaudamos mejor en todo el departamento‒, más allá de toda la manija que se dio y todo el llamado, en pleno período de pago, a que la gente no pagara, algo que es de gran irresponsabilidad ‒creo que es algo de gran irresponsabilidad‒ a tal punto que podría haberse considerado un delito.

El Código Tributario es muy claro y en el artículo 111 dice: “Instigación pública a no pagar tributos. El que instigare públicamente a rehusar o demorar el pago de los tributos o efectuare maniobras concertadas tendientes a organizar la negativa colectiva al cumplimiento de las obligaciones tributarias será castigado con la pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría”.

No se nos ocurrió hacer la denuncia penal, pero está hasta tipificado en los Códigos. Nos pareció muy mal que el Frente Amplio y, sobre todo el sector que estuvo en el Gobierno, convocara a la población a no pagar, después de habernos dejado un muerto de U$S93.000.000 y toda una Intendencia destruida para recomponer y todo el trabajo enorme de reconstitución del departamento de Maldonado para ponerlo en las condiciones que se merece.

Parece que no se dieron cuenta de que perdieron la elección y siguen en campaña política, porque así lo hicieron durante todo el año pasado y lo siguen haciendo hasta ahora, hace un año y medio que están en campaña política, poniéndole un palo en la rueda a todas las decisiones de la Administración; están en su derecho de hacer campaña política con este tema de los impuestos, pero no creo que doña María y don José estén desconformes porque pagaron la misma cantidad de padrones que pagaron el año anterior, la misma, no pagaron de menos, no se incrementó la morosidad. También en las zonas reaforadas pasó lo mismo.

Acá, hablar de $6.600 por año en un pago de una contribución por todos los servicios que da la Intendencia, no creo que sea hablar de tarifazo. De todo el país ‒y nosotros vamos a mostrarle contribuciones de todo el país‒ Maldonado está en el mínimo ‒que lo paga mucha gente en el departamento‒, es el departamento que menos paga ‒prácticamente el departamento que menos paga‒, ni qué hablar que paga mucho menos que Montevideo, ni qué hablar que paga mucho menos que Canelones, ni qué hablar que paga mucho menos que lugares de la capital de Rocha y de La Paloma.

Acá, en Maldonado, hubo, durante muchos años, un trabajo de incrementar las contribuciones por porcentajes y se generó un desfasaje por el que es imposible brindar los servicios que debe brindar Maldonado; es imposible levantar la basura, arreglar las calles, prender las luces con $4.000, $5.000 y se aumentó a 6.600 y eso es sensatez, nosotros entendemos que esto es lo razonable y no tengo miedo a que mañana, después de que hagamos la gestión, la gente lo evalúe y ahí vamos a ver. Nosotros ahora sí vamos a poder trabajar para limpiar los barrios, las calles, pintar las cebras ‒como se está haciendo‒, arreglar las calles y arreglar la caminería rural de todo el departamento. Estamos trabajando, para eso precisamos plata y la plata sale del Presupuesto y no podemos hablar de tarifazo cuando no se pagaba prácticamente nada.

La ciudades de San Carlos y de Piriápolis, que tienen el mayor índice de morosidad del departamento, son las que menos pagan, por eso los aforos empezaron en esa zona. Todo lo que se recaude ‒por todo concepto‒ en la ciudad de San Carlos, más La Barra, más Manantiales, más todo eso, no alcanza para ocho meses de funcionamiento de San Carlos; habría que cerrarlo después. (m.g.g.)

Lo mismo pasa en Piriápolis; creo que alcanza para diez meses. Por supuesto, si no se paga no se puede hacer nada, no se puede pedir obra, no se puede pedir mejor limpieza, no se pueden pedir mejores servicios... Entonces, construimos un Presupuesto realista donde se incrementó por IPC en todas aquellas zonas que ya habían sido, durante años, la base del sostén del Presupuesto departamental y se empezó un proceso de pequeño ajuste en los temas de reaforos, de baldío y en cuanto a los mínimos. Pequeño reajuste que, entre todos los reajustes, contando las cámaras de vigilancia, no pesan más 9% del total del ingreso. Es decir, no estamos construyendo un Presupuesto en función de eso, estamos llevándolo a la realidad para poder cumplir con los trabajos mínimos de servicio a la comunidad. Y eso nos permite hoy, con tranquilidad, decir que no fue exagerado para nada, porque los porcentajes de cumplimiento en todos esos impuestos fue muy importante.

En enero y febrero se recaudó un 11% y 8,79% más que el año pasado. Son los mismos padrones: ciento treinta y seis mil y ciento treinta y siete mil; ciento treinta y seis mil el año pasado y ciento treinta y siete mil este año. Al 28 de febrero pagaron el año pasado 66%, este año 66,83%, a finales de febrero casi un 1% más; yo creo que ahí influyó la buena temporada turística, seguramente ayudó.

Solo se reaforó ‒y ahí tengo algunas diferencias con el señor edil‒ en la zona de costa. El reaforo se hizo solo en la zona de costa: diecisiete mil doscientos cuarenta y nueve padrones. En el 2017, de esos diecisiete mil doscientos cuarenta y nueve padrones padrones, pagaron doce mil seiscientos veintinueve; 73,22%. Y en el año 2016 esos mismos padrones ‒los mismos‒ pagaron ‒doce mil ochocientos veinte padrones‒ 74,1%, es decir, no hubo incremento de morosidad en esos padrones. Pagaron todos. Se ve que el reaforo no estaba tan mal hecho. Y pagaron todos, podían pagar.

Había grandes injusticias ahí; acá hablamos de justicia tributaria, cuando hicimos el reaforo. En toda esa zona de la costa había propiedades muy buenas en las que solo se reaforó el terreno, no la casa, esa va a ser otra etapa. Solo se reaforó el terreno. Ninguno de esos terrenos vale menos de U$S30.000 o U$S40.000, ninguno te lo vende por menos de eso…, y 60.000 y 100.000, y pagaban $5.000, $6.000. Y se tomó la precaución de ponerle un tope, porque al reaforo le correspondía más, pero se puso un tope para no incrementar de más.

Nosotros vamos a mostrarles en el día de hoy cómo se hizo técnicamente todo el trabajo, porque quienes fueron responsables del trabajo, el director de Catastro y el director de Auditoría, están presentes y fueron quienes trabajaron en eso. Se los vamos a demostrar, señores ediles. Por supuesto que no íbamos a venir en pleno período de pago para sembrar dudas y que la gente no pagara. Por supuesto, se cae de maduro. La responsabilidad de la gestión en Maldonado es nuestra y tenemos que asumirla, como debe ser.

Respecto a los mínimos de contribución inmobiliaria, hablamos de eso, no menos de $6.600… ¿cómo hacés con menos de $6.600 por año para levantar la basura, arreglar las calles, poner la luz, hacer la obra social que se está haciendo? Porque también ahí está la obra social, la obra cultural, todo el trabajo de respaldo a la comunidad donde más de un 30% del Presupuesto de la Intendencia bien invertido se va en el área social y, además, haciendo obras. Le estamos pidiendo a ese vecino un mínimo de $6.000; no son los más desvalidos.(c.g)

Porque los más desvalidos ni siquiera tienen casa ni tienen terreno ni tienen propiedad; alquilan. A esos no les pedimos nada, les brindamos servicios.

Los que pagan el mínimo, como los que pagan el máximo, todos contribuyen a brindarle servicios a esa gran cantidad, que no sé cuántos son, pero son muchos miles en Maldonado a los que la Intendencia les brinda servicios porque otros pagan y ellos no pagan nada porque alquilan, y es lógico que no paguen.

Pero, además, también hay que decir todo y no parte de la cosa. Existen exoneraciones para aquellos que no pueden pagar, hay varias posibilidades de exonerar en el Presupuesto nuestro para aquellos que no pueden pagar: por única propiedad, jubilados, pensionistas, por hijos con discapacidad o por área parquizada descuentan baldío, o para algunos otros servicios públicos que brindan.

Acá yo tengo una lista de más de seis mil seiscientas exoneraciones por no poder pagar, trámites que año a año se van registrando en las oficinas. Y hay cuatrocientas más para resolver. Y esto es parte de la política solidaria de la Intendencia de Maldonado, es histórico en Maldonado esto. Se exoneran más de dos mil padrones de gente que no puede pagar, todos los años. Acá está la lista.

Así que, el que no puede, tiene un recurso para venir a la ventanilla y ser atendido. Eso me parece que es muy importante y está muy bien, pero el que tiene algo, puede pagar.

Yo vi que a ustedes no les gustó mucho un comentario sobre cuánto vale el cable, y que no se podía comparar el que tiene cable con el valor de la contribución, pero acá hay que asumir que al que le levanta la basura, al que le prenden la luz, al que le arreglan las calles tiene algo que pagar en la sociedad, no puede ir de garrón. Porque hay toda una política hacia eso, ¿quién se hace cargo de los servicios? ¿Por qué no se pueden hacer los servicios? Si no se recaudara esto sería un caos.

Por suerte, por suerte en el Gobierno del Partido Nacional y no en el del Frente Amplio, en el del Partido Nacional, cuando fue Gobierno en el año 1990, se hizo un reordenamiento del sistema tributario y paga más el que más tiene y paga menos el que menos tiene y lo hemos mantenido todos, casi como una política de Estado. Nosotros también lo mantenemos como una política de Estado.

Lo que tampoco significa que algunos no paguen nada, hay que ordenar y esto es un proceso que se inicia, que hemos iniciado con realismo, porque tenemos que asumir reconstruir Maldonado, por la manera en que lo dejaron.

Yo no voy a entrar en esos detalles, pero todo Maldonado sabe cómo recibimos esto, en las condiciones en que lo recibimos. Y hay que hacerse cargo de eso también y no lavarse las manos y salir a hacer movilizaciones para que la gente no pague. Hay que hacerse cargo. Si hubiera responsabilidad, hubieran votado un recurso para poder seguir avanzando en obras y en cosas, pero no, no se hicieron cargo del desastre que nos dejaron.

Es muy fácil convocar a movilizaciones por toda la prensa nacional hablando de tarifazos, porque eso fue lo que hicieron, política partidaria, cuando tendrían que estar haciendo propuestas para que el pueblo viera una actitud constructiva. No la vimos en todo este tiempo.

En todos los medios nacionales hay titulares convocando al no pago, algo irresponsable cuando nos dejaron lo que nos dejaron. Nosotros, calladitos la boca, dejamos que la gente se expresara y la gente vino y pagó, y eso es un dato de la realidad, eso no tiene dos lecturas, la gente pagó, pagó en más cantidad que el año pasado, cumplió, y eso es una repuesta a los servicios que estamos brindando. Y notó el cambio en los servicios, está notando el cambio en los servicios que día a día se van a ir expresando con mayor fuerza. (k.f.)

Así que no vamos a discutir hoy el Presupuesto, ya fue discutido antes. Sí hoy vamos a dar la cara para asumir la responsabilidad de lo que nos toca gobernar.

Nos parece que lo que se votó en el Presupuesto es correcto. El Partido Nacional lo entendió como correcto, nuestros ediles respondieron como tenían que hacerlo en el momento en que se les pidió y ayudaron a plantear un Presupuesto que le va a hacer bien a Maldonado, dentro de la crisis en que lo recibimos.

Estamos siempre dispuestos a escuchar propuestas y posturas para mejorar esto, ¡¿cómo no?! No somos reacios a eso ni tampoco creemos que las sabemos todas. Si llega la adecuación presupuestal del mes de junio y aparece alguna idea brillante de obras y algún financiamiento adicional ‒como dice la prensa, pero que nunca se concreta‒, estamos en condiciones ‒¡cómo no!‒ y estamos dispuestos a analizarlos con esta Junta Departamental, a venir las veces que sea y a enviar a nuestros técnicos a mejorar el Presupuesto.

Pero el Presupuesto que tenemos hoy aprobado es este y es el que estamos llevando adelante, y tenemos todo el derecho y toda la obligación, porque la hacienda es privativa del Poder Ejecutivo…

Nosotros hablamos de los reaforos con los alcaldes. Hablamos con Invernizzi y estuvo de acuerdo ‒aunque después se borra, pero estuvo de acuerdo‒, es más, me dijo: “Bueno, yo me voy a tomar una licencia. Decíselo a los otros” y varias veces hablamos de esto y estuvieron de acuerdo. Hay versiones grabadas, y taquigráficas, en todos lados de lo que el alcalde de Piriápolis, Invernizzi, del Frente Amplio, pensaba del reaforo de la zona de Piriápolis. Estaba de acuerdo, después siempre tiene la posibilidad de dar un pasito atrás...

Muchas veces, en la discusión, el alcalde nos decía que no podíamos hacer nada en Piriápolis porque ‒es verdad‒ en Piriápolis no se paga nada. Y qué casas buenas hay en tal lado, en tal otro y no pagan…La mayor parte de la zona que se reaforó corresponde a gente que ni siquiera vive en el departamento, casi toda es de Montevideo, donde pagaban cinco, seis o siete veces menos de lo que empezaron a pagar ahora. Estamos hablando de muy buenas casas en Punta Colorada, San Francisco, Playa Verde, Playa Hermosa, que pagaban $5.000 o $6.000 y ahora están pagando entre $15.000 y $20.000 y está bien, porque una semana de alquiler de esas casas son muchos cientos de dólares. Ninguno te vende un terreno ahí por menos de U$S50.000 o U$S100.000, depende de si está al frente o en segunda fila.

Entonces, empezamos un camino de adecuación racional, justa, para que haya justicia tributaria, que va a terminar en un reaforo individual casa por casa. ¡Cómo no! Va a terminar en eso. Ya hemos instruido al equipo técnico de Catastro para que nos plantee una propuesta en ese sentido.

Lo mismo para San Carlos, que en este caso salió privilegiado, porque por un error de dedo ‒sí, un error de dedo, como es posible con los dedos humanos‒, que no importa de quién fue ni se va a sancionar al funcionario, porque los errores no se sancionan, se perdonan ‒además, para la instrucción del señor edil, un error con una tecla significa, de pronto, meter setecientos padrones, no se hace padrón por padrón, se mete toda una zona‒...

Entonces, en el caso de San Carlos, ante la consulta de un edil del Frente Amplio preocupado por datos que recibía de los vecinos ‒por una llamada‒, tuvimos la motivación de ir a averiguar a los dos o tres días. El primer dato nos lo dio un edil del Frente Amplio y fuimos a constatar, llamamos a los encargados y nos dimos cuenta de que había habido un error. Rápidamente actuamos, tuvimos la humildad de decir: “Acá nos equivocamos. Tratemos de otra manera a estos setecientos padrones. Vamos a echar esto para atrás”. ¿Qué problema hay? Y abrimos cuatro o cinco ventanillas en la Intendencia, con técnicos y con personas capacitadas, para que todo aquel que se fuera a quejar o que tuviera alguna duda sobre su planilla fuera a consultar. (a.g.b.)

Se recibió a cientos de personas, se solucionaron algunos errores, ¡cómo no!, pero se dio la cara y se atendió al pueblo de Maldonado como se merece.

Capaz que algunos de los que figuran en las planillas ‒que usted está planteando acá, que no sé cuáles son‒ no fueron a la ventanilla o no son errores. En muchos casos se dice que se reaforó en distintos lugares del departamento y no es así, solo se reaforó lo que los técnicos van a mostrar. Lo que sí ocurrió es que mucha gente inició un proceso muy importante de regularización de su propiedad, algo que también hizo este Gobierno; ustedes en la Junta aprobaron ‒a iniciativa nuestra‒ un plan de regularización de la vivienda para que la gente ordenara sus papeles, para que la gente tuviera su casa en orden.

No sé cuántos se hicieron, pero creo que hay mil cuatrocientos y pico de trámites ya aprobados y otros cuatrocientos o quinientos en trámite. Ya hay casi dos mil vecinos que están regularizando y va a haber más, porque esto tiene validez durante este período. Estuvieron esperando años para regularizar; seguramente alguno regularizó. Parece que es un reaforo, pero en realidad, como tenía una buena casa y un buen terreno, pasa a pagar lo que corresponde que pague viviendo en un buen barrio de Maldonado, porque los servicios se los estamos dando de primera calidad y los estamos mejorando día a día.

Entonces, cada uno de los incrementos tiene su justificación, tanto el reaforo, como el mínimo, como también el del baldío; podrá haber algún lugar en el que haya que ajustar a futuro, pero está el instrumento planteado en el decreto que permite reducir del 50 al 25% en una consulta o en un comunicado con la Junta Departamental.

¿Qué queremos con los baldíos del departamento? ¿Que se siga especulando? Si a esas personas que hoy tienen un baldío y que están pagando $4.000 o $5.000, ustedes les dicen: “Te lo compro en U$S15.000”, ninguno te lo vende. “Te lo compro en 20”, ninguno lo vende.

Pedimos que los limpien, no los limpian, entonces tenemos que salir a limpiarlo, a matar las ratas. Un baldío en el medio de un barrio es un foco de contaminación. La política del baldío es para que se tienda ‒es lo que nosotros creemos que tiene que ser‒ a construir, que el baldío pase a ser una construcción. En barrios donde hay servicios, donde hay calles, donde hay luz, no podemos darnos el lujo de tener espacios sin resultados y que la ciudad se siga agrandando hacia lo lejos cuando hay espacios vacíos en muchos lugares. Hay una gran especulación con los baldíos y no solo una gran especulación, sino que por no atender este tema como se debe, con la preocupación que se tiene que tener y con los valores que se tienen que manejar, estamos viviendo ‒y hemos vivido en estos últimos años‒ una avalancha de ocupaciones, de las cuales no nos hacemos responsables, pero que estamos empezando a controlar y que pueden derivar en dificultades para los propios vecinos que pagaron su terreno con muchísimo sacrificio hace muchos años.

Está pasando eso en Piriápolis, desde Punta Negra hasta Playa Hermosa y también está pasando en Balneario Buenos Aires, en La Bota y en El Tesoro. Por no atender el tema de los baldíos hoy tenemos muchas dificultades. Queremos actuar en ese sentido y si hay un error en algún lugar, se tendrá que corregir, pero con ese criterio. No vamos a apartarnos de la política final de que no queremos especulaciones para con los baldíos.

Esa es nuestra responsabilidad en los titulares. Me gustaría que quien es el responsable de Hacienda siguiera explicando la posición del Ejecutivo. Yo estoy dispuesto a contestar las preguntas que sea; vine a dar la cara, sé que mi responsabilidad es la de encabezar un Gobierno de mi Partido y estoy orgulloso de eso y estamos transformando el Maldonado que recibimos y potenciando al departamento en todas las áreas. (a.f.r.)

Este Presupuesto nos va a ayudar, no nos alcanza. Seguramente estemos los cinco años para achicar la deuda, brindar los mejores servicios, hacer las obras principales, pero vamos a cumplir con todo. Vamos a achicar la deuda y hemos pagado en este primer año todos los compromisos asumidos por el anterior Gobierno. Hemos dado la cara, hemos pagado hasta el cambio de las luces que se hicieron y que se pagaban con el ahorro; nos dejaron a nosotros que paguemos el muerto: el Centro de Convenciones, Perimetral, todas esas obras que se hicieron en la avalancha final para tratar de no perder el Gobierno. Las viviendas las estamos pagando ahora nosotros con este pequeño Presupuesto y estamos dando la cara.

Luis Eduardo, le cedo la palabra.

SEÑOR PEREIRA.- Señor presidente, en primer lugar y antes de comenzar a responder las preguntas formuladas por parte del equipo que acompaña al intendente, consideramos de oportunidad realizar algunos comentarios. Todos sabemos, tanto dentro de este recinto como fuera de él, que este es un acto político, un ejercicio político con objetivos políticos. En consecuencia, pero para que nadie se termine molestando u ofuscando después, como ha ocurrido otras veces en que hemos comparecido en esta Junta, permítanme decirles que venimos con la más sana intención, entendiendo que esta convocatoria, que hace a la transparencia, seguramente tiene entre sus objetivos sostener un diálogo franco y respetuoso de cara al departamento entre el Ejecutivo y el Legislativo que Maldonado se ha dado para ser gobernado.

Ojalá, entonces, que de este recinto salgamos con el respeto mutuo con que siempre hemos planteado todas nuestras acciones políticas, confrontando visiones y medidas, estableciendo nuestra proyección sobre el departamento de hoy y de mañana, pero respetando, en lo personal, a quien tiene una visión distinta a la nuestra.

(Siendo la hora 00:21 minutos del día sábado 18 de los corrientes, pasa a ocupar la Presidencia el señor edil Efraín Acuña).

Ojalá, reitero, que en el transcurso de las horas y al final de la discusión, todos podamos salir convencidos de que, por lo menos, hemos clarificado el camino. Ojalá también que cada uno salga fortalecido en sus ideas y objetivos, en la creencia de que, con este intercambio civilizado de visiones, surjan mecanismos que le aporten a Maldonado un clima que, desde el punto de vista político, en mi concepto ‒y por lo menos desde los planteos que se han escuchado de sectores como el que representa el miembro convocante‒, desde que se instaló la actual Administración, no tiene.

No obstante, ante el planteamiento de una serie de preocupaciones con respecto al nuevo modelo de gestión, incluidos los reaforos y disposición de un sistema integral de seguridad que la actual Administración ha puesto en práctica, creo que la exposición del señor intendente ha sido clara y habilita a quienes le acompañamos a hacer uso de la palabra para mejor proveer, porque lo que abunda no daña, como sentencia el dicho popular.

Por tanto, quienes continuaremos en el uso de la palabra intentaremos cubrir los aspectos generales y metodológicos sobre el fondo del tema que nos trae aquí, compartiendo gustosos esta comparecencia a sala, no solo porque se trata de una obligación funcional, sino porque, de lo contrario, no estaríamos ejerciendo lo que consideramos, además, un derecho no personal sino de responsabilidad política.

Repito, entonces, por un lado tengo el derecho de exponer mi punto de vista y por otro la obligación de hacerlo. Es por este motivo, señor presidente, que voy a hacer uso de la palabra.

Voy a comenzar haciendo una breve aclaración, aunque no soy propenso a caer en lugares comunes, quienes me conocieron en lo que va de este período de gobierno, como el anterior del 2000 al 2005, saben que llamo a las cosas por su nombre y en forma directa. Esto es sin eufemismos. Así voy a actuar en este caso, señor presidente, y reitero que de esa forma no busco agraviar a nadie. Quede claro, como expresáramos al comienzo de esta intervención, que no se me escapa, al igual que a nadie, el carácter esencialmente político de este acto, como tampoco el hecho de que varios que lo promueven se encuentran, ya desde el 2015, transitando por años electorales.

Voy ahora a analizar la exposición del señor miembro convocante, tratando, de alguna manera, de ordenarla en forma temática, dada la extensa enumeración de cuestiones que le inquietan. (g.t.d.)

Podemos decir que observamos algunas generalizaciones no probadas, así como un capítulo de omisiones, totales o parciales; un apartado que ‒sin ánimo de agraviar, sino utilizando una palabra técnico-filosófica‒ llamaríamos de falacias y un cuarto grupo de errores ‒en algunos casos bastante profundos‒ de comprensión de las realidades económicas básicas. Todo ello ‒su planteo‒ demuestra que esto constituye un claro caso de doble discurso político, producto del desconocimiento o de mala fe, tal cual ha sido también lo ensayado por sus mandantes hasta el momento.

Solicito se me disculpe por decirlo de esta manera, presidente, pero no he encontrado otras palabras que lo describan con igual exactitud. No se trata de una acusación de intenciones, sino de un análisis objetivo realizado en un contexto político que, reitero, no solo tengo el derecho sino la obligación de abordar.

El señor edil Delgado asumió ‒estaba seguro de que iba a ser así‒ la posición de ser totalmente ajeno a las causas de estos fenómenos que le preocupan, como si él no integrara el sector del exintendente De los Santos, sector que tuvo la facultad y la responsabilidad de decidir sobre los temas de fondo, sobre las tempestades que trajeron estos lodos. Temas que aún hoy no han sido reconocidos por él, pero, sin embargo, siguen siendo el leitmotiv de la situación con la que nos encontramos en julio de 2015.

El edil utiliza, a mi modo de ver, cierto aire de prescindencia. Asimismo, va construyendo su exposición de forma de hacer parecer al Ejecutivo actual como el causante de esos fenómenos malos ‒cuando no directamente perversos‒ y único poseedor de los instrumentos, tanto jurídicos como reales, para solucionarlos. De esta manera hace figurar a la cabeza del Ejecutivo como doble culpable: no solo crea los problemas, sino que tampoco los soluciona. Así, se pretende ubicar el debate a partir de un marco de presunción o de responsabilidad a cargo del actual intendente, tratando de imponerle la carga de la prueba negativa.

Por estas razones, no en vano muchos ven en esta convocatoria otra instancia más de ese juego político con fines electorales al que hacíamos referencia al principio.

Señor presidente: aceptamos ‒aunque a los efectos de la discusión podríamos dejarlo para otra etapa‒ la descripción de los fenómenos hecha por el miembro convocante, pero la realidad es que el señor edil Delgado ha sido coautor ‒así lo podemos llamar, porque estrictamente lo es‒ y corresponsable de todas y cada una de las supuestas causas de los fenómenos que hoy le preocupan. Eso es lo que pretendo demostrar, analizando una a una las causas mencionadas.

Que me disculpen los taquígrafos y los funcionarios que ya lo han escuchado anteriormente, pero la aridez del tema hace necesario que lo fundamente y lo explicite como me propongo hacer a continuación.

El tema que nos trae hoy aquí, obviamente, no empezó en enero de este año, tiene antecedentes bien fundados en errores y omisiones que datan de más de una década.

Déjenme hacer un breve racconto de ciertos hechos incontrastables que hacen a la realidad de nuestro punto de partida. En julio de 2015, cuando asumimos el Gobierno, no había un peso en la caja. O, dicho de otro modo, lo que había no era de la Intendencia, se debía. Se debía una suma de 198.000.000 ‒ya vencida‒ por el cambio de luminaria, tema al cual me referiré luego de manera más extensa. Esta suma, que debió pagarse al 30 de junio de 2015, no se pagó por la Administración saliente y, una vez instalada la actual, hubimos de firmar sendos convenios, los que fueron suscritos entre los responsables de las empresa adjudicatarias acreedoras y quien habla, con fecha de vencimiento en marzo de 2016, a través de los cuales se llegó a cancelar el total de estos adeudos sin multas ni recargos.

Permítanme que les lea lo que nos decían algunas empresas ‒las dos empresas fundamentales‒, las que evidentemente se sentían perjudicadas por lo que les estaba ocurriendo. Esto sucedió por el mes de agosto ‒julio, agosto‒, apenas ingresados.

La empresa Ledroadway Lighting decía: “La falta de cumplimiento de la Intendencia a su obligación de pago de las cuotas de los meses de mayo y junio, junto con el incumplimiento de la obligación de cancelar todo el saldo adeudado a más tardar el día 30 de junio de 2015, ocasiona severos perjuicios al consorcio”. (a.t.)

SEÑOR DE LOS SANTOS.- Una precisión, por favor. ¿Nosotros la convocatoria por qué la hicimos? Quisiera que me leyera el título, por favor.

La convocatoria, la solicitud de que el intendente nos visitara en el pleno, ¿por qué fue?

SEÑOR PEREIRA.- Señor edil, yo escuché atentamente que el señor edil convocante…

SEÑOR DE LOS SANTOS.- Necesito entrar en el tema, director, usted sabe…

SEÑOR DARWIN CORREA.- Aclaración…

Como bien lo expresó el director de Hacienda de la Intendencia…

SEÑOR DE LOS SANTOS.- Yo le pregunté a la Mesa, no le pregunté al edil Correa.

SEÑOR DARWIN CORREA.- El presidente me permitió una aclaración, si usted quiere ser presidente vuelva a ganar y...

SEÑOR PEREIRA.- ¿Me permite? Le contestó.

SEÑOR PRESIDENTE.- No se puede interrumpir, salvo que quien esté hablando lo permita.

Vamos a hacer una lectura del motivo referido que se detalla en la circular 04/17: aumentos registrados en la contribución inmobiliaria, tasas, impuestos y adicionales que se cobran conjuntamente con ella en el Ejercicio 2017.

Gracias.

SEÑOR PEREIRA.- Yo encuentro que esto es vinculante, señor edil.

SEÑOR ANTÍA.- Absolutamente.

(Siendo la hora 00:31 minutos reasume la Presidencia el señor edil Rodrigo Blás).

SEÑOR PEREIRA.- Entonces, si yo escuché reiteradamente el eslogan que hizo el señor edil convocante, yo expongo de la manera que me parece correcta. Esto es así y son vinculantes, usted va a ver que son vinculantes, tenga paciencia.

El contrato de suministro oportunamente celebrado con la Intendencia incluía un componente financiero…

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Delgado…

SEÑOR DELGADO.- Presidente, está bien, nosotros escuchamos la fundamentación del director de Hacienda que se va sobre cualquier tema, nosotros después también queremos...

SEÑOR PRESIDENTE.- En el mismo silencio y sin interrumpir, como fue escuchado usted durante dos horas quince…

SEÑOR DELGADO.- Está bien, pero nosotros hablamos exclusivamente de la interpelación y de los puntos para los que se citó esta sesión extraordinaria, entonces también queremos tener el derecho a dar respuestas, aunque no sea el tema de la interpelación, a lo que el director de Hacienda está haciendo.

Si el director de Hacienda nos dice que va a aludir y que después podemos responder sobre otros temas, los respondemos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Está hablando de los pedidos de informes no contestados que usted también habló…

SEÑOR DELGADO.- Está bien, pero el señor interpelado y el director de Hacienda se fueron sobre otro tema y nosotros queremos responder...

SEÑOR PRESIDENTE.- Veremos llegado el momento si está dentro o fuera del tema.

Continúe.

SEÑOR PEREIRA.- Prosigo.

Decía que el valor era importante para el consorcio debido al tiempo transcurrido y a la devaluación de la moneda de contrato respecto al dólar. Esta característica del contrato hace aún más oneroso el retardo de los pagos de la Intendencia que en una contratación con un esquema de pago tradicional contra entrega de suministros. El acuerdo de pago al que se ha arribado y que se documenta en esta nota no pretende remunerar aquellas pérdidas, pero sí mitigar los perjuicios derivados de los incumplimientos contractuales de la Intendencia derivados de la falta de planificación y provisión de los pagos que debieron cancelarse el 30 de junio del 2015.

La otra empresa, la empresa Schréder decía: “Luego de realizadas las concesiones mutuas, en donde la Intendencia informa sobre su situación financiera actual, Schréder informa que sufrirá una pérdida millonaria en la ejecución del contrato”, principalmente por cargo financiero, que este atraso en el pago, según lo establecido en el contrato, le ocasionará por el hecho de haber tomado créditos para desarrollar la producción y llevar adelante la ejecución del contrato. Las partes acuerdan el pago que después se firmó.

Creo que huelgan los comentarios, pero vayamos al punto siguiente.

Se debía también terminar y pagar el Centro de Convenciones y Predio Ferial, cuyo crédito ya había sido utilizado desde el Banco República, aporte del Gobierno central, y casi la totalidad del préstamo del propio Banco Central. Faltaron no menos de 20.000.000, casi $600.000.000.

Decimos supuesto aporte del Gobierno central porque ese dinero fue el que pagó el Conrad por la extensión de su plazo de concesión y entendemos que eso le pertenece a Maldonado.

A su vez, el préstamo del Banco República estaba utilizado casi en su totalidad y nos quedó una deuda que tuvimos que renegociar porque ya estaría venciendo y debíamos cancelar antes del 31 de diciembre de 2017.

Debo aclarar que, como las tierras que estaban en el fideicomiso no valían lo que se decía, tuvimos que poner por diferencia de cambio la suma de U$S1.900.000, como consta en nuestro registro contable y en el propio Banco República.

Permítanme reiterarles: faltaron U$S20.000.000, de los cuales aún debemos 13.000.000. (m.g.g.)

Se debían saldos de precio y compromisos de obra por la Perimetral, se debía al Ministerio de Vivienda, a Mevir y a otros muchos acreedores, como se consigna en este bibliorato, que suma aproximadamente U$S23.000.000.

(Interrupción del señor edil Fermín De los Santos).

SEÑOR PRESIDENTE.- Permítame.

El señor Luis Eduardo Pereira está dando una de las razones y explicando cómo se generaron las deudas que llevaron a tener que aumentar. Está en su derecho.

Lo que le pido es que dé la misma tolerancia que se le permitió al señor edil Delgado: aludir, hablar sobre lo que él entendía que hacía a su discurso, sin interrumpirlo ni una vez. Hagan lo mismo, porque si queremos respeto para lo que nos gusta, lo tenemos que dar para lo que no nos gusta.

SEÑOR DE LOS SANTOS.- Yo tengo respeto con todo el mundo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ya le expliqué. Continúa el señor Luis Eduardo Pereira.

SEÑOR DE LOS SANTOS.- Lo que estoy pidiendo es que se refieran al motivo de la convocatoria. Está hablando de la deuda y del Centro de Convenciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por supuesto. Por algo se subió la contribución, entre otras historias. ¿O quiere que hable de lo que usted quiere que le digan? Lo que tiene que hacer es escuchar, como escuchamos nosotros...

SEÑOR DE LOS SANTOS.- Yo escucho para lo que los convocamos.

SEÑOR PRESIDENTE.- ...y, después, podrá decir lo que quiera de la deuda.

SEÑOR DE LOS SANTOS.- Bien.

SEÑOR PRESIDENTE.- Lo que no quiero es que interrumpan más, les guste o no les guste, porque nadie los interrumpió.

SEÑOR DE LOS SANTOS.- Ya le dije que sí.

SEÑOR PRESIDENTE.- Cuando hablamos de “retrógrados”, “regresivos” y no se qué…, la intolerancia es una de las peores medidas.

A mí no me gustó lo que dijeron. A ninguno de los que estamos de este lado nos gustó, pero nadie los cortó. ¿Podemos hacer lo mismo o tienen un problema con recibir? ¿Les gusta dar nomás?

Bien, gracias. Continúe.

SEÑOR PEREIRA.- Decíamos: un supuesto aporte del Gobierno central, porque ese dinero fue el que pagó el Conrad por la extensión de su plazo de concesión, y entendemos que eso le pertenece a Maldonado. A su vez, el préstamo del Banco República estaba utilizado en su totalidad.

Debo aclarar que, como las tierras no valían lo que se decía, tuvimos que poner ese U$S1.900.000, como consta en los registros nuestros y en el Banco República.

Se debían, además, saldos de precio y compromisos de la obra de la Perimetral; se le debía al Ministerio de Vivienda, a Mevir y a otros muchos.

Por si les interesa, solo este bibliorato que les mostré recién, sumaba U$S23.000.000.

Pero algo llamativo ocurrió con respecto a la Perimetral y lo constituye el siguiente dato: El primer tramo se le adjudicó a la empresa Hernández y González ‒como se aprecia en pantalla‒. Su objetivo era pavimentar desde el intercambiador de Punta Ballena hasta el cruce de Ruta 39. Como no se pudo completar el tramo que va desde el intercambiador al Arboretum Lussich ‒que es un tramo de un kilómetro y algo‒, se le concedió a la empresa una ampliación de los trabajos por un monto de U$S26.000.000, a nuestro juicio apartándose totalmente de la contratación, y aplicándose a dos nuevos destino: una de ellas fue la Ruta del Pago de la Paja y la otra una obra realizada en la zona de Punta Negra, si no me equivoco. Como decía: apartándose totalmente de la licitación que se debía ejecutar.

Pero llama más aún la atención lo ocurrido en el tramo segundo de la Perimetral, adjudicado a la empresa Molinsur, para lo cual en el mes de junio de 2015 llegaron desde el Gobierno central aportes por 108.000.000 por concepto de certificados por los meses de marzo, abril y mayo. Pero del importe recibido por la Intendencia ‒y aquí lo curioso‒ llegaron a la empresa solamente U$S15.000.000, por lo que cabe preguntarse adónde fueron a parar esos 93.600.000 restantes. No estamos diciendo que alguien se los haya embolsado indebidamente, pero lo cierto es que en el arqueo del 8 de julio no se encuentra registrado. Cuando se nos decía que había dinero, ese no estaba. Debemos suponer que se utilizó para gastos de funcionamiento o sueldos; sin eufemismos mediante parecería, al menos, un manejo inadecuado, que en la jerga jurídica puede admitirse como un presunto desvío de fondos.

Continuando con los otros acreedores impagos de este ítem, digamos que al Ministerio de Vivienda se le adeudaban 35.000.000, lo que se acordó pagar en seis cuotas iguales y consecutivas, a las que ya dimos cumplimiento. Asimismo, a Mevir se le debían 65.000.000, que se están pagando en partidas que culminan en abril al recibir la obra. Se consideraba un 50% de adelanto de obra hecho y sin pagar.

El fideicomiso de vivienda social no podía realizar sus activos ‒la venta de los terrenos‒, porque los precios fijados es en reales, para que cierre el número, pero la realidad siempre es más fuerte y no se podían vender. Entonces nos quedaron deudas que siempre hay que pagarlas y es lo que hemos estado haciendo. (c.g)

A su vez, el déficit del segundo semestre del año, que como saben siempre se da por la cadencia de la recaudación de nuestro departamento, que concentra sus ingresos en el verano, como ya se ha dicho, en tendencia de cómo se venía ejecutando el Presupuesto, superaba los 1.650.000.000, unos U$S56.000.000. La deuda total ya existente más los compromisos asumidos y la que se generaba en el segundo semestre superaba con holgura los U$S100.000.000. Sin lugar a dudas, con esta situación a la vista, la Intendencia estaba al borde de la cesación de pagos.

Contra ello se había autorizado un crédito, votado en esta Junta, de 45.000.000, que no cubría ni el déficit previsto de la ejecución del segundo semestre. Además, sabíamos que ese era el máximo dinero que podríamos asumir como deuda, ya no por pedir autorización a la Junta sino por la realidad de la capacidad de pago que tiene la Intendencia y nuestra responsabilidad de no generar una montaña de intereses que en poco tiempo termine limando la capacidad de brindar los servicios públicos que debemos proporcionar. Era y es una responsabilidad. Es un tema de responsabilidad.

Nosotros tomamos el toro por las astas e hicimos enormes restricciones de gastos para ajustarnos a lo que teníamos, los 45.000.0000 para cubrir un déficit de funcionamiento de 56 y comenzar a hacer frente al resto de las deudas. Así dijimos que la deuda era de 93.000.000. Esa cifra fue el resultado luego de nuestra racionalización y por ello la dimos a conocer recién a fines de agosto.

Hubo luego que formular un Presupuesto con enormes restricciones, como recién decía el intendente, que se plasma en las cifras presentadas y aprobadas por esta Junta, un Presupuesto innovador en muchos aspectos, que se viene ejecutando de acuerdo a lo previsto.

Uno de los aspectos innovadores fue la creación de una partida reservada para hechos imprevistos o catástrofes, por fuera de la autorización del Tocaf. Nuestra idea, siempre basados en la realidad, es que, por más que tengamos autorización de la ley general, que es el Tocaf, de aumentar los gastos votados en casos de emergencia, si no tenemos los fondos presupuestales, la real ejecución de las obras se convierte en una realidad virtual. Una vez más, el papel soporta todo, pero la realidad no.

Lamentablemente, el año pasado tuvimos dos episodios complejos y los pudimos afrontar con nuestros recursos, que estaban disponibles, sin el aporte del Gobierno central, que prometió, pero no llegó. Lo que sí llegó fue un adelanto de las partidas correspondientes al FDI por el saldo del 2016, o sea que ese era nuestro dinero ya votado en el Parlamento nacional con destino al proyecto de continuación Aiguá. Ergo, ayuda extraordinaria, como se publicitó: cero.

Lo peor fue que los problemas se suscitaron muy cerca de la temporada y, si no hubiésemos tenido los fondos disponibles, nada se hubiera hecho. La previsión, prudencia y manejo austero de la Administración dieron sus frutos.

Nuestra idea original fue lograr un acuerdo donde todos los partidos se unieran y pudiéramos poner la deuda a un plazo largo para abonarla de manera más cómoda. Lamentablemente ello no fue posible y tuvimos que implementar nuestro plan B, aunque teníamos diseñado también un plan C.

Más allá de lo anterior, con el correr de los meses y a esta altura, a veinte meses de gestión, hay otras cosas y situaciones que fuimos advirtiendo, descubriendo y corrigiendo, o comenzando a corregir. Voy a mencionar exclusivamente tres de las más relevantes, para no aburrir, pero que dan cabal idea de lo que sucedía.

La recaudación por contribución inmobiliaria entre el 2005 y el 2014 ‒pese a los 4.200.000 metros construidos habilitados, que representaron un aumento del orden de 75% en el total de metros anterior, que la enorme mayoría de los mismos se dieron en zonas privilegiadas y con viviendas de alto valor, y al mazazo que significó el aumento del 2012‒ apenas ha crecido el 19% en términos reales.

El cambio de luminarias nos iba a proporcionar ahorros pero resulta que no se veían por ningún lado. Entonces en la investigación surge que tenemos más de la tercera parte de los servicios no medidos y por ende UTE nos cobra por conteo una cantidad ficta a un precio muy alto, según su norma. Un proyecto requería de, al menos, eliminar la energía reactiva y pasar a medición cada servicio; o sea: el proyecto no fue tal, era apenas un acción aislada, donde gastamos el dinero y aún hoy no tenemos retorno económico. Sobre esto abundaremos más adelante.

En algunos lugares descubrimos que nosotros pagábamos la energía eléctrica de terceros y organismos públicos nos debían mucho dinero de alquileres impagos, así y todo.

Lo anterior, como puede apreciarse, muestra la absoluta carencia de gestión de administración y enorme descontrol. Podemos ejemplificar muchísimas más situaciones, se lo aseguro. Basta con ver el estado ruinoso de las terminales de ómnibus que tuvimos que asumir, el estado de los locales de la Intendencia, la carencia de maquinaria y equipos de obra, el descontrol en el consumo de combustible y tantas otras cosas. (k.f.)

El Centro de Convenciones y el fideicomiso de viviendas sociales son ejemplos vivos de que algunas actividades se entregaran ‒literalmente‒ a un tercero como forma de hacer algo porque la Intendencia carecía de capacidad operativa para ello. A su vez, la entrega fue a otra parte del sector público, pero tercero al fin, para que hicieran algo. Por ello nos cobraban, y bien caro ‒a esto seguramente se referirá con más claridad el doctor Villegas más adelante‒. Los contratos los negociaban los terceros sin intervención de la Intendencia, que meramente ponía la firma al pie. A tal extremo llegó la cosa, que ahora algunos de ellos nos dicen que somos bravos con los contratos, cuando pretendemos discutirlos en defensa de Maldonado.

Respecto al Centro de Convenciones, ahora sabemos que el contrato realizado implica que la Intendencia jamás verá un peso de ingresos. Era tierra de nadie. No había proyectos, no había controles y no había administración. Sí había una cosa cierta, el Gobierno central, más allá de las partidas presupuestales, mediante convenio con Ministerios o empresas públicas, le había puesto respirador artificial a la Intendencia y le mandaba ingentes cantidades de dinero, cosa que naturalmente se cortó desde que asumimos.

Solo para ejemplificar, como todos saben, el Gobierno central va mandando partidas a cuenta y en diciembre hace un ajuste y transferencia adicional. En general, en el segundo semestre se reciben entre el 55% y 60% de los fondos totales por año. Pues bien, en el 2015 se invirtieron las cifras y en el segundo semestre se recibió el 40% de los fondos anuales. El 60% se remitió en el primero. Para tener una idea, en estos seis meses el Gobierno central transfirió 27.000.000 y en todo 2016 nos transfirió 34.000.000, que es más o menos la previsión presupuestal. Como se comprenderá, los comentarios son innecesarios.

En cuanto a la ejecución presupuestal actual, y pese a todas las dificultades enumeradas, hemos logrado revertir el estado de deterioro de sitios públicos, mejorado la limpieza y el estado de presentación de nuestro territorio y cumplimos con el proyecto de cámaras de seguridad, cuyo costo, superior a los 20.000.000, se paga sin mayor endeudamiento.

Este año se incorporará equipamiento para obras y seguramente ya a fin de año comenzarán a verse sus frutos en la terminación de la doble vía Avenida Aiguá - Camino de los Gauchos ‒uniéndolas con la Perimetral‒, terminación de Pedragosa Sierra, terminación de los 28 kilómetros de Arco del Sol, que unen Garzón con Ruta 9.

Todo lo anterior es real y se pudo hacer por la realista formulación presupuestal, sin pintar las cifras de ingresos, lo que luego nos conduce a la frustración de no poder o al descontrol del endeudamiento.

Por el contrario, tenemos para exhibir algunos logros conseguidos en el correr de estos últimos veinte meses y creo que bien vale la pena compartirlos. Están referidos a cuestiones ya esbozadas, puntualmente a nuestra política de eficiencia energética y sus consecuentes hallazgos.

En el área de la energía comencemos por comentar ‒y para ello vamos a ordenar el tema a partir de un análisis de costos‒ situaciones encontradas.

Al solo efecto de transmitir un somero resumen de la gestión realizada en busca de cuidar los dineros que nos ha sido encomendado administrar, expondremos algunas situaciones encontradas al analizar los costos en que incurre la Intendencia y las acciones encaradas para mitigarlos:

Viviendas de Mevir Cañada Aparicio.

Se detectó que desde su construcción la factura de energía eléctrica de la totalidad del complejo la paga la Intendencia de Maldonado. Nunca se habían terminado los trámites para que cada una de las viviendas dispusiera de su medidor de energía. Hoy la situación se ha regularizado y, en conjunto con UTE, se está intimando a que cada responsable de cada vivienda vaya a firmar el contrato respectivo. Esto ha significado una subvención del orden de los U$S50.000 hacia algunos de nuestros compatriotas, que no es equitativa con el resto de la población, que efectúa un esfuerzo no menor todos los meses para abonar a UTE.

Ustedes compartirán conmigo que esto era totalmente injusto.

Servicio de energía eléctrica de la cuenta Nº 9682501000, que pagó durante ocho años la Intendencia y le correspondía a OSE. Inmediatamente de asumir efectuamos un control sobre los pagos que efectuaba la Intendencia, en particular a UTE, detectando que se venía abonando durante ocho años una factura ‒de camino a Cerro Pelado‒ que, en realidad, correspondía ser pagada por OSE. Coordinamos con ella y con UTE y luego de varios meses logramos que el servicio cambiara de nombre. Hoy lo paga OSE, como corresponde.

Nos encontramos en los trámites pertinentes para que OSE devuelva a la Intendencia los importes pagos por los contribuyentes de Maldonado y que le correspondían.

Reclamamos $1.400.000 si nos limitamos a los últimos cuatro años. Es el límite por la vía legal de reclamación, y una cifra de casi 3.000.000 si OSE acepta devolver todo lo que desde el punto de vista ético correspondería.

Alumbrado público.

Nos encontramos con una gran inversión por el pasaje de luminarias tradicionales hacia luminarias led, inversión que, como expresáramos, esta Administración también debió pagar. (a.g.b.)

El pasaje a led fue un excelente negocio, brillante negocio, pero fundamentalmente fue brillante para UTE; en efecto, UTE no ha reconocido hasta la fecha el hecho de que sean led todas las luminarias que carecen de medición.

Ello determina que estemos abonando, por las ocho mil luminarias no medidas ‒quizás nueve mil, estamos efectuando el conteo georreferenciado exacto‒, lo mismo que se paga por las veinticuatro mil que poseen medición, más todos los locales de la Intendencia de Maldonado, sede central, Campus, etc., etc.; o sea que pagamos U$S3.000.000 por algo por lo que debemos pagar 500.000.

Del total de los U$S6.000.000 anuales que abona la Intendencia a UTE, por las ocho mil luminarias que no poseen medición se han abonado casi 3.000.000, la misma cifra que por las veinticuatro mil luminarias más todos los locales del departamento de Maldonado; esto realmente no es un buen negocio que pueda hacer la Intendencia.

Hemos tenido varias reuniones con UTE y vamos a poder revertir esta situación recién cuando nos acepten el relevamiento georreferencial que tendremos listo en noventa días y a partir del cual ya hemos planteado nuestra aspiración sobre lograr una retroactividad que en principio ha sido discutida, pero sobre la cual insistiremos ‒y lo lograremos‒, porque no dudamos del comportamiento ético de UTE.

Reitero, estamos abonando casi U$S3.000.000 por algo que, de estar medido, debería costar 500.000; este tema es tan relevante que tenemos un informe más detallado para quien lo desee analizar si es de su interés. Esto es muy fuerte, pero más fuerte es que nadie lo haya constatado antes.

Disminución de costos y compromisos con el medio ambiente. Hemos realizado un plan de eficiencia energética a mediano y largo plazo, que se pondrá a la brevedad en la página Web y quedará a disposición de ustedes. En ese plan se describen objetivos y se establecen metas a alcanzar a mediano y largo plazo. Dicho plan posee un norte muy claro: el compromiso con el medio ambiente y la simultaneidad de la disminución en los costos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor edil Correa, ¿moción de orden?

SEÑOR DARWIN CORREA.- Presidente, prórroga de hora por una hora más.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es de orden. Sírvanse manifestarse.

SE VOTA: 17 en 30, afirmativo.

SEÑOR PEREIRA.- Gracias.

Hemos realizado un plan de eficiencia energética a mediano y largo plazo, que a la brevedad estará a disposición de quienes deseen visitarlo en la página Web.

En el plan de eficiencia energética se describen y establecen las metas y objetivos a lograr y los plazos para alcanzarlo. Dicho plan posee un norte muy claro en el compromiso con el medio ambiente con una simultaneidad en la disminución del costo. Para ello, desde el comienzo de esta Administración se seleccionó una Esco, que resultó ser la misma que eligió el Codicen para que identificara medidas y las financiara, para bajar costos en conjunto con la búsqueda de disminuir el consumo de combustibles fósiles, así como ir a un consumo de energía renovable generado por la propia Intendencia.

Se logró eliminar las multas reactivas y maximizar las bonificaciones por bajo coseno. Esta tarea se encuentra ejecutada en un 99,3% con la consiguiente significativa disminución de costos.

Implementación de tarifas con señal horaria óptima.

Es de hacer notar que el precio de la energía varía según la hora en que se consume, como ustedes saben, sale más barato el doble horario que el simple. Este trabajo ‒que además se inscribe en la política propuesta por UTE‒ se encuentra ya realizado en un 85,8%. El último logro importante, y bastante dificultoso por cierto, fue lograr el pasaje a MC1 ‒que es una característica de las tarifas de UTE‒ del servicio conocido como Aborgama. Esto, que nos llevó un año de trabajo, nos permitió constatar que Aborgama vendía a U$S25 y compraba a U$S250 el megavatio. También estamos trabajando para revertir esta situación.

Piscina de Aiguá.

Se instalaron sesenta colectores solares, así como una manta térmica; eso ha permitido ‒y permite‒ durante casi cinco meses llevar prácticamente a cero el consumo de combustible fósil para el calentamiento de la piscina y en el resto del año una disminución sustancial del consumo de combustible fósil. En el caso de Aiguá es a gasoil.

La inversión fue financiada un 100% por la Esco y la metodología de cálculo de ahorro se realiza con Redscreem, un software puesto a disposición del planeta por Canadá en forma gratuita, y que es usado universalmente inclusive expuesto por la Dneu (Dirección Nacional de Energía en Uruguay). Debe destacarse también que este mismo software es usado por el Gobierno de Alemania, o sea que contiene todas las garantías y transparencias habidas y por haber.

Piscina de Cerro Pelado.

En el techo de dicha piscina se instalaron cien colectores solares y también una manta térmica. Al igual que en Aiguá se diseñó de modo que durante cinco meses el consumo de combustible fósil fuera casi cero y que en los meses fríos contribuyera a disminuir el consumo de combustible, pero no lo elimina. (a.f.r.)

En este caso el combustible parcialmente sustituido es el supergás. La financiación también fue del 100% de la Esco y la metodología de cálculo de los ahorros fue Redscreem.

Gorriti.

Sustituimos allí la generación diesel por sistema de generación de energía solar fotovoltaica para la iluminación de la Isla de Gorriti, así como se sustituyó por led las luminarias. Se encuentra disponible en la Web también en breves días el informe respectivo.

No solo se logró eliminar el gasto de gasoil para generar energía sino que se logró dejar de contaminar un bien de incalculable valor como es la Isla de Gorriti. Antes allí existía contaminación sonora e inevitables derrames. Sin embargo, nunca vimos que la Dinama se preocupara por esto. Los sistemas solares no permiten la existencia de pérdidas no técnicas, el diseño cumple, además, con una luz cálida, exigida por la nueva reglamentación internacional, mucho más estricta en cuanto a la iluminación para la no afectación de la flora y la fauna.

Suministro de energía eléctrica y térmica para las necesidades de la casa del guarda isla, mediante paneles solares fotovoltaicos se suplió la necesidad de energía eléctrica y con colector solar las necesidades de agua caliente. El sistema de bombeo con energía solar directa en corriente alterna en Gorriti. El bombeo de agua en Gorriti se realiza con energía solar, en corriente alterna, por lo cual no necesita bombas de corriente continua, que son más caras y hay más dificultades para obtenerlas. Es, de acuerdo a la información de que disponemos, el primer bombeo solar directo en alterna que se ha realizado en Uruguay.

Un sencillo acto de gestión que permite bajar los costos nos permitió, en un acto de gestión, ahorrar para el Gobierno más de $1.000.000 y contribuir con el medio ambiente, el mismo fue tramitar frente a UTE que la facturación se efectúe y comunique en forma electrónica, algo tan sencillo como eso, con el consiguiente ahorro de consumo de papel.

Asimismo, en conjunto con UTE estamos, a iniciativa nuestra, trabajando en la disposición final de las lámparas de bajo consumo, lo que ocurre hoy en Piriápolis y San Carlos con estas acciones, también surgieron a partir del pedido de la Intendencia. Las lámparas de bajo consumo, al contener mercurio, constituyen un peligro significativo de contaminación del medio ambiente. Sería ocioso aclararlo, pero todo esto resulta a partir del cambio de modelo de gestión que lleva adelante la administración actual.

Creo, señor presidente, que con lo antedicho comenzamos a despejar el campo de la exposición del señor edil que, entre otros, propiciara esta invitación a concurrir a sala. Ahora bien, todos sabemos que no solo en Derecho rige el principio que quien afirma algo debe probarlo, también sabemos que en política, al igual que en la propaganda, en el periodismo y otras actividades, se utiliza mucho el artilugio de repetir afirmaciones, como lo hizo el señor edil, y luego exigir a la contraparte que pruebe la falsedad de las mismas. Me refiero a la prueba negativa. Esto en algunos medios cuela, sin embargo, señor presidente, creemos que en un ámbito como este, eso no se puede dejar de señalar.

Voy a dar algunos ejemplos de generalizaciones no probadas. Generalizando se han ocupado de tirar cifras y afirmaciones al boleo, pero sin fijar números absolutos, sosteniendo, por ejemplo, que nuestras medidas en búsqueda de la actividad tributaria, terminarían aumentando la morosidad y nada de eso ha ocurrido. Muy por el contrario, inventaron lo del tarifazo para hacer política y la gente respondió cumpliendo con sus obligaciones y pagando. Hablaron también del impuestazo que castigaría a los más humildes y desposeídos, especialmente, a los ciudadanos del interior del departamento.

Se generaliza también cuando se dice que estamos ante lo que consideramos como uno de los efectos más negativos que tienen las previsiones presupuestales y que se está afectando directamente a la población y a nuestra clase trabajadora. Lo mismo cuando se señala que, una vez más, el criterio con el que se realizó el reaforo catastral fue con revaluaciones masivas ‒no solo en la zona de la costa y de mayor poder adquisitivo‒, sin bases técnicas sobre lo realizado, con una concepción tributaria regresiva e injusta. Faltó decir apátrida y neoliberal; esto corre por mi cuenta, señor presidente.

Tampoco se inhibieron de decir que el reconocimiento de errores cometidos en el reaforo de setecientos quince padrones de San Carlos no cambia en absoluto lo injusto que ha sido este incremento en todo el departamento.

En mi opinión creo que aquí se puede aplicar aquello de palo porque bogas y porque no bogas palos. Contrariamente a ese discurso sin fundamentos, tenemos datos de padrones reaforados y vamos a ver con rigor científico, como le gusta decir al líder del señor edil convocante, qué hay de cierto en todo esto. Para ello le voy a solicitar al contador Baeza, que alternando con el ingeniero Carlos Rodríguez, casualmente técnico de carrera que participó también en estos temas durante la Administración anterior, tenga la gentileza de explicar un poco estos temas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antía. Le tengo que dar la palabra a Antía y él se la da al colaborador que quiere...

Continúa Baeza.

SEÑOR BAEZA.- Gracias, señor presidente, gracias intendente, señor edil Delgado, señores ediles.

Antes de comenzar a explicar el proceso que desarrollamos de ajuste de los valores imponibles y dada la cantidad de ejemplos de casos de zonas que no están incluidas en lo que nosotros vamos a explicar, quiero comentar que siempre que hay una regularización de una obra, de un padrón, se genera un ajuste del valor imponible; esto ha ocurrido siempre, no ahora, sino en todos los gobiernos, porque además es una forma de que una vez que la obra se introduce, toma un nuevo valor, el valor inmobiliario.

Al amparo del decreto de facilidades de regularización, se tramitaron en el último tiempo, mil trescientos noventa y ocho. Quizás cuando contemos con los casos específicos que el edil Delgado nos planteaba, podremos analizar, mirando el número de padrón, si están dentro de estas situaciones. (g.t.d)

Dicho eso, y separando lo que no estaría dentro de las áreas o zonas que se desarrollaron en el proyecto de ajuste de los valores imponibles, quiero contarles un poco el origen de todo esto.

Cuando ingresa el nuevo Gobierno, dentro de la auditoría interna nos llega un informe que surge del Expediente N.º 4.139 de marzo de 2013, y como fruto de ese expediente se contrató a un técnico especializado en tasaciones inmobiliarias. Este expediente se crea el 1º de marzo de 2013 y, en el mismo, en los considerandos, dice: “La Dirección de Planeamiento Urbano y Territorial, junto a la Dirección General de Hacienda, ha estado trabajando mancomunadamente en el estudio de las correlaciones existentes entre los tributos generados por los diferentes padrones de las distintas localidades del departamento de Maldonado. Dichos trabajos han resultado en diferencias de peso impositivo por padrón o territorio de real importancia, producto de la disímil evolución del metro cuadrado de tierras y construcción en el período comprendido desde el último estudio de aforos hasta el presente. Asimismo, la no concordancia de la evolución de los precios de la tierra con su producido tributario ha generado incertidumbre desde el punto de vista del inversor o propietario e injusticias tributarias”.

Por resolución de mayo de 2013 ‒el inicio del expediente fue en marzo de 2013‒, en los considerandos ‒los abrevio, tenemos acá el expediente‒, se establece: “...a los efectos de proveer de mayor cantidad de datos certeros y profesionales con el fin de evaluar la posibilidad de remediar las injusticias tributarias creadas y sugiriendo, además, comenzar la revisión de las localidades ubicadas al este del Arroyo Maldonado: El Tesoro, La Barra, Manantiales, El Chorro, San Vicente, Eden Rock, Santa Mónica, Playa Juanita y José Ignacio, localidades en las que se han detectado las mayores injusticias tributarias”.

Se resuelve la contratación de un profesional ingeniero agrimensor que, de acuerdo a lo que dice el expediente, contaba con vasta experiencia para el desarrollo del trabajo. El 8 de noviembre de 2013 ‒la resolución es de mayo de 2013‒ se firma un contrato con un plazo de seis meses.

Con fecha 7 de julio de 2015 ‒que es cuando está fechado y firmado el informe de ese profesional‒ se presenta procesada la labor en las localidades catastrales de El Tesoro, La Barra, Manantiales, El Chorro, Eden Rock, Buenos Aires ‒con la zona conocida como La Bota‒ y Santa Mónica. (a.t.)

Y en el propio informe aclara que faltan terminar las localidades de: Playa Juanita, Faro de José Ignacio y San Vicente.

A ese trabajo ‒que lo tenemos aquí, que lo analizamos con la Dirección de Catastro y con el equipo que intervino en todo esto‒ se le suma lo que ya mencionaba el edil Delgado del artículo 79, del Decreto Nº 3.947, donde el mismo declaraba vigentes los artículos 53, 54, 55 y 56 del Decreto Nº 3.622 y donde el artículo 54, de ese Decreto 3.622, decía: “Cométase a la Dirección de Catastro Municipal la fijación del valor imponible de los inmuebles urbanos y suburbanos del departamento”.

El artículo 56, del Decreto Nº 3.622 ‒como bien decía el edil Delgado‒, dice: “Se considera valor imponible el que resulte de la tasación de la tierra y las mejoras en estrecha relación con los valores actualizados del mercado inmobiliario”.

Sobre la base de esos dos antecedentes, además de una serie de muestras por las que se había visto que en la zona costera ‒no solo la que marcaba el expediente, que es la zona al este del Arroyo Maldonado, sino también hacia la zona costera de la zona oeste‒ se estaban dando esas injusticias tributarias ‒que este expediente y el origen de este trabajo originaban‒, se constató también que existían bastantes inequidades desde el punto de vista fiscal y existían propiedades muy valiosas que pagaban el mínimo exclusivamente; zona costera dentro de la cuestión.

De esa forma, tomando estos antecedentes, se crea un equipo de trabajo, a instancias de la Dirección General de Hacienda, en el cual participa la Dirección de Catastro, la Dirección de Información Geográfica, la Dirección de Cómputos y a mí me toca participar por la Dirección de la Auditoría Interna y Control de Gestión. Eso origina, en su momento, un memo, después de esas muestras y viendo todos los antecedentes, para generar este equipo de trabajo.

Este equipo de trabajo fue integrado fundamentalmente por técnicos de la Intendencia, funcionarios de carrera de la misma, y a mí me tocó la labor de ser el coordinador administrativo ‒por llamarlo de alguna forma‒ y el director de Catastro el coordinador técnico del mismo.

Las zonas que se consideraron las tenemos divididas, tenemos los planos, tenemos todo, se los podremos hacer llegar también. Por Municipio abarca: el Municipio de Solís ‒Solís, Bella Vista y Las Flores‒; el Municipio de Piriápolis ‒Playa Verde, Playa Hermosa, Playa Grande, Piriápolis, San Francisco, Punta Colorada y Punta Negra‒; Municipio de Maldonado ‒ Chihuahua, Piedras del Chileno‒ Municipio de San Carlos ‒La Barra, Manantiales, El Chorro, Balneario Buenos Aires, San Vicente, El Tesoro, Santa Mónica y San Carlos, fundamentalmente el centro de San Carlos‒.

Como verán, esta la parte del Municipio de San Carlos y lo del Municipio de Garzón son las zonas que marcaba el expediente anterior, donde ya habíamos visto que estaba claramente determinado y que dio origen a contrataciones de técnicos por la injusticia e inequidad tributaria que se generaba.

Y Municipio de Garzón: La Juanita y José Ignacio.

Fundamentalmente eran las zonas costeras. El total de padrones que se consideraron fue de diecisiete mil doscientos cuarenta y nueve 17.249, que era más o menos el 12,5% al que en algún momento el edil se refirió.

No se consideró la zona de Punta del Este dentro de la zona balnearia, porque se entendió que los valores ya estaban acordes en este momento a los valores del mercado y que ya la carga fiscal era alta. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco en el expediente anterior estaba considerada la zona costera de Punta del Este, que es donde hoy pesan los mayores valores imponibles. (m.g.g.)

Es importante marcar que en la gran mayoría de los padrones de estas zonas los montos que se manejaban eran los mínimos. Realmente, comparaba varios de los barrios que el edil Delgado mencionó, Cerro Pelado, Maldonado Nuevo, Punta Negra, Playa Verde, viviendas cerca de la playa, etc., etc., y pagaban exactamente lo mismo, siempre y cuando estuvieran con los mínimos.

Antes de comenzar los trabajos ‒que lo va a explicar técnicamente el director de Catastro con mayor profundidad‒ se hizo una serie de verificaciones, se determinaron los mapas y contó con una herramienta que es el censo de 2011 y con una serie de datos que ese censo larga, que nos permiten medir y, sobreponiendo los planos del propio censo, podemos tener la criticidad ‒palabra nueva para mí hasta ese momento, o vulnerabilidad‒ que podía haber en general en esas zonas. Se llegó así a que los resultados obtenidos en base a los datos del censo de 2011 no eran en general problemáticos en esas zonas que se tocaban.

En esto incluyo el centro de San Carlos también y una zona en esa delimitación del centro de San Carlos que se marcó con ese análisis de datos.

Se analizaron los índices de necesidades básicas insatisfechas y los indicadores de alto estatus, donde se considera el prestigio ocupacional de la gente y la insuficiencia educativa, entre otros.

Entonces, hasta ese momento teníamos determinadas las zonas, teníamos superpuesta la información del censo de 2011 ‒que era la información más completa con la que podíamos contar‒ y, dentro de esa situación, no nos surgía que en general esas zonas tuvieran ‒las que estábamos manejando‒ vulnerabilidades o criticidades importantes.

Además se procedió a hacer una serie de comparaciones con otras zonas del departamento, y ahí está lo que les mencionaba de que comparamos con padrones de Maldonado Nuevo y que pagaban exactamente lo mismo ante una serie de viviendas. Van a poder ver alguna foto al respecto.

También comparamos con otros departamentos, en situaciones similares: Montevideo, la zona de la costa, Canelones en la Costa de Oro, sobre todo, que quizás fuera de lo más comparable, donde encontramos que indudablemente eran muy superiores los importes que se pagaban por esas propiedades. Muchos de estos casos son segunda o tercera propiedad y en muchos casos en la Costa de Oro, cuando se tiene que tomar el valor de mercado, el valor potencial de alquiler se debe considerar también, y podía ser incluido.

Rocha, zona costera. Pero nos fuimos un poco más allá para ver y nos encontramos con una realidad en Soriano, en la ciudades de Mercedes, José Enrique Rodó, Dolores, Cardona, en el departamento de Flores 'en Trinidad', en Tacuarembó… Quedamos muy asombrados con los números que da San Gregorio de Polanco, comparativamente con toda esta serie de padrones que estábamos analizando para hacer el ajuste del valor imponible.

Hechas todas estas consideraciones y vistos todos esos antecedentes que no empezaban con nosotros sino en el Gobierno anterior, y teniendo en cuenta además que las exoneraciones para esos casos ‒si hubiera, porque cuando se hace lo del censo también el censo podía tener algún error o porque además se maneja en forma general, podía haber casos particulares‒…, se tuvo siempre en claro que se mantenían todas las exoneraciones vigentes para aquellos casos que pudieran ser alcanzados por única vivienda, discapacidad, jubilado, pensionista, etc., etc..

Desde el punto de vista de la metodología de trabajo ‒más allá de lo que vaya a ampliar el director de Catastro, el ingeniero Carlos Rodríguez‒, lo que se buscó fue que los nuevos valores imponibles mostraran la tasación de la tierra, porque lo que se hizo fue una revaloración de la tierra, no se tomó la parte de construcción. (c.g.)

Se hizo un trabajo, digamos, parcial, pero mucho más seguro que lo que es la valoración de la construcción, que sería en una segunda etapa.

Lo que se buscó entonces fue que la tasación que se le diera a la tierra quedara en estrecha relación con los valores actualizados del mercado inmobiliario. Se ajustaron exclusivamente los valores de los terrenos y, más allá del valor y toda la cuestión de fijación de ese valor imponible, se fijaron algunos topes de aumento para que el efecto no se fuera de control. Y ahí se pusieron diversos filtros al momento de la realización de los cálculos. Se los podríamos detallar, pero serían unos cuantos.

Como resumen de los resultados del trabajo podemos decir que la recaudación correspondiente a estos diecisiete mil y pico de padrones a los que se les ajustó el valor imponible, significó un 3,1% del total de la recaudación de enero y febrero de 2017. O sea, de todo lo que se recauda, estos diecisiete mil padrones, que son el 12,5% y que fundamentalmente son en la zona costera, significan el 3,1% de lo recaudado. Si no se hubieran ajustado, si no se hubiera hecho ningún ajuste a esos valores imponibles, en vez del 3,1% hubiera sido el 2%; quiere decir que el incremento con respecto a la recaudación por estos ajustes de los valores imponibles fue del 1,1,%.

La cobrabilidad de los padrones, una medida importante, porque siempre que se hace un ajuste puede repercutir en el índice de cobrabilidad, no se vio afectada, porque el índice de cobrabilidad de esos mismos padrones sin el ajuste, en el año 2016, fue de un 74% y en el 2017 fue de un 73%; por lo que queda claro que esos ajustes no afectaron la cobrabilidad de los mismos. Es importante también el hecho de que la mayoría de estos padrones que fueron ajustados indudablemente mantenían un buen nivel de cobrabilidad con respecto a otras zonas del departamento, zonas fundamentalmente que pagaban a través de los mínimos y donde la tasa de cobrabilidad es notoriamente inferior.

De las consultas y reclamos que se recibieron en total ‒porque además, como explicaba el señor intendente, hechas todas estas medidas se pusieron diversos medios para atender los posibles reclamos o las posibles consultas que al respecto hubiera‒ en el período hasta el 31 de enero, solo el 8,74% correspondían a este tema de los ajustes en estas zonas.

Y también generaron, en algunos casos, un ajuste. De ese total de padrones que, como les decíamos, eran diecisiete mil y pico, fueron ajustados hasta el momento, a través de procedimientos de expediente por la Dirección de Catastro ‒ante planteos que hicieron los propietarios que se entendió eran razonables‒, ciento treinta y cuatro casos. Se hicieron correcciones; no quiere decir que se hayan ajustado al valor original, simplemente se hicieron algunos ajustes ante diversos planteos.

Antes de dejar la palabra al ingeniero Carlos Rodríguez quiero referirme al tema y a la situación de San Carlos.

Sin duda, edil Delgado, no fue un dedo mal puesto, no fue que alguien vino de mal día, mal dormido y apretó mal la tecla, sin duda, eso sería muy jorobado. No fue así. Como ustedes saben, en una muy buena decisión, a mi juicio, la Administración anterior procedió a una serie de cambios de sistemas, entre ellos el de tributos. Con el cambio de Gobierno no llegaron a tiempo a ponerlo en proceso ellos y lo terminamos poniendo nosotros, pero con un sistema nuevo, manejando en distintas formas la información que se introduce. (k.f.)

Lo que ocurrió fue un error humano, donde la base de datos que se tenía que incorporar de San Carlos fue parcial. Se pasó un archivo por encima de otro, centro y alrededores del centro, y se consideró todo como alrededor del centro. Entonces, lo que ocurrió fue que se incluyeron menos padrones de los que tendrían que haberse incluido.

Al hacer eso, sin duda, estábamos queriendo corregir algo que en San Carlos es notorio: hay casas de gran porte y de muy buen valor ‒quienes vivimos en San Carlos lo tenemos bastante más claro, aparte es muy fácil determinar con fotos aéreas la situación del centro‒ y quedaban afuera, justamente, las propiedades más valiosas.

Ante esa situación que se planteó, el intendente tomó la resolución de dejar sin efecto temporalmente ‒como se explicó en su momento‒ la aplicación de este ajuste del valor imponible en San Carlos. Y se va a comenzar, junto con el resto del departamento, pero ya atacando, no solo el valor de la tierra, sino también el valor de la construcción.

De momento, por este tema, es lo que yo tengo para decir. No sé si el ingeniero Carlos Rodríguez quiere agregar algo…

SEÑOR PRESIDENTE.- Adelante, ingeniero.

(Dialogados).

SEÑOR CARLOS RODRÍGUEZ.- Buenas noches. Muchas gracias, señor presidente.

Lo primero que me gustaría hacerle llegar al edil Delgado es que la Dirección de Catastro comienza a trabajar en este tema a los efectos de dar cumplimiento a la resolución Nº 7.836/2016, que recae en el Expediente Nº 15.273/16, por el cual el señor intendente comete a la Dirección de Agrimensura y Catastro a realizar los procedimientos y las acciones necesarias para el cumplimiento de los artículos 53 y 54 del Decreto departamental Nº 3.622/90, con el apoyo de la Dirección General de Hacienda, la Dirección de Auditoría Interna, Control de Gestión y la Dirección de Sistema de Información Geográfica.

Yo soy un funcionario de carrera, ocupo un cargo de dirección de carrera y no actúo si no es a través de la resolución de algún jerarca, en este caso es una resolución directa del señor intendente.

¿Qué motivó esta resolución? Como ya lo explicó el contador Baeza, un estudio realizado por Auditoría Interna y Control de Gestión, que detectó que en algunas zonas del departamento de Maldonado la base de datos para el cálculo de los tributos de contribución inmobiliaria no había tenido ajustes en relación al aumento del valor inmobiliario de la tierra.

Ya este tema había sido tratado en la Administración anterior. El contador Baeza ya hizo referencia al comienzo de un trabajo que se hizo contratando al ingeniero Agrimensor Bengochea. Se había intentado también avanzar en la posibilidad de hacer un convenio con la Dirección Nacional de Catastro, dado que la Intendencia de Maldonado es la única que tiene base de datos propia para el cálculo de tributos, el resto de las Intendencias del país toman como base para el cálculo de la contribución inmobiliaria el valor real, que lo fija la Dirección Nacional de Catastro. Ya en la Administración anterior también se había intentado incursionar en ese tema. Realmente es un proceso difícil de transferir, porque tendríamos que lograr que los tributos nacionales, que se calculan de acuerdo al valor real, no impactaran doblemente a la población de Maldonado si se hace un reaforo en acuerdo o en convenio con la Dirección Nacional de Catastro. Eso ha llevado a la decisión de seguir trabajando con las bases de datos propias de la Dirección de Catastro municipal.

La Dirección de Catastro municipal se crea por los años 73 o 74. Se toman los valores que, en aquel momento, trabajaba la Dirección Nacional de Catastro.

Desde el año 82 al 84 se trabajó en el intento de hacer un acuerdo con la Dirección Nacional de Catastro y volver a los valores reales ‒en aquel momento trabajó el ingeniero González Uslenghi‒ y, si bien ese trabajo se culminó en gran parte del departamento, no se puso en práctica, no se pudo llegar a tomar la base de ese trabajo para temas tributarios porque volvieron a surgir los mismos problemas que detectamos cada vez que hemos intentado hacer un acuerdo con Catastro nacional. (a.g.b.)

A raíz de esta resolución que nombré, donde cometen a la Dirección de Catastro a hacer este trabajo, les quiero leer el primer informe que hace dicha Dirección y que dice: “A los efectos de dar cumplimiento a la Resolución 7.836/16, corresponde que esta Dirección se exprese al respecto”.

Hago referencia a un memo, el memo 26 de 2016, de Auditoría Interna y Control de Gestión, en el cual se hace referencia a la necesidad de rever los valores imponibles de los inmuebles ubicados en las zonas costeras del departamento, así como también en las localidades de San Carlos, Maldonado y Piriápolis, citando el artículo 54 del Decreto 3.622, que comete a esta Dirección la fijación del valor imponible, y el artículo 56 del mismo, que considera el valor imponible como el que resulte de la tasación de las tierras y sus mejoras en estrecha relación con los valores actualizados del mercado inmobiliario.

El procedimiento por el cual se llega a la fijación del valor imponible se resume en la siguiente fórmula: el valor imponible es el aforo total por un código factor, que cambia todos los años, porque ese código factor es el que recoge la actualización por IPC.

El valor del aforo total es el resultado del aforo del terreno más el aforo de las mejoras. En realidad, en muchos de los artículos se hace referencia al aforo o al imponible como que fuera lo mismo que el aforo, pero lo que realmente hace la Dirección de Catastro es aforar y el imponible es el resultado de multiplicar el aforo por un coeficiente y es después el imponible la base por la cual se hace el cálculo del impuesto.

El aforo resulta del producto del área del mismo por el unitario determinado para el terreno, considerando la zona y la conformación del mismo.

Estoy leyendo este informe porque creo que aclara muchas cosas a las que el edil hacía referencia en su exposición.

El aforo de la construcción surge de la aplicación de la tabla de valores de edificación por metro cuadrado de superficie cubierta, instrumentada por el Ministerio de Hacienda, Dirección General de Catastro, con fecha enero del año 1964. O sea que la tabla por la cual en la actualidad se aforan las construcciones es una tabla que surge de la Dirección Nacional de Catastro y que tiene fecha de enero de 1964.

Los unitarios que se toman para el terreno ‒cuando hice referencia al aforo de terrenos‒ son los unitarios que se recogieron de la Dirección de Catastro nacional cuando se forma la Dirección de Catastro municipal.

Esos unitarios solamente han sido motivo de revisión en casos puntuales, en algún reclamo de algún vecino, donde si se detecta que hay un error, que hay un unitario en la manzana que no concuerda con el unitario de la zona, la Dirección de Catastro modifica el unitario a los efectos de ajustar el resultado del valor imponible.

Estudiadas las zonas solicitadas se detectaron incongruencias en los valores imponibles, los cuales no reflejan relación con los valores del mercado. A efectos de corregir lo antes mencionado es necesario modificar los unitarios fijados para los terrenos, logrando corregir los aforos de la tierra. O sea que, en esta oportunidad, lo que hizo la Dirección de Catastro fue sugerir la modificación de los unitarios de una lista de padrones y aclarar que para rever el aforo de las construcciones, es necesario instrumentar una metodología de trabajo que exige una infraestructura no disponible por esta Dirección, por lo que se sugiere en esta etapa realizar el ajuste del aforo de la tierra dejando para una segunda etapa el ajuste en el aforo de las construcciones.

Una de las preguntas que formula el edil es qué capacidad de personal tiene en este momento la Dirección de Catastro municipal para poder encarar un reaforo. En este informe aclaro o expongo que la Dirección de Catastro no tiene en este momento ni personal ni metodología de trabajo como para realizar el aforo de las construcciones. Habría que salir a recorrer casa por casa, a verificar si las construcciones están declaradas o no…

Se detallan a continuación las zonas que se incluyen en el presente estudio, agrupando las mismas de acuerdo al Municipio que pertenecen ‒sobre eso ya habló el contador Baeza‒. (a.f.r.)

Queda claro, entonces, que el rigor técnico que hay en este trabajo es lo que en el informe se expresa.

Se recorrió la zona costera. Después el contador Baeza va a mostrar las zonas, pero tampoco se avanzó en la zona costera muchas manzanas hacia el norte, digamos, hacia adentro.

El edil nombra casos de San Carlos, Pan de Azúcar, barrio Sarubbi y barrio Rivera, pero la Dirección de Catastro no modificó aforos en ninguno de esos lugares. Si realmente hay un cambio en el tributo, que surge de una modificación del aforo del terreno, hay un error y hay que corregirlo, como se han corregido otros casos que se han presentado. Es muy probable que lo que ocurra es que se hayan incorporado metros cuadrados de construcción. Ya hace muchos años que la Dirección de Catastro actualiza semanalmente los metros cuadrados en los que se da final de obra; o sea que todo aquello para lo que se dio final de obra, a la semana está incorporado. Puede ser que por ahí venga el tema de la variación del tributo de contribución inmobiliaria.

En Piriápolis hubo una zona, lo que se llama barrio La Falda, que está incluida dentro de lo que originalmente era el barrio Country. Yo fui a Piriápolis a solicitud del señor intendente y estuve recorriendo con el alcalde Invernizzi. Lo que sucedió ahí es que en el origen el barrio tenía terrenos entre 600 y 900 metros cuadrados; generalmente, los barrios de vivienda permanente son barrios de 300 metros. Ese barrio tenía un destino diferente al que en esa zona ‒La Falda‒ se terminó consolidando, porque esa tierra la mantuvo durante mucho tiempo un solo propietario, el que salió a venderla en cuotas, entonces generó que accediera a esos terrenos un grupo de familias humildes que tienen sus viviendas ahí y que fueron abarcadas en algunos de los padrones que nosotros vamos a mostrar.

En aquel momento se le comentó al alcalde que si las personas se presentaban a reclamar por el tema, había un instrumento por el cual se iban a ir corrigiendo esos aforos. Así se ha venido haciendo y ya se han contestado varias consultas.

Tendríamos que seguir mostrando un poco las zonas que realmente...

SEÑOR BAEZA.- Se mostraron. Están las zonas y los planos a disposición.

SEÑOR CARLOS RODRÍGUEZ.- Bueno, esa información está toda a disposición, especialmente para aclarar que hay zonas que el edil nombra...

SEÑOR ANTÍA.- Perdón, yo repasaría las zonas puntualmente.

SEÑOR BAEZA.- Bueno, eso es lo que podríamos repasar en los gráficos que se están viendo.

SEÑOR ANTÍA.- Rápidamente, para que quede claro.

(Se proyectan planos).

SEÑOR BAEZA.- Las zonas por Municipio son ‒reiteramos lo que ya les habíamos dicho‒: Municipio de Solís ‒que abarca Solís, Bella Vista y Las Flores‒, Municipio de Piriápolis ‒Playa Verde, Playa Hermosa, Playa Grande, Piriápolis, San Francisco, Punta Colorada y Punta Negra‒, Municipio de Maldonado ‒Chihuahua y Piedras del Chileno‒, Municipio de San Carlos ‒La Barra, Manantiales, El Chorro, Balneario Buenos Aires, San Vicente...

(Dialogados en la Mesa). (m.r.c.)

Como decíamos, Municipio de San Carlos, reitero: La Barra, Manantiales, El Chorro, Balneario Buenos Aires, San Vicente, El Tesoro, Santa Mónica y San Carlos, que era el centro, y Municipio de Garzón, La Juanita y José Ignacio.

Los planos, con más detalles, se los hacemos llegar de forma impresa.

SEÑORA ONTANEDA.- Señor presidente, ¿me pasa Solís?

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Tiene Solís ahí?

SEÑOR BAEZA.- Puede no estar el plano, pero está dentro de la zona abarcada y están los dibujos de los planos. Además, va a ser más fácil que lo vean en forma impresa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que es el primero de los planos.

(Dialogados en la Mesa).

SEÑORA ONTANEDA.-Una que está al Norte, de 4.000 se fue a 18.000 ahí en Solís.

SEÑOR BAEZA.- Sí, de acuerdo al valor de la tierra, el metraje, al valor que se le dio tomando como base la experiencia…

SEÑORA ONTANEDA.- Es una vivienda económica.

(Dialogados).

SEÑOR PRESIDENTE.- No entremos a dialogar.

SEÑOR CARLOS RODRÍGUEZ.- Una aclaración que me gustaría hacer. A raíz de que no se consideró el reaforo de las construcciones, muchos vecinos, cuando nos han venido a reclamar el aumento que tuvieron en la contribución de los terrenos, reclaman que tienen al lado un vecino con una casa muy buena y que pagan menos o lo mismo que ellos que tienen una casa más humilde.

Eso responde, justamente, al hecho de que no se consideró el reaforo de las construcciones. El intendente ya me ha dado directivas para que organice la posibilidad de hacer un reaforo casa por casa. En tal sentido ya hemos mantenido entrevistas y charlas con profesores de la Facultad y estamos armando la propuesta que le vamos a hacer al intendente para formar los equipos técnicos de trabajo para lograr reaforar las construcciones y que no ocurra eso.

SEÑOR BAEZA.- Eso es Solís. Lo tenemos acá más claro.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Quién continúa? ¿Villegas? ¿Luis? (g.t.d.)

(Dialogados).

SEÑOR PEREIRA.- Gracias.

No obstante lo que acabamos de escuchar, señor presidente, podemos decir que hasta el momento, a través de la intervención del señor edil convocante, no tuvimos ninguna prueba categórica de estas afirmaciones, de cuestionamiento a nuestras medidas, solo generalidades.

Inclusive, en más de una oportunidad advertimos intentos de poner a nuestro cargo las pruebas de que ello no fuera así, cuando no es a nosotros a quien corresponde absolver ese tipo de afirmaciones, sino a quien las formula. El no hacerlo es descalificante en sí mismo y no requiere ningún esfuerzo de la contraparte por buscar pruebas negativas.

A continuación voy a pasar rápidamente al capítulo que podríamos denominar “De omisiones totales o parciales”. Me refiero, concretamente, a algunos elementos de enorme trascendencia para el tema planteado por el edil convocante y a los cuales no hizo referencia o los mencionó parcialmente. Si se omiten estos elementos, resulta bastante más fácil pretender que el tema sea responsabilidad del Ejecutivo actual.

De este modo, volvemos a lo que decíamos inicialmente: el edil Delgado mencionó al pasar situaciones de falta de atención o de insania hacia determinados sectores de la población, fundamentalmente hacia aquellos que podemos denominar como “más vulnerables”.

Creo que es importante que nos detengamos en esto, por ser uno de los factores gravitantes de nuestras políticas de inclusión y porque resulta medular en nuestra economía a la hora de asignar recursos al conjunto de la sociedad. No nos llama la atención que se haga esto; el Frente Amplio ‒fundamentalmente algunos sectores‒ se coloca siempre como defensor de los desposeídos y de los que menos tienen; sin embargo, entendemos que acá se ha reiterado más de una vez algo que no es cierto. Es fácil hacerlo ‒como se hizo anteriormente‒ pero, a la hora de pagar las cuentas, evidentemente los responsables van a ser otros, y eso fue lo que ocurrió en el período anterior.

Todo esto ‒sobre lo que adelanto que volveremos‒ no puede soslayarse, repito, a la hora de examinar nuestro desempeño. No vale solo mirar una parte de las manifestaciones del fenómeno, sino que hay que hacerlo en su totalidad. Recuérdese, entonces, que Uruguay supo tener durante los diez años anteriores a esta Administración ‒y a Maldonado no le fue ajeno‒ niveles récord de consumo y de inversión privada, cosas que no sucedían desde hace muchas décadas.

Lo primero es una señal de mejora en el nivel de vida de la gente y un mayor ejercicio de su libertad a la hora de resolver qué es lo que quiere consumir. Lo segundo es una muy positiva señal, un buen augurio para el futuro de la producción y del crecimiento, siempre y cuando desde el Gobierno se tomen providencias para cuando el viento cambie de rumbo.

Claramente, eso no ha sido lo que ocurrió en el país y tampoco en Maldonado; aunque había recursos suficientes, nos encontramos con que la Administración tuvo ciertas ineficiencias en políticas sociales en la anterior gestión.

Algunas de las características más significativas del Gobierno departamental anterior fueron la improvisación y la irracionalidad de las políticas sociales, la superposición de las instituciones y servicios surgidos en diferentes momentos históricos, medios técnicos y recursos económicos dispersos, yuxtapuestos y mal distribuidos territorial y sectorialmente y metodologías muchas veces contrapuestas. También existió falta de políticas sociales coordinadas con carácter integral, por ejemplo, en políticas de vivienda; falta de trabajo de campo del equipo técnico-social y arquitectónico en preobra y en obra misma y falta de seguimiento luego en la postobra; falta de materiales para continuar con la construcción del programa de vivienda.

No se concretó la regularización de los asentamientos El Placer y Kennedy; no se cumplió el convenio con el exPiai, hoy PMB; se traspasaron miles de dólares para el trabajo técnico, social y arquitectónico y no se logró el producto esperado para el programa de realojo ‒esto fue en el segundo período de gobierno, antes del 2013‒ y se cayó el convenio marco con el Piai debido al incumplimiento del mismo.

Con respecto a las políticas de juventud, faltó allí planificación de las mismas. Se articuló la Mesa Departamental de Jóvenes, pero faltó descentralización en políticas…

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Eso está relacionado con el aumento de la contribución y reaforo…?

SEÑOR PEREIRA.- Sí.

SEÑOR PRESIDENTE.- Siga, entonces.

SEÑOR PEREIRA.- Estoy diciendo las carencias que tuvimos que abordar y/o revertir.

(Interrupciones).

SEÑOR CARLOS CORUJO.- Ya lo tenía escrito y lo tenía que decir.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Estás hablando sin pedir permiso?

(Disentidos).

SEÑOR PEREIRA.- En deporte faltó descentralización de políticas. El deporte quedaba en la órbita del Campus, no existían propuestas recreativas, deportivas y lúdicas en los distintos territorios. Faltaron recursos humanos para concretar dicha propuesta.

Desarrollo social. En la Dirección de Integración y Desarrollo Social no existía ningún programa ni proyecto alternativo de desarrollo comunitario, ningún proyecto de animación sociocultural, deportivo o recreativo en el marco de un programa; eran una serie de actividades inconexas sin objetivos ni indicadores de evaluación. En ningún momento se planteó alcanzar el desarrollo social desde la perspectiva de derecho, procurando asegurar impactos sociales sostenidos mediante la ejecución de una propuesta integral de acuerdo a las particularidades del territorio.

SEÑOR DE LEÓN.- ¿Está hablando de Maldonado, señor presidente?

SEÑOR PRESIDENTE.- Yo creo que sí. ¿Usted también se va a poner chistoso?

(Disentidos).

Si no, arrancamos todos...

Continúe.

SEÑOR PEREIRA.- Tampoco se consideraba la capacitación para el cargo de auxiliar docente. En la mayoría de los centros no se contrataba para esta tarea a personal calificado ni con el perfil adecuado para desempeñar actividades en el aula.

En cuanto a las partidas de alimentación, eran escasas en cantidad y en calidad para atender de forma adecuada a los niños y al personal. Además, las partidas no llegaban en tiempo y forma para el eficaz funcionamiento de los centros.

Desde otro ángulo se han identificado programas históricos de la Intendencia que en la Administración anterior fueron gestionados de manera ineficiente, en los procesos y en los resultados. Por ejemplo, al programa de Jornales Solidarios se lo llevó a la mínima expresión, ya que cuando asumimos el Gobierno en julio de 2015 este programa se había reducido a doscientos puestos de trabajo, con una carga horaria diaria de cuatro horas y un sueldo nominal de tan solo $5.000.

SEÑOR CARLOS CORUJO.- ¿Tiene que ver con el tema?

SEÑOR PRESIDENTE.- Le acabo de preguntar y él entiende que sí. Sí vamos a hablar de a uno, seguimos así toda la noche; si no, volvemos al orden.

No me hagan repetir que mientras habló Delgado, durante dos horas, nadie habló. Es una cuestión de respeto: quieren respetar, vamos a respetar; no quieren respetar, van a tener que respetar igual. (a.t.)

Van seis que hablan, seis, pero mientras habló Delgado no habló nadie; creo que es un problema de respeto y de posición política de una fuerza política que tiene que aprender a aguantar.

Gracias.

Siga.

SEÑOR PEREIRA.- Otro caso emblemático que hallamos al iniciar este Gobierno fue el del boleto estudiantil. En el año 2015, de 45.000.000 previstos para invertir en becas del transporte estudiantil, más de 15.000.000 se malgastaron ese año en pagar viajes diarios de estudiantes que concurrían a Maldonado, pero residían fuera del departamento, por ejemplo, viajando diariamente desde Montevideo, localidades de Canelones, de Minas, de Rocha.

En este caso el Área de Transporte de la Administración incumplió la propia resolución del exintendente De los Santos, ya que no estaba previsto adjudicar becas a estudiantes no residentes en Maldonado.

Pasemos ahora a lo que se tildaba ‒reitero, sin ánimo peyorativo‒ de falacias en el planteo del señor edil que nos cursa la invitación para concurrir.

Discurren, a través de su exposición juicios de valor coincidentes con reiteradas expresiones del exintendente De los Santos, acuñadas desde el 2015 y vueltas a compendiar el 13 de abril de 2016, en un documento que titula “el agujero blanco” y en sueltos de prensa.

Asimismo se consignan pasajes de lo manifestado por la escribana Susana Hernández al dejar el Gobierno. Debo aclarar que tengo de ella el mayor de los conceptos en lo personal y profesional, por tratarse de una estimada vecina de mi pueblo y de probada honradez, aunque discrepemos políticamente, y lo mismo ocurre con el último exdirector general de Hacienda de su Gobierno, el señor Pedro González.

Como datos de la realidad, fueron claros en establecer que mantener el déficit heredado del Partido Nacional fue una decisión política del Frente Amplio, propuesta por el intendente Óscar De los Santos y sostenida por todos los intendentes que ocuparon el cargo del 2005 al 2015, aprobada en decenas de reuniones de Gabinete por directores generales de todos los sectores, tratada en varias agrupaciones de gobierno y bancadas de ediles de la Junta Departamental y proclamada públicamente en muchas oportunidades y documentos.

También así se le dijo, a quien quisiera escuchar, que: “nos dejaban la casa en orden, o lo mismo, con una deuda menor a la que encontraron cuando llegaron en 2005”. De todos modos, no dejan de ser declaraciones estentóreas, pero que de ninguna manera contradicen los números que expusimos oportunamente en otras intervenciones en la Comisión de Presupuesto de esta Junta, en la que finalmente terminó convalidando el propio Tribunal de Cuentas de la República, organismo que el Frente Amplio de Maldonado estaba esperando su veredicto como el desiderátum de nuestras controversias.

Eso ya ocurrió, pero aún no hemos oído manifestaciones del exintendente De los Santos ni de ninguno de sus interlocutores más cercanos aceptándolo, como dijeron.

Hemos visto que a fin de darle fuerza a su argumentación el señor edil Delgado utiliza y repite una expresión un tanto esloganizada de quienes defienden intereses sectoriales: “el Gobierno del Partido Nacional castiga a la clase de los que menos tienen y a la clase trabajadora”. Sabemos que esto tiene una inmediata connotación negativa, no es indiferente, pues, la elección de tales expresiones.

Ante todo, lo que debemos señalar es que no ha habido pruebas de sus dichos en forma contundente, pero esto realmente lo terminó de laudar el Tribunal de Cuentas, cuando el 23 de noviembre de 2016 en su dictamen sentencia: “En opinión del Tribunal de Cuentas, los estados mencionados ‒que son los que enviamos desde la Intendencia‒ presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la ejecución presupuestal en relación a los recursos y a los créditos el resultado del Ejercicio 2015 y el resultado acumulado al 31 de diciembre de 2015, de acuerdo a las normas establecidas en el Tocaf y la resolución de este Tribunal, de fecha 28 de enero de 2004”. Esto ocurrió con fecha 23 de noviembre de 2016.

Naturalmente, este no es el tema primordial al que nos queríamos referir, puesto que lo importante aquí es la utilización no aclarada de los vocablos impuestazo y tarifazo; repito, lo que inmediatamente genera en la gente la sensación de que aquí hay algo negativo.

Nuevamente la realidad de los indicadores en materia de desempeño en la gestión del Maldonado actual indica la conformidad de la gente.

Veamos cómo respondió la cobranza de enero y de febrero.

Álvaro, por favor...

SEÑOR VILLEGAS.- Buenas noches.

Cuando se han aprobado cada uno de estos…

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor edil Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señor presidente, para pedir prórroga de hora por una hora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es de orden, sírvanse manifestarse.

(Murmullos).

Estamos votando.

SE VOTA: 20 en 31, afirmativo. (m.g.g.)

SEÑOR ANTONINI.- Señor presidente, ¿me permite?

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, señor edil.

SEÑOR ANTONINI.- Para pedir prórroga de hora hasta que termine la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- No es lo coordinado, pero como moción de orden se puede votar.

Está a consideración…

SE VOTA: 14 en 31, negativo.

SEÑOR ANTONINI.- Gracias, presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Villegas.

SEÑOR VILLEGAS.- Cuando hace un año se aprobaron los diferentes instrumentos a los cuales nos hemos estado refiriendo esta noche, como el caso del Presupuesto departamental y hace un buen tiempo también el Decreto de regularizaciones de las construcciones clandestinas, en ambas ocasiones se tejieron por parte de la oposición determinados escenarios de incertidumbre, de falta de certezas, de augurios no positivos respecto al comportamiento de los vecinos, en algún caso respecto al plan de regularización de construcciones, en el cual seguramente están referidos en la mayoría de los casos citados por el edil interpelante y que no tienen estrictamente que ver con el reaforo que comentaba el contador Baeza y el director de Catastro... Estos escenarios no se han visto reflejados en la realidad.

En oportunidad de discutirse el proyecto de regularización de las construcciones ‒que fue votado también por la oposición, con 30 votos‒, sin perjuicio de eso se hicieron determinadas salvedades o advertencias en el debate y por algún edil del Frente se llegó a decir: “Por qué no seguir aplicando el decreto anterior, el Decreto Nº 3.901, que estaba en vigencia”, o por otro señor edil: “Reiteramos que votamos por disciplina partidaria; seguimos sosteniendo que es mejor para la población el Decreto Nº 3.901” ‒es decir, el del Frente Amplio‒ “que el que se está aprobando”. Sin embargo, los vecinos no opinaron lo mismo, porque en menos de un año de vigencia de ese decreto de regularización de las construcciones, se han tramitado mil quinientos expedientes aproximadamente ‒de acuerdo a la constancia que tenemos emitida hoy por el director de Control Edilicio‒ y, sin embargo, por el decreto anterior en tres años se iniciaron trescientos diecinueve expedientes. O sea que hay una diferencia abismal, y lo que a veces es bueno en determinados ámbitos, no es bueno para la gente. Y en este caso este nuevo decreto, que ha permitido con determinadas facilidades la regularización de construcciones, termina provocando que al regularizarse la gente incorpore las mejoras a sus construcciones y, obviamente, eso se vea reflejado en el valor de la contribución. Pero esto lo sabían todos y así fue votado por el oficialismo y por la oposición.

También se tejieron augurios en cuanto al comportamiento de los contribuyentes respecto a la política tributaria plasmada en el Presupuesto, y si consideramos los padrones totales en el año 2016, un 66% de los padrones dieron cumplimiento, mientras que en el año 2017 un 67% de los padrones dieron cumplimiento al pago de la contribución inmobiliaria y los demás tributos que se cobran conjuntamente. Estamos hablando de noventaiún mil novecientos treinta y tres padrones, para ir ya aportando datos que se requerían por parte del interpelante.

En cuanto a los mínimos, en 2017 fueron cincuentaiún mil setenta y dos contribuyentes que cancelaron sus obligaciones tributarias; también tenemos un incremento, respecto al año 2016, de un 1%, se pasó de grado de cumplimiento del 59 al 60% en materia de contribuyentes que abonan el mínimo de la planilla, los $6.000 y pico anuales a los que se ha hecho referencia más de una vez.(c.g)

(Siendo la hora 01:55 minutos asume la Presidencia el señor edil Efraín Acuña).

Y por cierto que los mínimos ‒y a eso hacía referencia el presidente de la Junta cuando se dio el debate en la oportunidad del Presupuesto‒ no eran una creación de este Presupuesto departamental sino que ya estaban creados desde antes y fueron aplicados durante el Gobierno del Frente Amplio.

En los mínimos, entonces, hubo un avance y una mejora en el grado de cumplimiento de los contribuyentes y lo recaudado por concepto de contribuyentes que abonaron lo mínimo establecido por las obligaciones departamentales representó, en relación a lo recaudado, un 2,92%. Es decir que lo que se aportó por concepto de mínimos en el total de la recaudación de tributos inmobiliarios durante enero y febrero representó un 2,92%, $72.000.000.

Siguiendo con el tema del cumplimiento, en cuanto a los padrones que fueron reaforados ‒ya se ha hecho referencia a esto pero es bueno recalcarlo‒: diecisiete mil doscientos cuarenta y nueve, fundamentalmente y en lo medular en el área costera ‒ como ya se especificó‒; hubo además un grado de cumplimiento del 74%, manteniendo estos padrones el mismo comportamiento que en el ejercicio anterior, con un 3% de incidencia en la recaudación total de los tributos inmobiliarios durante enero y febrero.

Respecto al adicional de seguridad ‒y esto lleva a descartar parte de las afirmaciones formuladas por el edil interpelante‒, un 41% de los padrones pagan el mínimo en todo el departamento, es decir que por concepto del adicional de seguridad debieron pagar la suma de $108 durante el Ejercicio 2017; 41%. Y si nos extraemos a la localidad de Punta del Este, los que pagan el mínimo por concepto del adicional trepan al 51%, es decir, más de la mitad de los contribuyentes pagan el mínimo de $108 respecto a la globalidad de los que deben abonar este adicional de seguridad que es transitorio y está plasmado por este período de gobierno.

En definitiva, las cifras demuestran que no se dio cumplimiento a lo que es el escenario de incertidumbre o de augurios negativos, sino que se mantuvo una constante en la recaudación, incluso mejorando los niveles de cumplimiento por parte de los vecinos.

SEÑOR PEREIRA.- Señor presidente, continuamos diciendo que a la hora de analizar la situación actual de la Intendencia de Maldonado, si se lo quiere hacer de manera objetiva y equilibrada, no es técnicamente correcto estudiar solamente los elementos o fenómenos en forma sesgada o parcial, como pudo ser la interpretación que hacía la Administración saliente de los saldos de cuentas al 8 de octubre de 2015, sino que tendrá que observarse el panorama de la misma en su conjunto.

(Siendo la hora 01:59 minutos reasume la Presidencia el señor edil Rodrigo Blás).

También, y no digo que con expresa intención, de la exposición del señor miembro convocante se desliza, aparece, sobrevuela, como se decía en tiempos muy especiales de nuestra historia reciente, la impresión de que el Ejecutivo actual hace tabla rasa con la cuestión impositiva de forma por demás insensible y arbitraria, lo que, como apreciarán, se trata de otra falacia de neto corte gramsciano. En cuanto a este aspecto, me voy a detener para analizarlo más detalladamente.

Bien vale la pena analizar lo que sí fue un verdadero tarifazo, como lo fueron las medidas dispuestas por el exintendente De los Santos, allá por el año 2012. Tenemos acá una placa, la número 7, donde tomó la decisión con sus directores generales, en más de una reunión... Decía también el exintendente que “la comuna estaba iniciando un proceso de reaforo que dependerá de la calidad de la vivienda y la prestación de los servicios urbanos. (k.f.)

Tenemos una situación de injusticia tributaria porque en una misma zona, como no hay un aforo catastral, viviendas de valores distintos pagan precios casi iguales, por ejemplo, por estar en la misma zona turística”. Dijo esto y citó el ejemplo de “las chacras marítimas, que pagan unos U$$20 por año, pero esa misma mansión de Punta del Este paga casi U$S2.000.

El proyecto establece que la vivienda pague en función de los aforos catastrales y los valores municipales, en relación a lo que paga esa vivienda con más prestaciones de servicio”, aunque aclaró que por el momento no estaba definido.

Asimismo, estas fueron decisiones que tomó el intendente con sus directores y definieron prioridades para tomar la decisión. En su momento esto fue también compartido por el edil, a la sazón, coordinador de bancada del Partido Colorado, Eduardo Elinger, que valoró los planes sociales que impulsa la Administración, pero también decía que “hay que utilizar la herramienta del reaforo catastral. Le exigimos al intendente, porque es el segundo Gobierno del Frente Amplio que utiliza esa herramienta a los efectos de realizar un reaforo y conocer la realidad en esa materia.

El señor diputado De los Santos ‒hoy casi el edil treinta y dos de esta Junta‒ ha hecho un enjuiciamiento a nuestra política tributaria, siguiendo una línea que parece ser bastante típica en el Uruguay y, concretamente, en Maldonado: la de atribuir todo lo bueno a sus Gobiernos y todo lo malo al que se dio en Maldonado desde julio de 2015.

Creo que su planteo es, antes que nada, irreal, en buena medida falaz, y, en algún punto, hasta insólito. Se trata de un planteo irreal y que no es novedoso, al menos en el comportamiento político que practica el exintendente De los Santos. Con frecuencia le oímos este tipo de manifestaciones, pero en este caso existe una diferencia, dado que el promotor de estas actuaciones es reincidente y contumaz. Su tenacidad para sostenerlo realmente no tiene parangón.

Vamos a ver la placa Nº 9.

SEÑOR VILLEGAS.- En este punto de la sesión queremos, de algún modo, rechazar alguna afirmación que se hizo por parte del miembro interpelante en cuanto a que en los últimos diez años no hubo aumentos en los tributos inmobiliarios por encima del IPC. Eso es absolutamente falso.

En oportunidad de discutirse el Presupuesto de 2011, donde finalmente se aprobó por parte de la mayoría de ese entonces el Decreto Nº 3.881, se aprobaron una serie de aumentos indiscriminados en materia de tributos inmobiliarios por encima del índice de actualización ‒es decir, del IPC‒ y aplicando diferentes alícuotas que iban en el papel, desde el 2% al 20%.

En el informe de esa oportunidad por parte de la mayoría, se reconocía, tal cual surge del diario de sesiones del 1º de abril de 2011, la necesidad de realizar ese aumento, pero además se reconocía que sería complemento de un objetivo mayor, que es la realización del reaforo catastral. Es decir que ya en esa instancia se reconocía la necesidad de proceder y llevar adelante un reaforo. Pero lo que se termina plasmando en esa oportunidad es una situación de profunda injusticia tributaria; el aumento que se plasmó allí, en esa instancia presupuestal, alcanzó al 31,7 de los padrones ‒es decir: treinta y ocho mil novecientos ochenta y ocho padrones en el departamento‒ y de ese universo un 40% de los padrones a los cuales se les aumentó verificaron aumentos en los tributos del 20% o más, hasta un 37%. (a.g.b.)

Incluso, ese aumento significó ‒por encima del IPC‒ un incremento en la emisión del 12,3% y un incremento en la recaudación del 9,75%.

Y se dieron situaciones de extrema injusticia, porque el hecho de aplicar un coeficiente a tabla rasa determinó, por ejemplo, que padrones que estaban en la franja más baja en el interior del departamento y que por el decreto se les debía aplicar un 2% de incremento sobre los valores de aforo, terminaron teniendo un aumento real del 22%; la franja más baja, que iba a tener un 2% de aumento, terminó con un 22%, porque al aplicar ese índice de actualización y al subir de franja se le aplica una tasa mayor, una alícuota mayor; entonces, padrones que teóricamente tendrían que haber tenido un 2% de incremento, terminaron teniendo un 22 y otros padrones terminaron teniendo un 37% de aumento.

Como dice el Decreto 3.881 en el artículo 134, los valores estaban dados por la actualización más el índice adicional de actualización. Quiere decir, entonces, que es mentira que durante el período anterior los padrones se actualizaron exclusivamente por IPC; se actualizaron por IPC y también por índices adicionales de actualización que llegaron hasta un 37% de incremento en la contribución inmobiliaria.

Pero esto no es lo único y a veces, cuando se habla de que las cosas se hacen ‒cito al interpelante‒ en silencio, en forma indiscriminada o taimada, tenemos que remontarnos al 21 de diciembre de 2005, cuando esta Junta trató un proyecto de decreto que aprobó el Frente Amplio y que determinó que los beneficios que tenían los contribuyentes por continuidad en el pago bajaran del 10 al 8% y que los beneficios por pago contado bajaran del 10 al 6%.

Y cuando hablan de aumentos ocultos o no avisados que, como en este caso, fueron producto de todo un proceso de discusión presupuestal debidamente publicitado, promocionado y discutido con la oposición, nos encontramos que en este caso, esta pérdida de beneficios que significó ni más ni menos que un aumento encubierto en la contribución, se discutió un 21 de diciembre de 2005, pocos días antes de comenzar el ejercicio posterior. A las 03:01 minuto de la mañana, a las 03:01 de un 21 de diciembre, en una sesión que duró ocho minutos, se aprobó, con 16 votos, este aumento encubierto.

Entonces, cuando a veces se habla de cosas oscuras o poco transparentes tendríamos que remontarnos a esta sesión, donde se terminaron eliminando varios puntos de beneficios para los contribuyentes, y hoy en día esa pérdida de puntos representa aproximadamente U$S5.000.000 por ejercicio.

Entonces, no es cierto que los incrementos en el pasado ‒en los últimos diez años‒ hayan sido por el índice de precios al consumo, también hubo índices adicionales y también hubo pérdida de beneficios. (a.f.r.)

SEÑOR PEREIRA.- Digamos ahora que el miembro convocante se hace eco y suscribe todo lo que De los Santos reclama a lo largo de su planteo, cuando dice, como ha dicho, que quiere más gastos en salarios, en seguridad social, en salud, en enseñanza, en vivienda, en incentivos para invertir y claro está, además, desea que no se incrementen determinados impuestos ni aumentar el endeudamiento –como si no lo hubiésemos controlado–, pero nunca vota ningún recurso con el falaz argumento de no dar un cheque en blanco y se olvida, el edil Delgado, que él mismo es hijo político y responsable del mayor endeudamiento que ha tenido un gobierno en Maldonado en toda su historia.

Recordarán también cuando expusimos en la Comisión de Presupuesto acerca de estos temas y de cuáles eran, a nuestro juicio, las herramientas para dar solución lógica y sustentable a los mismos. Ya saben cuál fue la reacción, parecería que a sus ojos yo estaba dinamitando los puentes. Pero nada decían –aunque todo lo escucharon– cuando el exintendente, en una actitud arrogante y prescindente también, ponía lo político por encima de la realidad, por ejemplo, diciendo que fue quien hizo más obra en la historia de Maldonado. En realidad, nadie ha visto esas obras. También afirmando que el déficit de U$S20.000.000 con que empezó su gestión es mayor a la deuda de 93.000.000 con que finalizó. Pero tampoco se amilana cuando en un comunicado soluciona todas las discrepancias de un plumazo, simplemente dice que quienes piensan diferente a él son ignorantes o gente de mala fe.

Acá no es que ponga la política por encima de todo sino que se encumbra a sí mismo por encima de todos y se considera dueño absoluto de la verdad.

A continuación me voy a referir al capítulo de “Errores de comprensión”. Después de escuchar la exposición del edil Delgado nos vino también a la memoria lo que decía el diputado De los Santos el 13 de julio de 2015, es decir, a cinco días de instalada la actual Administración. Lo refresca porque también se hace eco y lo amplifica, lo que a nuestro juicio constituye un grosero error de comprensión o de comprensión lectora.

Nos decía De los Santos, en esos momentos, que el director de Hacienda, señor Pedro González, había dejado en caja $102.000.000 contantes y sonantes. “Los tiene depositados el nuevo director, que no los oculte, es información pública. Que muestre también las letras de tesorería y efectivo que tiene por $130.000.000, con vencimiento en agosto y setiembre, surgidos del decreto de retorno por mayor valor, destinados a la construcción de viviendas, razón por la cual no nos explicamos su decisión de detención de estas obras”. Lo que olvida el señor De los Santos es que esos son activos indisponibles, no se pueden utilizar para otra cosa, y existe en la Junta una Comisión que es la que administra esos fondos.

Esto es sencillamente leer los informes por la mitad. El principal error de comprensión que vemos y que incide temerariamente en todo el desarrollo de las afirmaciones que realizan ‒cuando tratan de explicar la situación dejada al cabo de diez años de gobierno para no votarnos un fideicomiso‒ es confundir déficit con financiamiento. En efecto, lo que pedimos en su momento a la Junta como anuencia no era aumentar el gasto presupuestal sino, tal como se preveía en el Presupuesto, obtener el financiamiento transitorio que se necesita para el gasto aprobado. Así estaba previsto cuando lo presentamos y de allí el monto de intereses proyectado, que en el primer año procuraba cancelar un sinfín de deudas legadas, todas ellas muy grandes, como vimos, como el saldo del Centro de Convenciones, las luminarias, la Perimetral, el fideicomiso de viviendas y otros. A su vez, la inversión en cámaras de seguridad, prevista en el articulado, implicaba desembolsos al inicio del período, cuando aún no se había comenzado a recibir nada por los adicionales especialmente votados para ello. Como saben, empezó a regir en enero pasado. No vamos a referirnos a los demás por considerarlos menores y porque sería muy tediosa su puntualización.

Hay que reconocer que en una coyuntura económica de transformaciones, como la que intentamos llevar adelante, después se podrá analizar si esa transformación es o no compartida. Reitero, en medio de un ciclo recesivo que procuramos sortear satisfactoriamente, felizmente se están logrando cambios y adaptaciones con un grado mínimo de sacrificio. Eso no quiere decir que no haya personas que, efectivamente, terminen mínimamente afectadas, pero en términos generales podemos asegurar que esos cambios están operando al menor costo posible.

Recuérdese que en los años 90 nuestro país debió enfrentar una serie de crisis, lo que tampoco le fue ajeno a nuestro departamento. Aquí aclaro que no estoy intentado hacer comparaciones con el Gobierno anterior, porque pienso que de la misma manera que no todo lo bueno que está sucediendo ahora es obra del Gobierno actual, tampoco todo lo malo es culpa de la Administración anterior. Entonces, creo que todos debemos congratularnos de que nuestro país haya podido realizar esas transformaciones que no empezaron con los gobiernos del Frente Amplio, aunque eran cosas que se debían hacer, con los mínimos sacrificios en términos comparativos, pero que hoy todos debemos celebrar.

El tema es por qué no se utilizaron esos años de bonanza económica para, en momentos como los actuales, “poder comer de lo colgado”, como se dice en nuestro Uruguay profundo, en época de vacas flacas. (g.t.d)

¿Por qué no se hicieron las correspondientes reservas, en vez de seguir endeudándonos en forma tan irresponsable? ¿Acaso nadie sabía que los ciclos económicos existen y que a su término muchos quedan por el camino, incluso los Gobiernos?

A continuación ingresaré en el capítulo que llamé ‒sin ánimo peyorativo‒ “Doble discurso político”. Trataré de analizar con objetividad los casos o ejemplos que me llevan a catalogar así la exposición.

De la forma que el señor edil Delgado realiza la presentación del tema, todo esto aparece como responsabilidad del Gobierno actual, quien sería no solo culpable de haberlo creado, sino que también estaría omiso por no solucionarlo. Con todo respeto por el señor edil ‒ya que a él debería constarle que no tengo ninguna animosidad personal en su contra, sobre todo en esta oportunidad, que no elegí venir ni tener que promediar un ciclo de Gobierno y no de año electoral‒, creo importante señalar algunas realidades y verdades a los efectos de que no se vuelvan a repetir.

Una vez más sostengo que el señor edil convocante, que planteó la invitación bajo esta forma ‒como alguien ajeno a los problemas y mirando al Ejecutivo actual como un ente perverso y responsable de todos los males que él le adjudica‒, contribuyó con su voto y declaraciones, cada vez que tuvo a su alcance la oportunidad de expresarse públicamente, para crear o cocrear cada uno de los infundios de los que hoy trata de desmarcarse.

Entendemos que no pueden ‒después de negarse sistemáticamente a tomar las medidas necesarias que Maldonado necesita para salir definitivamente de una situación que ellos mismos crearon y de darle sistemáticamente bomba a un discurso prescindente y camaleónico‒ bajarse de ese carro para manifestar preocupación por algo que ellos mismos ensayaron primero, sin mengua, contemplación ni dolor por algunos sectores productivos del departamento. Eso es lo que resulta inadmisible y lo que es un acto de contenido y claro objetivo político, como es una convocatoria de esta naturaleza, donde quien habla no tiene solo el derecho, sino la obligación de señalar.

Aunque no es necesario en este punto, me voy a permitir refrescar la memoria de los señores ediles con algunos ejemplos de las instancias en las que nos cupo advertir de los efectos que iba a tener la negativa a encarar las medidas sugeridas por el actual Ejecutivo y la negativa a la adecuación de los reaforos que deberían sufrir algunas zonas del departamento con claro rezago de su tributación.

Estas advertencias fueron lanzadas en dependencias de este mismo recinto hace ya varios meses, y no solamente cuando se votó el actual Presupuesto que nos rige ‒donde se esbozaban claramente cómo acontecerían los hechos‒, sino también refiriéndonos a la situación que traería aparejado el no votar el fideicomiso solicitado; fideicomiso que aún duerme en dulces sueños de los justos. Señalamos que las consecuencias de ello serían obvias: mayores restricciones en varias áreas, obras que quedarían para más adelante o no se harían, recuperación de salarios para los municipales que no serían posibles, etc., etc. Y similares comentarios hicimos, en el transcurso de este período de gobierno, cuando en más de una oportunidad concurrimos a varias de las Comisiones que funcionan hoy en la Junta.

A título de presentación, debo decir que el Ejecutivo preparó su propuesta para la instancia presupuestal a partir de algunas premisas que considera no solamente teóricamente correctas, sino empíricamente respaldadas en lo que ya es una historia bastante larga sobre estos temas. Me permitiré mencionar algunos de estos puntos de partida que en buena medida explican dicha propuesta.

En primer lugar, quiero hacer referencia al hecho de que lo sancionado en cada instancia presupuestal o de rendición de cuentas termina siendo, a la vez, piso y precedente de la instancia siguiente, y así sucesivamente a lo largo de los años, con lo cual se va generando una especie de espiral ascendente en materia de gastos. El Ejecutivo quiere continuar con lo que piensa es una política seria y conveniente, mirando más allá de su período de gobierno y de los relativamente escasos treinta y seis meses que restan para finalizar su gestión.

En segundo lugar, creo que es conocida la posición del Ejecutivo ‒que por otro lado no es original, ya que no está solo en ella‒ en el sentido de que la existencia del endeudamiento estructural padecido por la Administración ‒con una tendencia a lo largo de los años anteriores a que se instalara la actual, a la permanencia‒ constituye un factor negativo para la economía local pero, como puede advertirse, lo venimos paliando esforzadamente y con algunos resultados que ya se manifiestan nítida y positivamente, como ya lo hemos expresado anteriormente.

Esto es el motor principal de lo que se ha ido transformando en un mal crónico en nuestro Uruguay: lo que habitualmente llamamos “fenómeno inflacionario”, con la diferencia de que los Gobiernos subnacionales no podemos emitir dinero. Vale la comparación porque es tan permanente que ha ido perdiendo su carácter fenoménico ‒dije “fenoménico”‒.

De todas maneras, estamos convencidos de que el volumen de las erogaciones necesarias para mantener las obligaciones que por ley nos corresponde cumplir razonablemente impone un peso y, como contracara, una mínima presión tributaria que la economía de la Administración difícilmente podría sustentar a mediano y largo plazo si no se hubieran tomado las medidas que algunos han intentado cuestionar. De ahí la raíz de justicia tributaria que no se puede perder de vista en este proceso.

Señor presidente: estos son unos pocos ejemplos de las ocasiones reales y trascendentes que hubo para ocuparse y preocuparse con respecto a los temas que hoy se traen a colación, de las oportunidades que había para tomar las decisiones necesarias ‒que no se adoptaron, reitero, con derecho‒ y de las repetidas advertencias que en ese momento se hicieron a través de varios voceros del Ejecutivo. (a.t.)

Y con todo el respeto que siento por la labor que desarrollan todos los ediles ‒repito: todos‒, debo decir que políticamente no se puede pasar por alto esa actitud ambivalente que algunos actores políticos ponen de manifiesto en su actividad, como si estuvieran absolutamente ajenos a los problemas. No podemos admitir que ahora se venga a reclamar al Ejecutivo actual, porque les pueden caber responsabilidades de muchos otros hechos. Aclaro que este no es el caso, la responsabilidad está en quienes teniendo las mayorías que tuvieron en su momento para hacer lo que había que hacer, no lo hicieron, miraron para el costado, porque desde el Gobierno central llegaba el dinero que se necesitaba aquí para cubrir costos operativos y no se tomaban las medidas que eran necesarias pero políticamente incorrectas para los gobernantes de la época.

Reitero que tengo mucho respeto por este Legislativo, pero prefiero que las cosas estén en su lugar. Entonces, ¿por qué no se reclamó desde este órgano al Ejecutivo de entonces ─hay aquí varios ediles que coincidentemente lo eran en aquellos tiempos─ por las preocupaciones que hoy tanto parece les quitan el sueño a varios? No se puede admitir que alguien se llene la boca pontificando por medidas mal tomadas cuando la responsabilidad la tuvieron quienes no teniendo dinero en su momento para gastar, igual gastaron a piacere y con mano abierta porque tenían un acto eleccionario por delante, y no da para discutir si algunas cosas eran necesarias o no, el tema era que no había plata, como no la había cuando nos tocó hacernos cargo del fardo que encontramos el 8 de julio de 2015.

Creo que diciendo estas cosas no agravio a nadie en particular y mucho menos a la institución que nos cobija y que a todos debe amparar en sus derechos, como reclamamos por nuestras obligaciones.

Vamos ahora al tema de los reaforos concretamente.

(Murmullos).

Yo creo que lo primero que debe mirarse, y es algo que no se ha dicho aún, es que cuando nos toca abordar un tema de esta naturaleza debemos ver cuánto ha aumentado el valor de las propiedades en Maldonado en los últimos diez, quince o veinte años. ¿Qué nos va a dar esa mirada? Seguramente que las mismas se han multiplicado por cuatro o por cinco. Y si cruzamos ese dato de la realidad con el hecho disparador que nos mueve a modificar la base impositiva tendremos como resultado que el principio rector sigue siendo el mismo: que los que tienen mayor poder patrimonial coticen como corresponde para que aquellos que no lo tienen puedan acceder a los mismos servicios. ¿Por qué los ciudadanos de Aiguá o de Nueva Carrara no pueden tener los mismos servicios que los vecinos de Punta del Este o de Maldonado ciudad? ¿Cuál es el impedimento para que sea así?

En segundo lugar, debemos dejar absolutamente claro que la contribución inmobiliaria de Maldonado sigue siendo, como se ha dicho, de las más bajas del país. Y esto es de fácil comprobación, como lo ha demostrado el contador Baeza.

Para los que no poseen la información, les comento que hay un indicador universal ─reitero: principio con aceptación universal─ que sostiene que la contribución inmobiliaria, en todo caso, y tratándose de países con regímenes de gobiernos democráticos, nunca deberá ser menor al orden del 1% ─1%─ del valor de la propiedad. Reitero, señores: esto es así en el mundo.

¿Cuánto vale una propiedad, por modesta que sea, en Maldonado? ¿U$S50.000, U$S70.000? Nada del otro mundo si hablamos de un terreno con mejoras, de un predio de 250 a 300 metros. Pasémoslo a pesos, que es la moneda en que se cobra la contribución, tenemos $1.500.000, $2.000.000. 1% de esto nos da $15.000 o $20.000. Ahora, no olvidemos que están además todas las prerrogativas existentes, como ya dijo el intendente: vivienda única, jubilados, gente con hijos a cargo que demuestran incapacidades… Todos estos casos y algunos más pueden, desde hace años, exonerar la contribución si cumplen con determinados requisitos. O sea que el universo de cotizantes se achica. Y no todos son propietarios, como también dijo el intendente, que ojalá lo fueran. Entonces el universo se achica aún más.

Pero volvamos al meollo del asunto, que es demostrar por qué fue necesaria una actualización de los tributos, además de tener que pagar las cuentas que otros dejaron. Más allá de un criterio de justicia tributaria fue necesario tomar estas medidas, nada simpáticas por cierto, pero inevitables merced a la necesidad de financiar adecuadamente el desarrollo urbano territorial. Principalmente el desarrollo horizontal del departamento en las zonas en las que los aforos municipales son menores y los costos de los servicios que se brindan son mayores, ya sea por la distancia o por la necesidad de dotarlas de importantes inversiones, como pueden ser pavimento, alumbrado, etc.

¿A qué nos referimos cuando decimos que los costos de los servicios municipales son cada vez mayores? A que estos aumentan más de lo que se recauda en toda esa zona donde deben prestarse, incluso llegándose a no recaudar para abatir el mantenimiento ni el cumplimiento de los mismos, como vimos que pasó en Piriápolis y en San Carlos.

Vimos lo que dijo el intendente, lo que acontecía en esas zonas. Llegamos a un punto en el que ya se produjo un corte entre lo que se recauda por las tasas correspondientes y el del propio costo de los servicios que se financian, de ahí que fuese necesario fijar mayores mínimos, y esto es solo a los efectos de acercar a los costos de los servicios lo que realmente se paga por ellos. (dp)

En la época de los 90, con casi la mitad de la población actual era posible financiar solo con los tributos recaudados en la zona de Punta del Este prácticamente el 70% de los servicios e inversiones del departamento en su totalidad, por lo que bastaba con distribuir los recursos necesarios restantes, o sea el 30% remanente, entre el resto del universo departamental.

Naturalmente que esto permitió durante mucho tiempo tener impuestos municipales muy bajos en gran parte del territorio. En otras palabras, se lograba subsidiar todo el departamento con la recaudación de la costa, con impuestos llamativamente bajos.

Entonces, un ejercicio interesante para fijar los tributos hoy, si de asumir la realidad con responsabilidad se trata, sería preguntar a cada contribuyente cuánto estaría dispuesto a pagar por contratar una empresa para recolectar residuos domiciliarios en forma privada; o a alguien para que barriera la calle, o alguien para que iluminara la cuadra, como dijo el intendente. A esa misma persona que en algún momento pudo cuestionar las medidas adoptadas porque antes pagaba $4.000 y ahora pasó a pagar 10.000 o 12.000, ya le preguntaría también: comparado con un auto ¿cuánto vale una casa? ¿Cuánto recibe de servicios?

Y continuando con el ejemplo de un auto; ¿Cuánto pagamos por el seguro de un automóvil? Además, ¿cuánto estuvo pagando nada? Entonces, más que sentirse perjudicados por esto, habría que pensar si no se han estado recibiendo servicios subsidiados por el resto de la comunidad en su conjunto.

No quedan dudas que han estado siendo claramente beneficiados por esta ausencia de justicia tributaria y que recién se ha instalado, conste que esto ha ocurrido por muchos años.

Otra cosa que deberíamos preguntarnos, por ejemplo, es si estamos dispuestos a pagar $1.000 mensuales por la alarma, $800 por el celular ‒en cada casa seguramente hay más de uno‒, y nos enojamos si tenemos que pagar $1.000 por mantener las calles, el alumbrado, la recolección de residuos, obras, seguridad, complejos deportivos, cursos, guarderías, espectáculos culturales, etc.,etc.

¿Por qué siempre esperamos que todo lo que brinda el Estado debe ser gratis, si el Estado somos todos? En la actualidad, si bien lo que se recauda en la costa continúa siendo del orden del 70 o 75% del total de la recaudación, como vimos anteriormente, la expansión horizontal de las ciudades fue mucho mayor que en la costa, refiriéndonos a lo que ello implica en los costos de infraestructura y servicios. Porque, como se comprenderá, las inversiones y servicios prestados son exponencialmente mayores.

Entonces, si bien la zona costera permite financiar gran parte del Presupuesto, debe quedar claro que no es suficiente para cubrir todos los gastos demandados por el resto del departamento.

Desde ya que una solución fácil hubiera sido adjudicar un pequeño aumento tributario a la costa, ¡total, si ni votantes ni residentes son en su mayoría de Maldonado! Pero, ¿hubiese sido justo? ¿Eso hubiese sido actuar con responsabilidad? Yo creo que no, fíjense que ya en 2012 a toda esa importante zona se le pidió un importante esfuerzo contributivo. Por lo tanto, sería necesario un aporte un poco mayor para el resto del departamento, fundamentalmente en aquellas zonas en las que existía rezago en ese aspecto contributivo.

Y hay varias zonas ‒no sé si Baeza está en condiciones de marcar una similitud de los rezagos de otras zonas del país‒...

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